Protestas contra el gobierno peruano, el pasado viernes en Lima.
El rompecabezas peruano
Perú está quebrado en varias piezas, separadas por profundas brechas sociales que agravan las protestas y dificultan la salida a la crisis abierta por la destitución de Castillo.
Ante el resultado de las elecciones presidenciales de junio de 2021 ya se hablaba claramente de un Perú roto. Solo 44.000 votos marcaron la diferencia entre dos candidatos radicalmente distintos que, sin embargo, en ninguno de los dos casos presentaban proyectos de país sostenibles.
El gobierno de Pedro Castillo fue absurdamente errático. Tanto como su salto al vacío en un desesperado intento de autogolpe de Estado, que terminó constituyendo, por sí mismo, una causa suficiente para llevarle a la cárcel.
Dina Boluarte durante la jura el cargo de presidenta de Perú, el 7 de diciembre.
Según una encuesta elaborada por IPSOS para el diario El Comercio, el 66% de los peruanos rechazaban su gestión en noviembre de 2022. Esta situación plantea algunas preguntas.
¿Por qué se ha echado la gente a la calle si Castillo no había cumplido con ninguna de sus promesas? ¿Por qué miles de peruanos arriesgan la vida ante una represión que se ha mostrado en muchos casos brutal? ¿Por qué el gobierno no cede en la convocatoria de elecciones?
La situación del país andino es un auténtico rompecabezas. Una metáfora muy apropiada, dado que Perú está quebrado en varias piezas.
La primera pieza, la ruptura entre sierra, costa y selva. Entre regiones agrícolas y regiones urbanas. Entre los incluidos en el crecimiento económico y los excluidos en la precariedad.
Perú fue durante mucho tiempo un milagro económico. En los primeros 10 años del siglo XXI su PIB creció casi todos los años a tasas superiores al 5%. En 2021 el crecimiento fue del 13%. Sin embargo, este crecimiento es profundamente desigual.
La desigualdad es especialmente notable entre áreas urbanas y rurales y se mantiene a pesar de la disminución continua de la pobreza en el país en los últimos años. En 2004 la pobreza urbana era del 48,2% y la rural, del 83,4%. En 2021 la tasa de pobreza es menos de la mitad, pero se mantiene la brecha. En las ciudades alcanza el 22.3%, mientras que en el campo es del 39.7%.
"La falta de protección social ha creado un sentimiento de exclusión que ha alimentado la dinámica anti institucional"
El problema es que la superación de la pobreza no implica el fin de las dificultades para los ciudadanos. Aquellos que alcanzan la clase media son gravemente vulnerables.
Perú es el país con la tasa de economía sumergida más alta de América Latina: el 76.1% de los trabajadores están en esta condición. En el campo, la actividad económica informal alcanza el 95.3%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La protección social es prácticamente inexistente en estas condiciones. Y esto ha creado un enorme sentimiento de exclusión y de quiebra de las expectativas vitales, a la vez que ha alimentado la dinámica anti institucional de un sistema económico mayoritariamente informal.
Le segunda ruptura es la vertical, entre pueblo y elites. A lo largo de la campaña presidencial dominada por Keiko Fujimori, representante de la derecha fujimorista y del establishment, el desconocido Pedro Castillo terminó por convertirse en el representante de un proyecto anti elitista. En sus primeros meses las izquierdas respaldaron a Castillo consolidando su papel y su coalición de fuerzas sociales y políticas.
Castillo no impulsó grandes políticas. No llegó a hacer prácticamente nada, dado que, además de su poca capacidad de gestión y las sombras de corrupción, en su periodo se dedicó en esencia a lidiar con la inestabilidad de su ejecutivo y las embestidas del poderoso Congreso.
Sin embargo, sus partidarios le exculpan. Al igual que el trío de mandatarios latinoamericanos que firmaron un manifiesto de apoyo. Insisten en que el establishment no le permitió gobernar, que fue engañado y mantienen su legitimidad como el representante de un movimiento que venía a reconquistar la democracia representativa, en contra de la captura del Congreso por parte de las élites.
No les falta razón. Pero Castillo, con su escasa experiencia, tampoco fue capaz de lidiar con la complejidad de un Congreso que ha sido la principal fuente de inestabilidad política del país.
"Con la abrupta salida del poder de Castillo, el precario equilibrio entre las piezas saltó por los aires"
He aquí la tercera fractura, la que divide al propio establishment.
Esta crisis no se puede entender sin volver la vista atrás. Concretamente, a los últimos años en los que las dos facciones de la derecha se han disputado el control del Congreso, utilizando como herramienta por excelencia las facultades constitucionales de la institución para luchar entre sí a un juego de suma cero. Uno que inevitablemente lleva al país al extremo.
La vacancia constitucional se tornó una herramienta endiablada que, en lugar de controlar las tendencias hiperpresidencialistas, generó inestabilidad y ruptura democrática. La aprobación popular del Congreso peruano es inferior al 10%.
Con la abrupta salida del poder de Castillo, el precario equilibrio entre las piezas saltó por los aires. El remplazo automático del exmandatario por su vicepresidenta Dina Boularte, y la convocatoria de elecciones para 2026, supuso la percepción de que las élites eran las vencedoras del abrupto cambio, para muchos premeditado. Y abocó a miles de ciudadanos a la calle.
Una vez Castillo se ha inmolado en el poder, este vuelve a los de siempre: esta es la lectura generalizada. Y la decisión de adelantar las elecciones a abril de 2024 y la propuesta de algunas reformas constitucionales no rompe con esta percepción. De hecho, la agrava. Porque las reformas propuestas, además de cosméticas, nuevamente priorizan el poder del Congreso.
Por eso, las calles siguen en llamas. El gobierno de Boularte y el “establecimiento” han apostado por la mano dura y el mantenimiento del orden.
"Para que las herramientas de control del poder no se conviertan en armas, es necesario equilibrar y limitar el peso del Congreso"
La cólera de los que se sienten excluidos del sistema y viven al margen de la institucionalidad no ha hecho más que crecer ante la desmedida represión de la protesta. Cada uno de los 54 muertos que se contaban hasta el 21 de enero se convertía en un nuevo clamor por justicia y una ampliación de la base social del enfado. Así, la agenda de demandas de los manifestantes se ha ido extendiendo, profundizando y sumando sectores.
Esta situación hace difícil entender la resistencia del gobierno a reconocer los desmanes de las fuerzas del orden, y la necesidad de convocar unas nuevas elecciones lo más pronto posible. Dos demandas iniciales que tienen sentido en el marco de una democracia que ha sentido un impacto tan potente como el que ha vivido Perú en los últimos días.
El 71% de los ciudadanos rechazan la gestión de la presidenta y el 83% respaldan una convocatoria anticipada de elecciones. No obstante, la posición frente a la protesta está más polarizada: el 46% no la aprueba.
Lo cierto es que la Constitución no permite la convocatoria de elecciones anticipadas de forma sencilla. Para convocar elecciones en 2023 hace falta reformar la Constitución, declarando la finalización anticipada del mandato de los elegidos en 2021 y el adelanto electoral. Esta disposición transitoria necesita 87 votos en el Congreso. Es probable que los equilibrios que mantienen a Dina Boularte en el poder no aguanten tanto estrés.
Pero, más allá de unas nuevas elecciones, Perú necesita cambios radicales. El primero, en su Constitución, para que las herramientas de control del poder no se conviertan en armas. También es necesario equilibrar y limitar el poder del Congreso y su representatividad. Aunque, evidentemente, todos estos cambios supondrían una dura lucha entre facciones políticas. La inestabilidad, en cualquier caso, está servida.
El problema de Perú va mucho más allá de Pedro Castillo y tiene un largo camino hasta encontrar una solución. Un gobierno que conoce de sobra la situación, por lo menos, debería hacer todos los esfuerzos por evitar que la complejidad del cambio político e institucional y la certeza de que va a tomar un tiempo prolongado no se alimenten un incesante rio de sangre.
*** Érika Rodríguez Pinzón es profesora de la Universidad Complutense, investigadora del ICEI y Special Advisor del Alto Representante de la Unión Europea.
