A Coruña, entre las 22 ciudades contra el decreto que evita el desahucio de inquilinos morosos

La inquiokupación es un término usado para referirse a aquellos inquilinos con contrato en viviendas de alquiler que al poco tiempo de estar instalados en ellas dejan de pagar la renta mensual porque alegan una situación de vulnerabilidad, por lo que los propietarios de estos pisos no perciben ingresos. Un real decreto de 2020 que el Gobierno estatal acaba de prorrogar hasta diciembre de 2025 evita los procedimientos de desahucio y los lanzamientos por impago de alquiler en hogares vulnerables. Esta medida lleva años causando malestar a los dueños de viviendas, que este sábado 11 de enero se manifestarán en 22 ciudades españolas, entre ellas A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña solicitará formalmente a la Xunta ser zona tensionada

La concentración en la única ciudad gallega está convocada para las 11:20 horas en la plaza de María Pita. Pilar Pérez Álvarez es una de las 15 fundadoras de la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), la entidad de reciente creación que promueve las manifestaciones, y su representante en A Coruña.

El caso que sufre esta mujer es parecido al del otros propietarios de pisos en la ciudad que en los últimos años han visto cómo personas a las que han alquilado sus viviendas han abonado muy pocas rentas o ninguna. Con el amparo del real decreto, aprobado durante la pandemia del COVID para evitar dejar sin hogar a personas con recursos escasos, estos inquilinos continúan en los pisos "sin que los juzgados ni las administraciones impidan sus desalojos", denuncia.

En la vivienda de Pilar Pérez en A Coruña vive arrendada desde hace cinco años, según relata la afectada, una mujer que le debe más de 23.000 euros. No ha pagado, dice, ni el alquiler mensual por importe de esa cantidad ni el agua, la basura y otros gastos de la comunidad, pagos que ha asumido la propietaria. Pérez cuenta que un informe de Servicios Sociales de 2022 determina que su inquilina ya no está en situación de vulnerabilidad y que aunque el Ayuntamiento le ofreció hasta tres viviendas para mudarse la mujer las rechazó.

La cofundadora de Aprovij ha denunciado su situación ante el Concello y los juzgados; "nadie ha hecho nada, nadie da una solución", protesta. Hace medio año decidió dejar de pagar lo que le corresponde abonar a su inquilina y seis meses después, explica, le ha llegado una orden de embargo de la pensión que percibe por viudedad e incapacidad.

"No somos escudo social"

"Si dejamos crecer este tipo de situaciones sin hacer nada estamos creando monstruos y los afectados estamos devastados psicológicamente. Queremos que se derogue el decreto porque los propietarios de pisos no podemos seguir ejerciendo de escudo social más tiempo. Esto también perjudica a los inquilinos honestos", se queja Pilar Pérez.

La movilización nacional de Aprovij tiene como objetivo rechazar la prórroga del Real Decreto-ley 11/2020 y "exigir la defensa jurídica de los propietarios, quienes durante años han soportado una indefensión que ha afectado a su seguridad jurídica y sus derechos fundamentales". "Hacemos un llamamiento a todos los propietarios, afectados o no, a que se unan a esta causa, porque esta situación nos perjudica a todos", añaden en la convocatoria.

"Cada vez se habla más de la inquiokupación y tenemos apoyo de otros sectores como los dueños de los pisos de uso turístico. Espero que vaya gente para que tome conciencia de nuestro problema", desea esta afectada en A Coruña.