Pedro Sánchez no anda enteramente desencaminado cuando habla de "terminales mediáticas" y de "poderes oscuros" que pretenderían derrocarle. Esos "poderes oscuros" y sus "terminales mediáticas" existen, ciertamente. Aunque no pretenden derrocarle. Al menos, por el momento.

Esos "poderes oscuros" son los de la Generalitat de Cataluña y sus "terminales mediáticas". Las de sus periódicos, radios y televisiones afines. Algunos de las cuales, por cierto, cuentan con su exvicepresidente Pablo Iglesias como colaborador.

La noticia de que el actual número dos del Departamento de Interior de la Generalitat, Oriol Amorós, diseñó, de acuerdo con un informe de la Guardia Civil, un plan destinado a boicotear la aplicación del artículo 155 aplicado en Cataluña por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O demuestra dos cosas.

La primera, que el procés que en 2017 llevó a la democracia española a su punto más crítico en décadas está lejos de haber sido abortado. En el mejor de los casos, el procés dormita a la espera de que las circunstancias sean de nuevo las adecuadas para volverlo a intentar. Algo que los sediciosos indultados han repetido en público una y otra vez.  

En segundo lugar, que esos "poderes oscuros" no lo son tanto, dado que sus identidades son públicas. Recordemos además que Oriol Amorós, secretario general de Interior de la Generalitat, cobra un sueldo de 94.000 euros anuales y que entre sus funciones se encuentra el control de 17.000 hombres armados. El de los Mossos d'Esquadra.  

Fantasías infantiles de destrucción

La noticia de que la Guardia Civil acusa a Oriol Amorós de planear "acciones" contra bancos y compañías del IBEX para quebrar la economía española, de alentar boicots a medios de comunicación catalanes y nacionales contrarios al golpe de Estado del procés, e incluso de intentar colapsar la Administración del Estado en Cataluña para hundir la recaudación del IRPF, es doblemente preocupante.

En primer lugar, por el peligro que supone que un individuo con ese historial ocupe un alto cargo de la Generalitat como militante de un partido cuyos líderes organizaron y ejecutaron el golpe de 2017. 

En segundo lugar, porque las fantasías infantiles de destrucción de Amorós, por ridículas y grotescamente megalomaníacas que sean, no pueden ocultar el hecho de que la Administración española acoge y paga a personas que han trabajado, y que probablemente siguen trabajando hoy, por la destrucción de la democracia, del Estado de derecho y de los derechos civiles de los ciudadanos. 

Malabarismos morales

La geometría parlamentaria de Pedro Sánchez obliga al presidente a más y mayores malabarismos políticos, jurídicos y morales de los que son soportables. Porque ya no es sólo que sigamos esperando la desclasificación de los documentos que expliquen por qué el CNI consideró necesario espiar a Pere Aragonès (y por qué un juez lo autorizó).

Es que el presidente no puede seguir fingiendo que la Generalitat es una Administración regional como cualquier otra cuando se acumulan las pruebas que demuestran que el procés sigue vivo, sólo que en estado latente.

Si Pedro Sánchez, en fin, busca conspiraciones, boicots y maquinaciones contrarias al Estado de derecho, no tiene que recurrir a ouija alguna para dar con sus cabecillas "con puro". Sólo tiene que girar la vista hacia el noreste español, en dirección a la Plaza Sant Jaume, para dar con dichas conspiraciones.