El hijo de Daniel y de Marisol nació el pasado 24 de diciembre en Georgia por gestación subrogada. Un mes después, el Gobierno ha decidido no darle la nacionalidad española. Es decir, a día de hoy, es apátrida. Es el primer caso conocido de un problema que va a afectar a al menos otras 25 familias. De entre todas estas, 10 mujeres están embarazadas, dos van a dar a luz en los próximos dos meses y el resto han firmado el tratamiento, cuentan desde Surrobaby a EL ESPAÑOL. Todas ellas han decidido tener un niño a través de un ‘vientre de alquiler’, en el mismo país y conforme a las mismas leyes. Y todas, como ha reconocido la vicepresidenta Carmen Calvo, van a tener dificultades.
El Gobierno, en agosto, ya advirtió que no iba a permitir que se registrara a los niños de los padres nacidos en Georgia y en Ucrania por gestación subrogada, los dos países donde es menos costoso realizar el tratamiento (entre 35.000 y 54.000 euros, dependiendo de lo que cueste concebir al niño). Y lo anunció en virtud de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida aprobada por Zapatero, que establece que se consideran nulos este tipo de contratos. Sin embargo, el Ejecutivo, hasta ahora, había actuado con laxitud y había dejado se inscribiera a los niños nacidos en Kiev tras algunos retrasos iniciales.
No ha ocurrido lo mismo en Georgia. La primera familia española que concibió a un hijo por gestación subrogada allí lo hizo el 14 de diciembre. Los padres, entonces, optaron por no pelear: el Gobierno no registró a su hijo como español y se vieron obligados a reclamar la nacionalidad georgiana para su hijo –se la dio el país de la gestante por buena voluntad–. Sin embargo, Marisol y Dani han decidido luchar. Quieren que su niño sea español de pleno derecho. Pero, de momento, se han encontrado con el “no” del consulado.
En el certificado emitido por el consulado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el encargado del Registro Civil en Ankara considera “nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”. Es más, añade: “La filiación de los hijos nacidos así será determinada por el parto”, dejando a la familia una “posible acción de reclamación de la paternidad respecto al padre biológico”.
Es la última dificultad que se encuentran tras un largo camino. Marisol y Dani no podían tener hijos. “Yo estoy trasplantada de dos pulmones desde julio de 2015 y tengo fibrosis quística. Pensamos en adoptar, pero me dijeron que con mis problemas no iba a poder tener un niño así, que no éramos una pareja idónea”. Es decir, la única opción que les quedaba era optar por la gestión subrogada. Realizaron los trámites y, tras probar en Ucrania, decidieron contratar a la gestante en Georgia. “Yo soy fértil. Utilizamos el material genético de ambos, mis óvulos y los espermatozoides de mi marido. Una vez fecundados, pasaron al útero de la mujer georgiana y nos quedamos embarazados a la primera”, explica a EL ESPAÑOL.
El niño nació el 24 de diciembre. Entonces, iniciaron los trámites para que fuera registrado como español. Daniel pidió cita al consulado de Ankara (Turquía), el más cercano a Georgia, donde no hay representación. Se la dieron para el día 24 de enero con un amplío listado de requisitos. Entre ellos, llevar a la gestante para comprobar cómo había sido tratada: la ley española establece que se inscribe como madre a la gestante y al padre que dona el esperma –es decir, a Daniel– como el padre. Y así es como iba a constar.
La cita, sin embargo, se la adelantaron al día 21 de enero. “No podíamos acudir con la traductora y, entonces, les decimos que íbamos el día 24, tal y como nos habían dicho. Pero, días antes, llaman a mi marido y le dicen que lo que están haciendo es no inscribir a niños concebidos por gestación subrogada. Nos quedamos a cuadros”, cuenta Marisol. Desde entonces, tanto Daniel como su mujer se encuentran entre Turquía, donde está el consulado, y Georgia. Lo único que quieren es que le den la nacionalidad española a su hijo.
“Una de las cosas que argumentan para no registrar al niño es que no habían podido comprobar el trato a la gestante. ¡Pero cómo iban a hacerlo si no la habían escuchado!”, se queja Marisol. Ahora, se encuentran a expensas de las autoridades del país de la gestante. Necesitan que éstas reconozcan al niño como apátrida y lo registren como georgiano –ya han iniciado los trámites para que esto sea así–. Eso sí, ahí no acabarían los problemas…
Los padres no quieren esa nacionalidad para su hijo y el consulado español no les da ningún salvoconducto para poder llegar a España con él. Es más, el plazo para que el niño obtenga un nuevo visado se podría demorar hasta tres meses. En ese momento, comenzaría el procedimiento de filiación paterna, en el que se le practicaría una prueba de ADN para iniciar después un proceso de adopción. “Se les está sometiendo a una discriminación”, concluyen desde Surrobaby.
El Gobierno, sin embargo, no lo ve así. Con respecto a este tema, tiene una posición clara: “La gestación subrogada no tiene nada que ver con la libertad, que es lo que persiguen las políticas de igualdad y feminismo (…) Las mujeres que se ofrecen a este proceso son las pobres entre las más pobres. La marginación las lleva a buscar esta salida para obtener recursos”, ha reconocido Carmen Calvo, vicepresidenta del Ejecutivo, tras conocer el caso.
Marisol y Daniel, en esta lucha, sólo tienen un apoyo político, el de Ciudadanos, único defensor de la gestación subrogada. Mientras tanto, no les queda otra que seguir en el país esperando una solución. Luchan para que su niño vuelva con la nacionalidad española, pero también para que todas aquellas parejas (más de 25) que han decidido tener un niño en Georgia no sufran lo mismo que ellos.
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