El análisis de los impuestos contra la banca y las energéticas que Pedro Sánchez ha anunciado durante el Debate del estado de la Nación sugiere que estos no sólo no tendrán mayor efecto en el control de la inflación, sino que resultarán contraproducentes para la competitividad de la economía y de las empresas españolas.

Ambos impuestos son, en primer lugar, arbitrarios. Porque no parece haber otros motivos para la elección de esos dos sectores que el de su visibilidad mediática y el de su encaje en los estereotipos más ajados del populismo de izquierdas.

Los beneficios bancarios ya están además fuertemente gravados por varios impuestos, algunos de ellos ad hoc como la tasa Tobin o los impuestos sobre los depósitos bancarios. Las entidades financieras, asimismo, han salido muy debilitadas de la pandemia tras un largo periodo de tipos de interés cero. Y a pesar de ello, la banca ha continuado financiando la economía española.

El impuesto anunciado por Sánchez está gravando, por tanto, la expectativa de unos beneficios futuros que deberían haber servido, en circunstancias normales, para la recuperación de la estabilidad del sector tras unos años de zozobra extrema.

El mero anuncio de este nuevo impuesto a la banca le ha costado ya a las entidades financieras (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) 5.300 millones en bolsa. El propio Estado ha perdido 320 millones de euros por su participación en CaixaBank.

A ello, el presidente ha respondido con una falta de tacto digna de mejor causa. "Tampoco me preocuparía por la evolución en Bolsa" ha dicho Sánchez. "Su capitalización a lo largo del último año ha sido extraordinaria".

Olvida Sánchez que esos 5.300 millones no son una mera anotación en un balance contable, sino un daño económico real que ha generado pérdidas a 5,7 millones de inversores. Una buena parte de ellos pequeños ahorradores españoles.

El impuesto anunciado no sólo perjudicará de nuevo a esos ahorradores, sino que ahuyentará también a los inversores, dinamitando la competitividad de las entidades financieras españolas.

Previsiones disparatadas

Las previsiones de ingresos del Gobierno pueden suponer un recargo adicional para el sector de la banca de casi el 20%. Los 1.500 millones que pretende recaudar al año el Ejecutivo representan un 10% de los resultados antes de impuestos obtenidos por esta en 2021. Un 18% si atendemos a la media de los beneficios de los últimos siete años.

Hay que recordar también que el incremento de los tipos de interés no es decisión de las entidades financieras, sino de los bancos centrales. Además, los clientes se han beneficiado durante años de unos tipos de interés negativos, lo que ha obligado a la banca a operar con márgenes muy estrechos.

Esos beneficios de los que habla el Gobierno no serán tampoco inmediatos. Incluso podría ser que no llegaran nunca, dado que la subida de la inflación, combinada con la de los tipos de interés, podría llevar a impagos hipotecarios masivos. 

Ningún análisis razonable sostiene, en definitiva, la afirmación de que la banca ha obtenido o va a obtener unos beneficios "extraordinarios" e "ilegítimos", que es más un razonamiento moral que técnico o financiero.

La incertidumbre internacional es máxima y España necesita un sector bancario sólido capaz de afrontar las turbulencias que se avecinan. Ayer, por ejemplo, se supo que la inflación en los EEUU ha subido hasta el 9,1%, una cifra mayor de la prevista, mientras Gazprom se negaba a garantizar el suministro de gas a la UE a través del NordStream.

En la peor de las tormentas, la banca española se verá así penalizada frente a sus competidores europeos por su propio Gobierno, ciego al contexto internacional.

Ciego también a la evidencia de la fuerte externalidad de la banca. La que dice que cuando el sector financiero español va bien, la economía española va bien. Y que cuando el sector financiero frena, la economía sufre. 

Inseguridad jurídica

Las medidas de Sánchez tienen un coste añadido en inseguridad jurídica, puesto que incrementarán la sensación de imprevisibilidad de la política fiscal española. Por no hablar de la dificultad de sostener jurídicamente la imposición de un recargo sobre el impuesto de sociedades para algunas empresas y no otras en función de criterios tan arbitrarios como el de los "beneficios extraordinarios".

Está justificada, en definitiva, la percepción entre el sector energético de que Pedro Sánchez ha disparado a bulto, en la mejor tradición de los populismos hispanoamericanos, sin distinguir entre aquellas empresas, como las eléctricas, que han reducido beneficios durante estos últimos años, y las petroleras y las gasistas, que los han aumentado, pero en un contexto de volatilidad extrema dada la situación geopolítica. 

Es más. ¿Cómo se pretende que las energéticas inviertan los 250.000 millones previstos en el plan de transición energética de aquí a 2030 si sus beneficios se ven seriamente reducidos gracias al nuevo impuesto?

Ambos impuestos, en resumen, provocarán que la economía española ralentice aún más su recuperación y pierda competitividad, incrementando el coste del crédito. Los afectados serán los clientes, porque en ellos repercutirán los impuestos y verán cómo se encarecen los créditos; los accionistas, por la pérdida de valor bursátil de las empresas en las que han invertido sus ahorros; y las propias empresas, a las que el Gobierno ha añadido una piedra más en la pesada mochila con la que ya cargan.

El presidente ha sustituido a Vox por el muñeco de paja de las energéticas y la banca a la vista de que la estrategia de clamar contra "la ultraderecha" no ha dado el resultado esperado en las urnas de Madrid, Castilla y León y Andalucía. Pero al menos el muñeco de paja conocido como Vox nos salía gratis a los españoles. Arremeter contra la banca y las energéticas nos saldrá, en cambio, muy caro.

Pedro Sánchez disfrutará, como ha sido costumbre durante todo su mandato, del apoyo incondicional de sus poderosas terminales mediáticas.

Pero ningún análisis serio de sus medidas puede conducir a otra conclusión que no sea la de que el presidente está sacrificando a los ciudadanos, a las empresas y a la economía española en el altar de su supervivencia personal.