El Gobierno ha insistido en que la decisión de Argelia de romper relaciones con España e imponerle un embargo comercial no va a hacer que Moncloa se retracte de su nueva política exterior con Marruecos. El Ejecutivo ha apelado al principio de no injerencia que estaba contemplado en el Tratado de Amistad con Argelia y ha defendido su viraje en el Sáhara como una "decisión soberana" en la que el país magrebí no tiene nada que decir.
Pedro Sánchez entre los dos pesos pesados de Marruecos y Argelia.
Y en un momento en que todo el arco parlamentario ha abandonado a Pedro Sánchez por sus bandazos en materia de Exteriores, el presidente puede presumir ahora de contar con un aliado poderoso que respalda su postura. Poco después del anuncio de Argelia, la Unión Europea salió en defensa de España. Exigió al gobierno argelino que diese marcha atrás en su decisión de suspender el Tratado de Amistad.
Con el espaldarazo a Sánchez, Bruselas viene nuevamente en rescate de España para apagar los incendios de su errática política exterior. Ya lo hizo con Marruecos, cuando en el fragor de la crisis migratoria con Rabat las fronteras españolas eran asediadas con oleadas masivas de inmigrantes.
De igual manera que ahora con Argelia, la Comisión Europea le recordó a Marruecos que las fronteras españolas son también las europeas. Y se ofreció a ayudar a España en el control de las zonas limítrofes con Ceuta y Melilla.
Es cierto que desde la normalización de las relaciones con la monarquía alahuita el problema migratorio se ha atenuado y llegan menos pateras desde Marruecos. Pero ayer mismo empezó la sangría de la inmigración ilegal procedente de Argelia. Arribaron a Baleares seis pateras desde el país magrebí, y los Servicios de Inteligencia avanzan que Argel facilitará a partir de ahora la llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas.
Conflicto comunitario
El Gobierno llevaba desde marzo quitándole hierro a las manifestaciones de malestar de Argelia con el cambio de postura español en el Sáhara. El Ejecutivo insiste en que Argel es un "socio fiable" y que el suministro de nuestro segundo mayor proveedor gasístico está garantizado.
Es cierto que el gobierno argelino ha declarado repetidamente que, con independencia de la ruptura de las buenas relaciones con España, las obligaciones contractuales internacionales contraídas entre la argelina Sonatrach y la española Naturgy se respetarán y no vencerán hasta 2023. Pero, al mismo tiempo, los financieros del país anunciaron el miércoles la congelación de las relaciones comerciales con España. De hecho, el propio ministro Albares no pudo asegurar que las operaciones de compra de gas no vayan a verse afectadas por la interrupción de las transacciones bancarias con Argel.
La posibilidad de que las relaciones comerciales con Argelia puedan verse comprometidas es lo que precipitó que la Comisión Europea saliese ayer en auxilio de España. El Ejecutivo comunitario ha recordado a Argel que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea.
Esto signfica que un desencuentro en materia comercial entre Argelia y España no es una cuestión bilateral entre ambos países, sino que afecta al conjunto de la Unión. Es este Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia el que Sánchez ha invocado para que Bruselas saque a España del atolladero.
Con la UE instando a Argel a retomar el diálogo diplomático con Madrid, Bruselas se erige como soporte en la intención del Gobierno español de "defender sus intereses con firmeza" ante Argelia. Y Sánchez suma a esta asistencia europea el tanto que ha podido anotarse a costa de la "excepción ibérica", después de que la Comisión diera el miércoles finalmente luz verde a los planes de España y Portugal para establecer un precio límite al gas.
Pero ¿hasta qué punto es bueno para la respetabilidad de España que desde Europa tengan que salir una vez más a solucionarnos la papeleta? Sánchez no puede seguir parapetándose en la salvaguarda externa que le proporciona la Unión. Porque esperar que los fallos de cálculo en su política exterior los cuadre Bruselas supone instalarse en una posición irresponsable que este Gobierno no puede permitirse.
