La tragedia de Macarena y Ángel tras 7 años del fuego de Doñana: "Perdí mi casa y la esperanza de cobrar"

A última hora del sábado 24 de junio de 2017 una masa de fuego avanzaba con virulencia desde el paraje de Las Peñuelas, en Moguer (Huelva) hacia el Parque Nacional de Doñana, el humedal más importante de Europa. Las llamas alcanzaron los 20 metros.

Cuando Ángel Ruiz se percató del peligro que corrían salió corriendo, junto a su mujer, su hija que entonces tenía ocho años y su cuñada, en un coche para huir de la bola de fuego. Esta acabó destrozando la techumbre de su casa recién restaurada y pintada que acababan de poner en venta y casi todo lo que había dentro. "La dejó siniestro total", señala en conversación con EL ESPAÑOL. 

Siete años después la que era su vivienda principal sigue en la misma situación: cerrada y en ruinas. Está situada en la zona conocida como Las casas de Bonares, en la calle Pintor Manuel Ballesta de Mazagón, y no tenía contratado ningún tipo de seguro.

Las pavesas, las brasas transportadas por el viento, se cebaron sobre todo con el techo de la casa que heredó su mujer de su familia, a pie de playa, una de las más antiguas de la zona con los techos originales de viga de madera y tejas. "Aquellos días perdí mi casa y ahora también las esperanzas de cobrar alguna responsabilidad civil por los hechos".

Unos meses después del incendio el peritaje de la vivienda arrojó un valor de 240.000 euros, que sigue siendo una cifra, al menos hasta que no haya sentencia firme, que va a tardar años en llegar.

Hace un par de semanas el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad dictó un auto en el que acordó continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra tres investigados. Se trata de tres personas vinculadas a una carbonera ubicada en el paraje donde comenzó el fuego.

En el auto, el juez asegura tener indicios sólidos de que la empresa construyó dos hornos más no autorizados y encendió uno de ellos sin vigilancia el día en el que el fuego comenzó a dejar una imagen desoladora. Ello propició la fase intermedia en este proceso para que el Ministerio Fiscal y las partes acusadoras soliciten la apertura formal del juicio oral o el sobreseimiento.

Una instrucción extensa

Se trata de una causa muy extensa -más de 3.000 folios la conforman- para un juzgado de pueblo con poco personal al que se le ha atragantado. Hasta cuatro jueces, la mayoría en su primer destino, han formado parte de la instrucción.

El fuego lo arrasó todo a su paso durante los once días. Se vieron afectadas más de 10.000 hectáreas de una vegetación de gran riqueza medioambiental -más del 80% es suelo protegido-, cables y líneas de alta tensión, 18 establecimientos turísticos y 50 hectáreas de cultivos de invernaderos. El más dañado fue el camping Doñana, que quedó asolado.

Estado de las instalaciones del camping Doñana tras el incendio originado el sábado en Mazagón. Julián Pérez EFE

De hecho, la mayoría de los damnificados, que alcanzan los 300, son clientes de ese espacio que perdieron la mayoría de sus autocaravanas y efectos personales, que siguen igual: sin sus pertenencias y sin haber cobrado ninguna indemnización. A excepción del dueño del camping que lo hizo gracias a su seguro. De hecho, lleva años en pleno funcionamiento.

También rezan como perjudicadas las administraciones, Junta de Andalucía y el Estado. "Esta circunstancia hizo perder la esperanza del cobro de indemnizaciones a muchos afectados", señalan a este periódico fuentes jurídicas. Sobre todo por la carbonera se declaró en concurso de acreedores y el consorcio de seguros no cubre los incendios.

No obtante, la mayoría de los personados han pedido que se subsane en el mismo un error material, omisión o defecto: la empresa no está incluida en la parte dispositiva como responsable penal y civil de los hechos investigados ni las compañías aseguradoras ejercidas por la mentada mercantil. También la suspensión del plazo pues no han recibido la causa para calificarla.

Ángel Ruiz, quien ejerce de portavoz de los afectados, apunta a otra cuestión que no ha sido cuantificada en su caso. "Nos tuvimos que mudar a un local que yo tenía alquilado y adecuarlo para vivir, con los gastos que conlleva, y dejando de ingresar ese alquiler". En estos siete años lo cuantifica en 42.000 euros que ha dejado de percibir.

Ruiz sí ha echado en falta la colaboración de las administraciones, tanto de la Junta como del Estado y las locales. "No nos han dado ningún tipo de ayuda ni tampoco se declaró el lugar como zona catastrófica. Aquello no fue una catástrofe para los políticos". Pero para los vecinos, sí.

Pone de ejemplo otras situaciones catastróficas como el volcán de La Palma en 2021 o el terremoto de Lorca en 2011, pero estos fueron considerados fenómenos naturales en los que no intervino la mano del hombre.

Todo a favor

Desde las primeras chispas, el fuego lo tuvo todo a favor, una vegetación frondosa que prender, 42 grados de temperatura, la oscuridad de la noche y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Tal día como este martes, 25 de junio, hace siete años, el núcleo costero de Mazagón amaneció gris y con 2.000 vecinos desalojados, aunque el potencial de personas en peligro ascendían a los 130.000. El puesto de mando avanzado, instalado en el polígono Los Pinos, era un hervidero.

Se trasladaron casi 60 militares de la Unidad de Emergencia (UME) y los entonces ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido, y Trabajo, la onubense Fátima Báñez, se trasladaron a la zona en helicóptero.

Más de 300 desalojados por el incendio declarado en Moguer (Huelva) EFE

Por la expresión de la que era presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz se podían adivinar los peores presagios. El calor era abrasador, el fuego se sentía muy cercano, el humo se veía cambiante sobre las nubes y millones de mosquitos se dieron un festín a costa de los allí presentes.

700 efectivos a pie y en medios aéreos trabajaron duro durante esos once días para extinguir el fuego que sólo causó una muerte. Murió Homer, una hembra de lince que se encontraba en el Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche. No aguantó la presión que le supuso el traslado.

Casi 100 millones

La Junta de Andalucía amplió los gastos de daños y extinción a 96,1 millones de euros, una cantidad que un principio se cifró en 73,2. En los primeros meses tras el incendio el Gobierno andaluz invirtió unos 650.000 euros en obras de emergencia, complementadas con las actuaciones financiadas por el entonces Ministerio de Transición Ecológica, a las que se destinó un millón de euros.

En primer lugar, se desarrollaron tareas vinculadas a la seguridad de las personas y, posteriormente, otras centradas en el freno de la erosión y la protección de árboles vulnerables.

No obstante, las actuaciones previstas comenzaron más de un año después porque los expertos recomendaron esperar a que la naturaleza actuara por sí sola. Las principales variedades vegetales plantadas han sido autóctonas con la idea de crear un mosaico natural con más garantía de resistencia al fuego.

A partir de 2018 se aprobaron tres proyectos para continuar con las obras de restauración con una inversión superior a los 7 millones de euros. Los dos últimos aún están realizándose y están destinados a la recuperación de los montes públicos en el sector occidental del Parque Natural de Doñana, Coto Mazagón, Coto Bayo, La Matilla, Bodegones Cabezudos, Coto Flores y Espacio Natural de Doñana.

Se está actuando sobre 11.000 hectáreas con una previsión de jornales de 12.750 aproximadamente. El fin de la obra está previsto para noviembre de 2024 y el grado de ejecución a fecha del pasado mes de mayo es del 60%, según han confirmado desde la Junta de Andalucía a este periódico.

Esta actuación da continuidad a las labores establecidas en el plan de restauración  y contempla fundamentalmente la eliminación de la madera quemada, el exceso de acumulación de combustible y la eliminación de especies forestales exóticas.

Desde el Gobierno andaluz ponen el acento en que la mayor parte de los terrenos afectados son de titularidad pública, con un grado de afectación alto y muy alto, lo que implica efectos con dilatados plazos para su recuperación.

Además de contar con un grupo de trabajo técnico científico, la respuesta de la ciudadanía fue masiva desde el primer momento. De hecho, durante estos años cientos de voluntarios han trabajado en la zona en distintas campañas acompañados de monitores especializados. Todo ello con el objetivo de que el espacio afectado recupere su estado original lo más rápido posible.