Como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, Vox ha acudido puntualmente al rescate de Pedro Sánchez y de su alianza con los extremistas cuando estos más sufrían por la chapuza de la ley del 'sí es sí', la reforma de la sedición, la retirada de la Guardia Civil de Navarra y la posible futura componenda con ERC en torno al delito de malversación.

También, y como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, el presidente ha aceptado encantado el regalo in extremis de Vox: ese pegamento propagandístico que necesitaba para justificar y reforzar una alianza parlamentaria que ha despejado de obstáculos su camino hacia las elecciones generales de finales de 2023. 

A estas alturas de la legislatura, sólo los más inocentes de los simpatizantes de Vox pueden creer que las barbaridades de sus diputados en el Congreso son sólo meteduras de pata. Porque Vox retroalimenta a Podemos como Podemos retroalimenta a Vox, y perjudica a Alberto Núñez Feijóo tanto como beneficia a Pedro Sánchez.  

No hace falta tampoco ser un genio de la estrategia política para comprender que Vox prefiere que el ganador de las elecciones sea Sánchez y no Feijóo, de la misma manera que Pablo Iglesias prefiere que las gane Feijóo a que las gane Sánchez.

En primer lugar, por esa megalomanía de los partidos populistas que les lleva a preferir la derrota de los suyos si ellos no pueden capitalizar la victoria. En segundo lugar, porque una derrota aplastante del PSOE facilitaría la revitalización de Podemos, mientras que una derrota humillante de Feijóo reforzaría la imagen de Vox como hipotética alternativa al PP en el liderazgo del centroderecha y la derecha española. 

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 ayer en el Congreso le ha dado a Pedro Sánchez el espaldarazo definitivo para poder agotar la legislatura. La holgada mayoría que ha logrado el Gobierno, con 187 votos a favor, 156 en contra y una abstención, ya estaba de hecho garantizada después de que EH Bildu confirmase el martes su 'sí' a las cuentas públicas a cambio del traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra y la gestión foral de los nuevos impuestos a la banca y las eléctricas.

De este modo, Sánchez enfilará sin mayores contratiempos las elecciones generales de 2023. Pero lo hará a costa de poner en grave riesgo la posición de sus barones y de sus alcaldes en las elecciones municipales y autonómicas de dentro de seis meses.

Porque serán ellos los que reciban el primer golpe que previsiblemente asestarán los ciudadanos al PSOE por sus alianzas y por el aluvión de escándalos que vienen cercando al Gobierno.

Con la aprobación de la reforma de la sedición, en realidad su eliminación del Código Penal, y el visto bueno a los impuestos a la banca, a las eléctricas y a 'los ricos', Pedro Sánchez confirma por otro lado que su alianza con la extrema izquierda y los nacionalistas no es el peaje indeseado, pero necesario, que le permite llevar adelante su programa de Gobierno, sino un proyecto de país que, sin duda alguna, se repetirá durante cuatro años más si el presidente gana las elecciones de 2023.

Con todos los pronósticos en contra, Sánchez ha conseguido consolidar su muy inestable alianza con los nacionalistas, así como esquivar con gran habilidad la descomposición acelerada del espacio a su izquierda. El de Podemos, Más País y Yolanda Díaz. Lo ha hecho a costa de la estabilidad de las instituciones y de la fortaleza de la democracia española, y a cambio de un incremento de la crispación y de la toxicidad del debate público hasta extremos jamás vistos en 40 años de democracia. 

Y ahora sí, con la aprobación de los terceros Presupuestos Generales del Estado de Sánchez, por fin empieza la cuenta atrás hacia las próximas elecciones generales, con escala en las municipales y autonómicas de mayo. En ellas se comprobará hasta qué punto llega el castigo al PSOE. Un castigo que, sin duda alguna, sería mucho mayor de no ser por esos capotes que Vox le echa a Sánchez siempre que este tiembla.