Volverás a Nación

“El Ford-T, Elvis, Casablanca, La Guerra de las Galaxias, la matanza de Tiannamen, el bikini, El viaje a la Alcarria, Diana de Gales, la oveja Dolly”, con estos y otros cuatrocientos nombres más de lecturas, películas, fantasías, deportistas, lugares, acontecimientos, amigos… componía José Luis Garci “Mi siglo se confiesa a medias”, una tribuna en el ABC de 31 de diciembre de 2000. No hace falta su erudición ni su memoria para que cada uno de los miles de millones de personas que vivimos parte de esas décadas pudiéramos contar “nuestro siglo”, individualizándolo en nuestros recuerdos, gustos, aversiones o mitos.

Sonaría quizá pedante, pero esas listas no están lejos de lo que cada uno podría llamar “mi cultura”. Comparando las de unos con las de otros, encontraríamos coincidencias más o menos amplias. Esos archipiélagos de afinidades los podemos denominar “naciones culturales”. Formarían sin duda parte de una misma nación aquellos que por proximidad geográfica y por hablar una misma lengua comparten muchos referentes, pero muchos se identificarían también o incluso más –y la globalización multiplica las posibilidades– con la nación cultural de los moteros, los animalistas, los cinéfilos, los apasionados de su profesión, los admiradores de Mozart o de Lady Gaga. Y eso sin meter en la ecuación las religiones y demás creencias.

“Naciones culturales” hay por lo tanto millones y cada día cambian su censo. Es más, todos pertenecemos a varias: dado que no hay dos individuos idénticos en todo su universo cultural, la pertenencia a un único grupo no podría definirnos. No obstante, sí hay quienes conceden mucha más importancia vital a la pertenencia a una determinada de esas naciones culturales: es una elección que puede ser perfectamente respetuosa con las de los demás. No es esa la actitud de los nacionalistas, que son los fanáticos que pretenden que aquella nación que a ellos les importa –invariablemente la que ellos dominan y en la que incluyen a quienes les parece– es el alfa y el omega para decidir acerca de los derechos y libertades de las personas. Los nacionalistas no son los idealistas defensores de la nación sino sus secuestradores.

En la génesis de los viejos estados-nación hubo buenas dosis de ese ánimo excluyente, pero juzgar los estados de hoy con ese criterio equivale a demoler una casa porque en ella se cometiera hace siglos algo que hoy se consideraría un delito. Tampoco para tasar una vivienda es necesario conocer quiénes vivieron allí y cómo la cuidaron, basta con describir y analizar su realidad actual. Que por las bifurcaciones del azar histórico, en esas épocas de guerrear contra los vecinos pudiese haberse formado un estado llamado Cataluña o no hubiese cuajado el español, o incluso que en épocas más recientes un dictador persiguiese el uso del catalán, son elementos importantes para explicar cómo hemos llegado hasta aquí, pero secundarios para valorar por sí mismo lo que tenemos hoy.

Hoy España es una nación (cultural) para muchos, sin duda en mayor proporción en las Castillas que en Cataluña. Pero en términos de garantías, derechos y libertades (también de obligaciones pero, más allá de los impuestos, son tan livianas que apenas las tenemos presentes), la nación no es lo relevante, lo que importa es el estado. El “estado español” es la fórmula con la que los nacionalistas intentan aseptizar y distanciarse de España como nación cultural. Con poco rigor, porque el estado no se reduce al gobierno central ni mucho menos a las personas que en cada momento ejercen esas funciones más o menos a su gusto. El estado es ante todo un catálogo de normas emancipadoras y protectoras de los individuos, apoyado en un armazón de instituciones que respetan el equilibrio entre poderes y lo distribuyen territorialmente. No hay más que ver cómo, aun en pleno proceso de anunciada desobediencia por parte del gobierno catalán, su principal arma para hacer valer sus argumentos sigue siendo recurrir al Constitucional y otros tribunales “españoles”.

Bueno será que en España se reconozca una plurinacionalidad si eso significa profundizar en que todos somos libres e iguales, también para que cada uno elijamos el grupo o los grupos que consideramos más importantes para nuestra identidad. Pero esto es precisamente lo opuesto de hacer bandera política del catalanismo (o el españolismo o el madrileñismo), porque entonces estaríamos primando a los territorios respecto a las personas como sujetos políticos.

No habría problema si catalanismo (o de nuevo, españolismo) solo significara, por ejemplo, que la consejería o el Ministerio de Cultura promoviera más actividades por artistas nacionales que foráneos: los electores podrían votar por un cambio de rumbo igual que respecto a la gestión de la sanidad o la inversión en carreteras. Pero que un partido reclame el catalanismo como un principio político de primer orden supone aplicar un filtro identitario a la noción misma de ciudadanía, una forma aunque sea atenuada de nacionalismo que conduce a efectos irreversibles como sustituir el bilingüismo por la primacía de la lengua autóctona.

Intentar que Cataluña decida al margen de la ley supone volver a los errores de los estados-nación. España se creó como un estado-nación, en una época en la que tampoco había democracia ni separación de poderes, pero hoy es ante todo un estado (anacional o incluso posnacional, si se quiere) definido por una Constitución, que además de derechos individuales, también es la que sustenta y garantiza las instituciones, incluidas la amplia autonomía de la Generalitat de Cataluña y de las demás comunidades. Fue votada por una sólida mayoría (también en Cataluña) en 1978, y refrendada implícitamente por las siguientes generaciones que están muy lejos de haber establecido las mayorías parlamentarias que permitirían abordar cambios constitucionales de calado, que además ningún partido formula aún de manera precisa.

Algunos independentistas pretendieron asimilar la discriminación de los homosexuales a la que dicen sufren los catalanes. Pero quienes podrían sentirse perseguidos son aquellos catalanes que los independentistas pretenden incluir por la fuerza en su nación para decidir por ellos si les privan de su condición de españoles (no de la nación cultural española, porque esa está o no en el corazón de cada cual) sino de la de ciudadanos del estado español. Es decir, que unos decidan por otros si los amputan de los derechos, libertades y garantías que no solo están en un papel, sino consolidados en el acervo democrático de cuarenta años de instituciones funcionando y resistiendo incluso a quienes intentan hacer un uso ilegítimo del poder.

Moralmente, la primera razón para oponerse a considerar la segregación de una parte del territorio español, no es que un asturiano o un extremeño tuviesen que pasar una aduana al cruzar el Ebro, o que pudieran verse limitados para elegir residencia en Tarragona. El auténtico drama es que muchos catalanes tendrían que dejar atrás su tierra para seguir disfrutando plenamente la ciudadanía española, que es hoy su principal activo en términos jurídicos y políticos. Los demócratas, de cualquier nación cultural, de cualquier estado, debemos estar con ellos.

¿Defiendo acaso que la España actual es la culminación histórica del modelo de estado al que podemos aspirar en este pedazo de tierra al sur de los Pirineos? No, el texto de nuestra Constitución admite mejoras y también la manera en que se comportan los gobernantes y funciona toda la sociedad, en especial en cuanto a igualdad material se refiere. Pero no debemos dudar de que somos una democracia madura, ampliamente garantizada, que puede decidir con libertad los cambios necesarios.

El PSOE y otros partidos de izquierda siempre han tenido un ánimo internacionalista, o universalista, es decir, que han deseado que esa mejora de las condiciones de vida se extienda a todos los habitantes de la Tierra, en lugar de concentrase solo en la mejora de nuestro país en la indiferencia o incluso aprovechándonos de los demás. Por eso, España no es el fin de nuestra historia, sino que es probable que el próximo gran paso en el progreso democrático y material de nuestras sociedades solo se logre en una plena integración europea, ya no cediendo sino fusionando las soberanías de los actuales estados (precisamente porque acabemos de cortar el cordón con las viejas naciones de las que surgimos). La voluntad de unirse a niveles políticamente más amplios en una República Europea igualaría por arriba el listón de la calidad democrática. Justo lo contrario de la segregación a niveles inferiores, que es un salto al vacío.

El vigente artículo 2 de la Constitución “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones”, a la vez por cierto que exige “la solidaridad entre todas ellas”. Eso no significa que en ningún lugar de la Carta Magna se define quiénes son o pueden llegar a ser nacionalidades y quiénes regiones, ni por lo tanto que se establezca asimetría competencial ninguna entra ambas categorías. Se trata de una referencia simbólica que prefigura una división política en base a la geografía, la lengua o la historia. De hecho, el artículo 138 se refiere a lo mismo de manera menos prosaica: “diversas partes del territorio español”. Políticamente, jurídicamente, lo que la Constitución prefigura son “comunidades autónomas”, regidas por sus respectivos estatutos pero cuyas diferencias “no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos ni sociales”. El 139 lo deja aún más claro: “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”.

¿En qué consistiría la plurinacionalidad que abandera Podemos y ha importado Pedro Sánchez para el PSOE? ¿En añadir “naciones” junto a “nacionalidades y regiones” en el artículo 2 para supuestamente hacer más omnicomprensiva esa lista? ¿O en romper la igualdad entre ciudadanos modificando los artículos 138, 139 y otros de manera que los ¿nacidos?/¿residentes?/… de según qué parte del territorio pudieran tener distintos derechos según formen parte de una nación o de otra cosa? ¿O es que como ya ha dicho algún dirigente todas las actuales comunidades autónomas van a pasar a ser naciones (y habría que pensar algo para Ceuta y Melilla…) para así no tener contentos ni a los que desaprueban esos manoseos terminológicos ni a los que solo quieren ser nación como penúltimo peldaño para su estado-nación?

El PSOE quiere, como lo fue en el pasado, ser el puntal de una reforma de las instituciones que muchos creemos necesaria para que sean más limpias, más justas y más útiles para los ciudadanos: adecuar los símbolos y los términos es una componente importante de ese ejercicio. El debate sobre la plurinacionalidad puede ir en esa dirección si se pone al servicio del pluralismo y de la tolerancia. Pero sería un dramático paso atrás si abonara aspiraciones identitarias que nos dividan y debiliten, como sería el caso si en la Constitución se enumerasen algunas naciones.

Una reforma progresista de la Carta Magna debería abordar cuestiones tan sustantivas como el reparto competencial entre estado central y comunidades autónomas. Sin embargo, alterar los citados artículos 2, 138 o 139 conducirían probablemente a ceder terreno a los nacionalistas, salvo que se optase precisamente por emancipar al estado de la nación. En cualquier Constitución siempre hay una referencia circular donde los ciudadanos soberanos se reconocen a sí mismos como constituyentes; detrás de “nación”, “pueblo” o “patria” siempre se encuentran sencillamente “los españoles”. Ciertamente se podría simplificar todo ese léxico. Por ejemplo, podrían sustituirse las “nacionalidades y regiones” del 2 por “partes del territorio” que ya se usa en el 138. Pero lo único importante es saber si se alterarían y cómo las instituciones, derechos y garantías actualmente reconocidos a las personas.

Agitar el simbolismo sin tener claro previamente qué implicaciones tendría en el marco jurídico es un error, porque supone caer en la trampa de los nacionalistas que sí tienen claro para qué quieren que se reconozca “su” nación. La oportunidad de un cambio constitucional no puede consistir en encontrarse a medio camino con el nacionalismo, sino en hacerle frente, fortaleciendo la libertad e igualdad de un número creciente de personas, unidos por un pacto social reforzado tanto en garantías democráticas y de justicia como en políticas para el progreso y la solidaridad.

Bienvenido sea un debate sobre la plurinacionalidad que sirva para reforzar la libertad de cada persona también para adoptar sus referentes culturales. Pero alejemos todo lo que suponga enfocarse en una tensión entre “pueblos de España”, levantando artificiosas fronteras entre ciudadanos porque nazcan o residan a una u otra ribera de un río. Si nos perdemos en un juego de muñecas rusas de naciones dentro de naciones, acabamos perdiendo de vista el estado. Los problemas que tenemos debemos resolverlos elevándonos, no agazapándonos: la respuesta está en Europa.

*** Víctor Gómez Frías es militante del PSOE.