Nuevos procesados y viejos conocidos por el golpe en Cataluña

No existe veneno intelectual más potente que creerse las propias mentiras. El 31 de agosto de 2017, el entonces ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro afirmó reiterada y solemnemente en sede parlamentaria que no se había destinado ni un solo euro -ni se iba a destinar- a la financiación del ilegal "referéndum" del 1 de octubre. El sistema diseñado para evitar cualquier posible fraude se basaba en que la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, tenía que emitir un certificado señalando que no se habían destinado fondos públicos a fines ilegales. A su vez, Rosa Vidal recibía certificados similares de los interventores de la Generalitat.

En fin, era como si en una inspección de Hacienda, el inspector en lugar de personarse y pedir facturas y medios de pago, le exigiese al contribuyente un certificado de que sus declaraciones estaban en orden. Lo sorprendente es que siempre me pareció que la cúpula del PP en Hacienda y en otros ámbitos se creía que esto podía funcionar. 

Sin embargo, unos días después, el cuatro de septiembre de 2017, TV3 ya emitía el primer anuncio del ilegal "referéndum" soberanista: el golpe a la Democracia ya estaba en marcha y no se estaba financiado gratis… Sin embargo, el ex ministro del PP Montoro siguió sosteniendo la tesis de que no podía haber existido desvío de fondos hasta muy recientemente.

La cuestión era bastante evidente: si la Generalitat había pagado los anuncios a TV3, se estaría produciendo un presunto trasvase ilegal de fondos públicos para la financiación de una actividad prohibida. Si TV3 emitía el spot gratis, entonces estaba renunciando a emitir publicidad comercial en prime time: y eso no es gratis, sino que también se financia a cargo de los impuestos de todos los catalanes, e indirectamente, de todos los españoles.

En cualquier caso, yo como diputado pregunté al Gobierno del PP el 5 de septiembre de 2017, entre otras cuestiones: ¿Cómo había podido contratar la Generalitat el anuncio? ¿Cómo se había pagado? ¿Qué certificados habían presentado los responsables de la Generalitat garantizando que ni un solo euro se había destinado a la financiación del "referéndum" soberanista?

El Gobierno del PP, incumpliendo el Reglamento del Congreso, y desatendiendo el amparo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, nunca me contestó. Unos meses después, Pedro Sánchez, apoyado en los votos de Podemos, los independentistas catalanes, el PNV y Bildu ganó la moción de censura y accedió a la presidencia del Gobierno. La primera medida de Sánchez fue no prorrogar el control financiero de la Generalitat. Unos meses más tarde, el 6 de septiembre de 2018, un año después de realizar la primera pregunta, recibí contestación a todas mis preguntas sobre el procés (y eran muchas).

Toda la respuesta era una línea: "En relación con la información interesada, se señala que las iniciativas de referencia iban dirigidas a un Gobierno anterior, y dado que piden una valoración política, el Gobierno actual no debe hacer esa valoración". Nunca he considerado que pedir información sobre un pago sea pedir valoraciones políticas, pero está claro que el Gobierno de Sánchez estaba tan poco interesado en rendir cuentas al Congreso como el de Rajoy.

Hace unos días, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona dictaba auto de procesamiento contra responsables del departamento de Presidencia, así como de TV3, incluyendo los directores de TV3 y de Catalunya Ràdio, y también contra la interventora general de la Generalitat, entre otras cuestiones, por los anuncios del referéndum ilegal en el que se materializó el golpe a la Democracia en Cataluña. Desde Ciudadanos daremos todos los medios a la justicia en su lucha contra los delitos y la corrupción, y la dejaremos trabajar. Por supuesto, a diferencia del PSOE de Pedro Sánchez, Ciudadanos descarta de plano los indultos a cualquier persona eventualmente condenada por el golpe en Cataluña. 

Varios de estos procesados mantuvieron sus puestos, porque el PP les ratificó su confianza cuando aplicó el artículo 155. Estamos hablando de Antoni Molons, secretario de difusión del Departamento de Presidencia, procesado por malversación y prevaricación. O también tenemos el caso de Rosa Vidal Planelles, interventora general de la Generalitat y procesada por malversación, desobediencia y falsedad documental… Por no hablar de que, por exigencias del PSC-PSOE, no se incluyó a TV3 ni a Catalunya Ràdio en la aplicación del 155. A día de hoy, TV3 sigue siendo la pieza esencial del aparato de propaganda secesionista, y se querella contra Albert Rivera, el líder del único partido capaz de plantar cara al separatismo en Cataluña, Ciudadanos.

Si los españoles eligen a Ciudadanos para que lidere el Gobierno de España, todo esto se va a acabar. Si TV3 sigue siendo un altavoz separatista, incumpliendo sus obligaciones de servicio público, tomaremos todas las medidas para que no se pueda financiar con cargo a los impuestos que pagamos todos. Además, en el primer Consejo de Ministros requeriremos a Torra para que garantice la aplicación de la Constitución en Cataluña, y tomaremos todas las medidas necesarias para que el dinero de los impuestos no se destine a fines ilegales. Nosotros no volveremos a dejar abandonados a los catalanes que quieren seguir siendo españoles, como han hecho estos años los gobiernos del PP y el PSOE. Es nuestro compromiso con ellos, pero también con la Constitución y con el resto de los españoles.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado y responsable de Hacienda de Ciudadanos.