Hoy se cumple un año de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, que propiciaron un vuelco político saldado con la inversión casi completa del mapa del poder territorial.

El PSOE retuvo sólo tres autonomías (Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha), mientras que el PP se hizo con el gobierno de siete nuevas autonomías y revalidó el de la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia y el de las ciudades autónomas.

Sumados a los ejecutivos de Castilla y León y Andalucía, que ya controlaba, y al reeditado en Galicia el 18-F, el PP ha pasado a gobernar en 14 de las 19 autonomías (contando Ceuta y Melilla). 

Se trata del mayor poder territorial que ha acumulado hasta ahora un partido, y que se complementa con el cambio de gobierno en algunas de las principales capitales de provincia, como Valencia o Sevilla.

La transformación más palpable que ha tenido lugar en este año de cambio es la referida a la política económica. El PP ha hecho de las rebajas fiscales el santo y seña de su acción de gobierno en las comunidades y ayuntamientos que controla.

Todas las autonomías en las que gobierna el PP han pasado a bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (que ha ahorrado a los aragoneses este año 52 millones de euros, y a los valencianos 70), y algunas de ellas han rebajado el Impuesto al Patrimonio (la Comunidad Valenciana tiene en su horizonte la supresión). Es también común a todas ellas la deflactación del IRPF (Extremadura ha rebajado los primeros tramos de la escala autonómica para que las clases medias tributen menos), y la promoción de medidas de ayuda a los autónomos, como la llamada cuota cero.

Otro aspecto ostensible de este año de cambio de gobiernos ha sido el fomento de iniciativas destinadas al saneamiento del sector público. Todos los ejecutivos populares han aprobado normas de simplificación burocrática.

Está por ver si, como alegan algunos de los protagonistas de la marea azul en conversación con EL ESPAÑOL, estas medidas se han traducido en una mejora de los servicios públicos con respecto a sus predecesores. Pero no se podrá negar que la eliminación de trabas administrativas y las auditorías impulsadas han redundado en un meritorio aligeramiento de duplicidades e ineficiencias.

En algunas de estas comunidades, como Valencia, Aragón o Baleares, se percibe una mayor ambición y eficacia en lo tocante al incentivación de la actividad económica y la iniciativa empresarial. Tanto en materia fiscal como en atracción de inversiones se ha seguido en el resto de autonomías el modelo de Ayuso y Moreno Bonilla, que a su vez recogieron la herencia del modelo económico de Aznar (y que hoy representa Juan Bravo en el equipo de Feijóo): apostar por bajar impuestos como método para estimular la economía, bajo la idea de que con una menor tributación se acaba obteniendo una mayor recaudación.

La ampliación del Puerto de Valencia o  el retorno a la ciudad de la Copa América, proyectos de colaboración público-privada el Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC) que se instalará en Málaga o el centro de datos de Amazon Web Services que va a invertir 15.700 millones en Málaga dan buena muestra de este mayor apetito a la hora de atraer inversiones en comparación con las administraciones anteriores.

En materia social, constituye un acierto inequívoco en las comunidades con lenguas cooficiales la reversión de la política lingüística heredada de los gobiernos socialistas y nacionalistas.

Las islas Baleares y la Comunidad Valenciana han asumido una enmienda al modelo de la inmersión obligatoria y a la exclusividad de la atención por la Administración en la lengua minoritaria. Marga Prohens suprimió el requisito del catalán para ejercer en el servicio balear de Salud, que se había convertido en una barrera disuasoria que explica en parte el déficit de personal sanitario. Carlos Mazón, por su lado, está promoviendo una ley de libertad educativa que eliminará la obligatoriedad de estudiar un 25% de las asignaturas troncales en valenciano.

El último de los aspectos positivos que cabe destacar de este año de nuevos gobiernos populares es la limitada relevancia que está teniendo Vox en aquellos en los que está incluido, como son los casos de Valencia, Extremadura, Aragón y Murcia.

Aunque la campaña del 23-J se vio sacudida por la inquietud que trasladó el errático manejo que hizo el PP de sus pactos con la derecha radical, lo cierto es que, finalmente, se las ha arreglado para minimizar su incidencia en las políticas públicas. Incluso donde Vox ostenta vicepresidencias, su influencia, lejos de tener una incidencia real en la legislación, ha sido más bien testimonial y gestual, por mucho que el Gobierno central haya puesto en la picota las llamadas leyes de concordia, que realmente no desprotegen a nadie.

La configuración de unos gobiernos que no han propiciado grandes escándalos a lo largo de este año ha facilitado un ambiente más sereno en las autonomías que el que envuelve la crispada política nacional.