Mientras aún colea la razonable indignación mayoritaria ante la entrega por el PSOE de la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu, el Congreso de los Diputados debate hoy, a instancias de Sumar, una proposición de Ley para que humillar a las víctimas del terrorismo deje de ser delito.

Acogiéndose a la tramposa argumentación de que "amordazan y reprimen la libertad de expresión", el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno propone despenalizar los delitos de injurias a la Corona, ofensa a los sentimientos religiosos, enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo.

Podría debatirse si ciertos tipos penales han llegado a permitir, en ocasiones, que se criminalicen acciones menores en forma de expresiones artísticas, actuaciones humorísticas o comentarios en redes sociales que no implicaban realmente una apología de la violencia. Y ello recordando que también el derecho fundamental a la libertad de expresión tiene y debe tener sus límites.

Pero el contexto en el que se plantea esta iniciativa, en pleno proceso de acercamiento entre el PSOE y Bildu, basta para desacreditar sus aducidas intenciones. Sumar pretexta que al no haber ya violencia de ETA, razón que motivó introducir el artículo 578 del Código Penal en 2000, el delito "ya no tiene ningún sentido".

Pero de lo que se trata ahora, precisamente, es de que los legatarios del terrorismo están siendo desestigmatizados para ser rehabilitados como socios legítimos del Gobierno y como actores normalizados en la política española. No cabe imaginar un peor momento para que quienes justifican y hasta homenajean a los etarras queden exentos de responder ante la Justicia.

Las asociaciones de víctimas del terrorismo, como recoge hoy este periódico, ya se han pronunciado en contra de esta desprotección de la memoria de los asesinados.

Una nueva merced al ideario del nacionalismo que sostiene al Gobierno que se hace aún más grotesca al coincidir con la inclusión de Bildu en la comisión de secretos oficiales del Congreso por PSOE y Sumar. Dejar a los separatistas fuera de la Comisión de Gastos Reservados que controla las actividades del CNI es una más de las convenciones parlamentarias abolidas por el PSOE.

El contexto tampoco puede ser menos adecuado para la derogación del Artículo 504, que contempla penas de multa o cárcel para quienes "calumnien, injurien o amenacen gravemente" a órganos del Estado como el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo.

Aunque Félix Bolaños se ha comprometido este lunes a defender ante "cualquier cuestionamiento" a los magistrados, no parece lo más lógico desamparar a los jueces en un momento en que los socios independentistas de Sánchez los amenazan abiertamente con "consecuencias penales" si no se avienen a ser supervisados de forma improcedente por las comisiones parlamentarias.

Y lo mismo se puede decir de la propuesta de dejar de perseguir los ataques a la Corona cuando nunca ha estado más asediada por los partidos nacionalistas que el PSOE ha incluido en la ecuación de la gobernabilidad española.

La lucha antiterrorista a la que Bildu ofende es de las pocas causas que ha sido capaz de cohesionar a la sociedad española en la historia reciente. El Rey es el más potente emblema de la unidad nacional de la que abjura el independentismo. Y el Poder Judicial es una de las bestias negras de los separatistas, que lo conciben como síntesis del presunto deep state que persigue a sus líderes por motivos políticos.

Por eso, el PSOE no puede respaldar esta iniciativa de Sumar. 

En cualquier caso, Sánchez parece ajeno al ejercicio de inconsciencia que supone cobijar la desprotección de los símbolos nacionales, cuya importancia va mucho más allá de lo metafórico.

Amparar el derribo de los sucesivos tabúes democráticos sólo servirá para alimentar el imaginario político de todos los actores de la desintegración nacional, que, si siguen viéndose favorecidos por la dadivosidad despreocupada del Gobierno, acabarán desbordando la capacidad de Sánchez para contenerlos.