No se puede reducir la jornada en un país con la productividad de España
En un mercado laboral con empleo suficiente y la productividad por hora trabajada muy alta, se podría reducir la jornada laboral. No es el caso de España.
Antes de haber obtenido la investidura, Sánchez y Díaz firmaron un acuerdo de gobierno con más de doscientas medidas, exactamente doscientas treinta, que en su mayoría estaban importadas de los compromisos incumplidos que contrajeron en la anterior legislatura.
Adornada como si fuera una novedad de progreso, Sánchez y Díaz pactaron entonces la reducción de la jornada laboral máxima a treinta y siete horas y media a la semana. Ahora, la vicepresidenta, para aliviar su descrédito, sus fracasos en las urnas, su creciente cuestionamiento en el interior de Sumar, su nadería estable en el actual Gobierno, quiere promover el cumplimiento de esa medida.
Las organizaciones empresariales ya han dicho que están dispuestas a negociar siempre que la negociación permita un diálogo y no la mera adhesión a los deseos del Gobierno y de los sindicatos.
Pero Díaz no da importancia al consenso con los empresarios, no sólo ahora, tampoco en el establecimiento del salario mínimo ni en otras cuestiones en las que la ministra de Trabajo está más pendiente del titular de prensa que de los intereses del país.
La primera sorpresa es que la vicepresidenta Díaz y los sindicatos no piensen que hay muchos trabajos en los que no hay un máximo de jornada. Por ejemplo, los periodistas que cubren declaraciones y esperan actos políticos a las nueve, a las diez, a las once de la noche o cuando al político le viene bien para fomentar su imagen. No hay jornada ni conciliación para la prensa ni para otros muchos sectores. Y sin embargo se propone como una medida general.
Tampoco se ha pensado en el trabajo a turnos (porque 37,5 semanales son siete y media al día, y siete y media al día por tres turnos es menos de 24 horas). Pero esto puede arreglarse.
Lo que resulta verdaderamente grave y sin arreglo todavía es que esa decisión se adopte en un país cuya productividad no sólo no crece, sino que decrece. España es un país poco productivo y uno de sus mayores problemas, situado en el centro de las dificultades del mercado laboral, es precisamente la baja productividad.
Es una evidencia que la productividad no crecerá recurriendo a la reducción de jornada, una reducción de jornada que ya muchos trabajadores a tiempo parcial mantienen en contra de su voluntad. Muchos trabajadores no sólo quieren, sino que necesitan aumentar su jornada laboral.
Porque en España no hay empleo suficiente y muchos trabajadores no pueden trabajar a tiempo completo. Y ahora, ese tiempo completo se rebaja y en consecuencia, el trabajador a tiempo parcial trabajará todavía menos.
"La productividad no crecerá recurriendo a la reducción de jornada, una que ya muchos trabajadores a tiempo parcial mantienen en contra de su voluntad"
Queda el detalle de que la rebaja de la jornada no lleva aparejada la rebaja del salario. Se trabaja menos, pero se cobra lo mismo. Aunque desde el punto de vista del empresario, la verdad es otra: se trabaja menos pero se paga más.
Sindicatos y Díaz comprenden esto porque lo que se acaba de señalar no es un arcano insondable ni se trata de una reflexión técnica inalcanzable. Lo comprenden y a pesar de ello hacen las cosas al revés.
Porque es al revés. En un mercado laboral productivo, en el que el empleo fuera suficiente, el desempleo no marcara records al alza, los beneficios crecieran y los salarios subieran por el aumento de los márgenes, se podría reducir la jornada laboral porque la productividad de las horas trabajadas es alta. Pero no se puede hacer eso en un país con baja productividad.
Es decir, primero hay que ser productivos y luego reducir la jornada. Porque si no, puede ocurrir que queramos salir a la calle antes de abrir la puerta. El golpe suele ser muy fuerte. O que este tipo de asuntos, de tan vital importancia, sean utilizados para hacer propaganda política, maquillar la incapacidad real de hacer progresar el empleo y mejorar las condiciones del mercado de trabajo.
El asunto, para ser una propuesta que los empresarios puedan aceptar y para que el país no se resienta de las frivolidades sindicales a las que la ministra contribuye (o quizá, creo que es más cierto decirlo al revés: las frivolidades son de la ministra y los sindicatos la acompañan), necesita además de una previsión ajustada de cómo esa reducción de jornada va a afectar a cada sector (porque esta no es una medida que quepa generalizar en todo el tejido productivo); cómo se va a negociar la materia en los convenios; y sobre todo, cómo se va a sostener la productividad después de una rebaja del tiempo de trabajo.
*** Juan Carlos Arce es escritor y jurista.