La plana mayor del PSOE lleva dos semanas promoviendo una campaña contra Isabel Díaz Ayuso para desviar la atención de las ramificaciones del caso Koldo, la parálisis de la legislatura tras la imposibilidad de aprobar los Presupuestos y el reseteo del procés gracias a la amnistía.
Más allá de la dimensión estratégica de la insistencia en poner el foco en la presidenta de la Comunidad de Madrid, liderada por el mismo Pedro Sánchez, la exigencia de la dimisión de Ayuso no tiene ningún fundamento.
Porque así como se puede reclamar a los cargos públicos responsabilidades políticas in vigilando e in eligendo por su negligencia a la hora de prevenir desfalcos bajo su supervisión, no cabe pedir responsabilidad alguna in eligendo pareja.
Y no existe ninguna base para acusar a Ayuso de haberse beneficiado del presunto fraude fiscal de su novio, como vienen haciendo miembros del Gobierno. La última ha sido Mónica García, retratando a la presidenta como beneficiaria a título lucrativo en el disfrute de una casa y un coche que habrían sido pagados con dinero sucio.
Precisamente por haber sufrido y seguir sufriendo este rosario de infundios, no se entiende que Ayuso haya optado por rebajar su discurso al mismo nivel que el que se vierte contra ella.
Parece que, de la posición inicial de defender a su pareja frente a las filtraciones interesadas, la presidenta ha pasado a la estrategia que entiende que la mejor defensa es un buen ataque. Pero responder a acusaciones sin pruebas con otras acusaciones sin pruebas sólo puede quitarle la razón que le asiste.
Con la información disponible hasta el momento, esos "negocios" de Begoña Gómez (que, según ha dicho este domingo Ayuso en Chile, se habrían "llevado al Consejo de Ministros") no pasan del terreno de las conjeturas sin soporte fáctico alguno. Hoy por hoy, el empecinamiento del PP en investigar a la mujer del presidente del Gobierno por "conflicto de intereses" en el rescate de Air Europa sólo responde a una motivación política.
Y lo mismo cabe decir de la aún más extemporánea acusación por parte de María Jesús Montero a la mujer de Feijóo de haberse beneficiado de una subvención de la Xunta gracias a su marido, directamente ya desmentida.
Ayuso tenía la oportunidad de haber situado el debate en otro nivel, saliéndose del círculo vicioso de instrumentalización política de la vida personal que se ha instalado en España.
En este contexto desquiciado de cruce de imputaciones espurias y crescendo de golpes bajos, no se puede sino insistir en la presunción de integridad que debe otorgarse de entrada a los dirigentes políticos y sus familiares, como a cualquier otro ciudadano.
Esta dinámica de no dejar ni una agresión sin respuesta es precisamente el combustible del que se alimenta la polarización cuando los políticos no tienen incentivos racionales para rebajar los niveles de crispación.
Porque aunque los diputados de ambas bancadas reconocen el bochorno que les causa en privado el abandono del decoro parlamentario, nadie quiere ser el primero en dar el paso de desinflamar el debate si el otro no va a actuar en consecuencia.
Es la misma lógica perversa que ha explicitado Óscar Puente, al reconocer que es necesario "bajar el tono", pero que "le corresponde rebajar el tono a quien empezó subiéndolo, y entonces lo rebajaremos los demás". El propio ministro ha vuelto a las andadas este sábado deslizando una analogía entre Aznar y Putin como interesados ambos en "atribuir un atentado a quien no lo ha cometido por puro interés o conveniencia política".
Romper con este recurso al y tú más sólo podrá ser resultado de un compromiso entre los partidos de Estado en pos de un ambiente de mayor concordia. Esperemos que el repudio de este clima "bronco" y de "vergüenza ajena" que sin duda saldrá de la próxima reunión entre exportavoces de PSOE, PP, PNV y CiU, de la que informa hoy EL ESPAÑOL, cale entre las altas instancias de los partidos actuales.
