Como "execrables actos de linchamiento moral y atentado contra la seguridad personal y familiar" ha calificado el fiscal especializado en delitos de odio el acoso y los ataques sufridos por el menor de Canet de Mar que pidió el 25% de las horas lectivas en español a las que tiene derecho según la Justicia. 

El fiscal, que ha abierto diligencias informativas para investigar los hechos, también ha advertido de que el responsable último de que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 16 de diciembre de 2020 es el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray. 

Pero es González-Cambray, precisamente, el ideólogo del decreto que la Generalitat está preparando para sortear la aplicación de la sentencia del TSJC que protege el derecho de todos los niños catalanes a recibir un mínimo de un 25% de las clases en español. 

En la práctica, son ya docenas los centros catalanes que han empezado a aplicar la sentencia del TSJC que acaba con la inmersión lingüística. Pero el objetivo de González-Cambray, como explica Crónica Global aquí, es otro muy diferente: crispar la convivencia en Cataluña, alimentar el integrismo lingüístico de los más fanáticos y seguir alimentando un procés que en 2017 pedía la independencia y que debe conformarse hoy con acosar a menores y censurar el español en las aulas catalanas. 

Responsables penalmente

La posible responsabilidad judicial por la no aplicación de la sentencia del TSJC no se agota en González-Cambray. Los responsables de centros educativos que intenten esquivar ese 25% de las horas lectivas en español podrían ser acusados penalmente e inhabilitados para el ejercicio de sus funciones como responsables de la confección, ejecución y modificación de los proyectos lingüísticos en el ámbito de sus escuelas.

La Fiscalía debe ahora investigar a fondo los hechos ocurridos en Canet, un linchamiento más propio de épocas pretéritas que de una sociedad del siglo XXI. La incorporación de esos hechos a las diligencias de investigación de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación es un paso en la dirección correcta y cualquier otro resultado que no sea la identificación y el castigo de los responsables del acoso sería decepcionante.

La aplicación de la ley y de las sentencias de los tribunales de Justicia no es optativa. Ni siquiera en Cataluña. Ni siquiera en la Cataluña nacionalista, acostumbrada durante demasiado tiempo a obedecer sólo aquellas leyes y aquellas sentencias que le convienen.