Los objetivos de la reforma laboral siguen sin cumplirse

Los altavoces del gobierno tocaron a rebato para acallar cualquier posible crítica. Mientras tanto, la derecha, después del histórico papelón de oponerse a las últimas subidas de SMI, ofició en la misma línea. Se opuso a la reforma en cuestión en sede parlamentaria, mientras que la CEOE la aplaudía y firmaba, y Faes sostenía que se trataba de una convalidación de los aspectos fundamentales de la del PP en 2012.

Ni rastro de la democracia cristiana con una mínima concepción de la justicia social o del bien común. Ni digamos ya de un liberalismo social con vocación igualitarista. Tampoco de una presunta derecha social-patriótica, que asoma la patita solamente para las batallas culturales, pero nunca para defender los derechos de los más desfavorecidos.

Representantes de la patronal y los sindicatos en la firma del V AENC, en una imagen de archivo. Ricardo Rubio Europa Press

Algunos advertimos entonces de que se trataba de un paso tímido y timorato, que no iba a solucionar de ningún modo la extrema precariedad que asola nuestro mercado laboral desde hace años. No lo hacíamos por afán de protagonismo, ni por chafar la fiesta a nadie, sino porque la verdad conviene decirla incluso cuando "los nuestros" gobiernan, a no ser que queramos que la política se convierta en un espacio de sectarismo atroz.

La consideración técnica de la vicepresidenta Díaz no podía ser más ridícula. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores, precisamente, en el alcance que se disponga, y extendiéndose sus efectos a todo aquello en lo que la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior.

No existía, por tanto, ningún impedimento técnico. Más bien, se trataba de esgrimir la penúltima excusa para justificar que los hechos, de nuevo, desmintieran a la propaganda generada durante meses. Y en el caso de la señora Díaz, durante los años en los que como diputada clamaba contra las reformas laborales de 2012 y 2010 y exigía su completa derogación.

Hubiera sido más honesto, indudablemente, decir la verdad. Haberles contado a los ciudadanos que la realidad entraña limitaciones por mucho que uno se empeñe en confundir el Consejo de Ministros con una asamblea de Facultad. Que las limitaciones no suelen venir de un fantasmagórico fascismo ubicuo que acecha las conquistas de progreso. Sino más bien de la configuración de un capitalismo global donde la libre circulación de capitales sigue desempeñando un papel central, por mucho que haya algunos indicios de "desglobalización", entre aranceles y disputa geopolítica entre las grandes potencias por la hegemonía mundial.

Sin embargo, la Unión Europea sigue sin ser un Estado, ni una unión política entre naciones que conforman un Estado supranacional. Eso sigue siendo hoy una quimera. No se configuró así en su momento y, especialmente en los años noventa del pasado siglo, al calor del neoliberalismo entonces en pleno auge y del recelo estructural a la política y a la intervención social y económica, los tratados cerraron la puerta a una política fiscal común.

"La senda de la devaluación salarial explica muchas de las medidas legislativas adoptadas para flexibilizar el mercado laboral"

La unión monetaria eliminó la posibilidad de que España realizase ajustes sobre su propia moneda, al no tenerla, y de las devaluaciones monetarias pasamos a las devaluaciones internas, esto es, salariales. En paralelo, se decantó un modelo productivo progresivamente más desindustrializado, dependiente del sector servicios.

En este contexto, se impuso una liberalización de las relaciones laborales, en la que las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, sucesivamente en los años 2010 y 2012, no fueron más que dos hitos culminantes, dentro de la crisis económica de la zona euro caracterizada por una austeridad nefasta en lo económico y socialmente devastadora. Los antecedentes, múltiples. Por poner un simple ejemplo, las medidas profundamente antisociales contestadas por la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988, que paró completamente el país.

La senda de la devaluación salarial explica muchas de las medidas legislativas adoptadas para flexibilizar el mercado laboral y hacer recaer sobre los trabajadores el precio de las crisis y los ajustes.

Es cierto que, en esa línea, una de las medidas más controvertidas fue la prioridad de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales, con el claro objetivo de facilitar la reducción de salarios de los trabajadores, al debilitar su capacidad de negociación. Esa medida fue parcialmente corregida en la modesta reforma laboral de Díaz, los sindicatos y la CEOE, aunque la recuperación de la prioridad de la negociación colectiva sectorial afectaba a los salarios, y a no a otras condiciones laborales.

Sin embargo, el resto de objetivos presuntamente perseguidos por la reforma laboral no se han cumplido. La generalización de la contratación indefinida, en principio, reforzada por la feliz eliminación de los casi siempre fraudulentos contratos por obra y servicio, ha venido acompañada por un fraude análogo, el de los contratos fijos discontinuos que están siendo con frecuencia utilizados igualmente en fraude de ley. Hecha la ley, hecha la trampa, pensará alguno, no sin razones.

El misterio no es tal: no se trata de criminalizar la contratación temporal, sino de recordar algo tan obvio como la necesidad de controlar la causa de ese contrato temporal, algo que no se hace en España ante la escasa dotación de medios materiales y personales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

"Se instaló la convicción de que el sur de Europa debía hacerse competitivo a través de la devaluación salarial y el recorte de derechos sociales"

Ese es uno de los grandes misterios para un militante de izquierdas y abogado comprometido con los derechos de los trabajadores: ¿por qué el contumaz desprecio de nuestro gobierno a las legítimas reivindicaciones de una institución esencial para velar por los maltrechos derechos de los trabajadores?

El despido es la gran joya de la corona de las lagunas y flagrantes dejaciones de la mini reforma laboral en cuestión. El despido había sido liberalizado hasta límites vergonzantes en nuestro país. Paradójicamente ahora es la Unión Europa quien nos recuerda que la regulación española del despido no es disuasoria ni indemniza correctamente.

En otros tiempos, no tan lejanos, las admoniciones a los Estados miembros, especialmente a los del sur de Europa, eran otras. Recuerden aquella carta en la que Jean-Claude Trichet se dirigía a José Luis Rodríguez Zapatero el 5 de agosto de 2011 reclamándole "moderación salarial", descentralización de la negociación colectiva  y ajustes sociales, en la senda neoliberal seguida por aquellas fechas en Europa con los consabidos efectos de devastación de la igualdad y del Estado social. "Durante el próximo proceso parlamentario, debería modificarse la ley a fin de reducir la posibilidad de que los acuerdos sectoriales (nacionales o regionales) limiten la aplicabilidad de los acuerdos a nivel de empresa", escribió.

Bienvenido sea el cambio de criterio. Aunque en honor a la verdad cabe recordar que las reformas de 2010 y la de 2012, así como las limitaciones de la mini reforma, no son del todo ajenas a aquella "doctrina Trichet". Esto es, a la convicción de que el sur de Europa debía hacerse competitivo a través de la devaluación salarial, la liberalización de condiciones laborales y el recorte de derechos sociales.

La realidad da un nuevo varapalo al Gobierno presuntamente más social de nuestra democracia. Hace mucho tiempo que se espera capacidad legislativa y rumbo definido del Ejecutivo, a favor de los trabajadores y de la igualdad, escenario hoy impensable cuando uno constata el actual estado de parálisis de la legislatura.

*** Guillermo del Valle es abogado laboralista y secretario general de Izquierda Española.