Menos comida y más veces al súper: así asfixia la inflación al consumidor en Castilla y León

El INE hace público hoy el avance de los datos de una inflación en agosto que en el 10,4% supone cuatro décimas menos que el registrado en julio debido sobre todo a la bajada de los precios de los carburantes, pero dos décimas más aún que con el que cerró el mes de junio (10,2%). Los datos definitivos del alza de precios en el octavo mes del año se harán públicos el próximo 13 de septiembre.

Pero el indicador que más alertas dispara es precisamente el de la inflación subyacente, es decir, aquel que no tiene en cuenta la variación de los productos más volátiles (como la energía o los alimentos no procesados), dado que se trata de productos que pueden sufrir fluctuaciones en muy poco tiempo y constantemente, lo cual impediría adoptar políticas monetarias concretas. Pero es precisamente la inflación subyacente la que más se acerca a la realidad económica que viven las familias, que se reduce en poder comprar cada vez menos para sobrevivir.

Este indicador muestra el empobrecimiento generalizado de los ciudadanos, con una tasa de variación anual estimada que aumenta tres décimas hasta el 6,4%, lo que de confirmarse, sería la tasa más alta desde 1993. Trasladar esto al día a día de las familias supone comprar menos, de peor calidad y forzar una retracción de la demanda. De hecho, productos tan básicos como el aceite, cuyo precio se ha disparado un 56% en año y medio, han hecho que su demanda haya caído un 5% sólo en junio, según datos del MARMA. 

Esta situación tiene su impacto directo en la cesta de la compra. Así, y según datos de la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León (Asucyl), "estamos apreciando cómo el consumidor va más veces a la compra pero compra menos cantidad, en un intento desesperado por controlar el ticket medio".

Un alza de los precios que, lejos de ser algo coyuntural, lleva más de un año obligando a las familias a seleccionar qué compra, y que está dejando un escenario "que se va acercando peligrosamente a la crisis que vivimos en 2008, que fue brutal", asegura Isabel del Amo, presidenta de Asucyl.

El encarecimiento de la cesta de la compra viene derivado, sobre todo, del alza de los precios de la electricidad que siguen sin dar tregua a empresas y ciudadanos. De hecho, la luz hoy, por ejemplo, será un 8,5% más cara que ayer, hasta los 459,4 euros/MWh para los clientes con tarifa regulada.

Unas cifras que traen de cabeza a la Comisión Europea, que ya anunció ayer que intervendrá el mercado energético para intentar paliar estos sobrecostes. Una medida polémica a la espera de cuáles serán sus resultados.

Menos consumo de lo más caro

El rally de los precios ha provocado un cambio en la conducta del consumidor, que opta más por marcas de distribuidor y por calcular más qué va a necesitar sin que el producto se estropee. Así, el encarecimiento de la cesta de la compra ha obligado a las familias a acudir más veces al supermercado, pero comprar menos cantidad, para controlar así el gasto al máximo.

Así, los castellanos y leoneses consumen menos huevos de gallina (17% menos que el año pasado) o de fruta fresca (14,4% menos), y "miran más qué producto es más económico para intentar llegar a fin de mes", explica Del Amo.

Hábitos que el consumidor adopta para sobrevivir a una escalada de precios inasumible para las rentas más bajas, que se ven obligadas a recortar el consumo de alimentos y a desperdiciar menos comida. De hecho, los datos del MAPA reflejan que sólo en 2021 (tras la crisis de la pandemia y sin que aún se hubiera producido la invasión de Putin en Ucrania), los españoles redujeron el desperdicio de alimentos un 8,6% menos que en el año anterior.

En este escenario, Del Amo insiste, tal y como solicitaron al Gobierno nacional en su día, en la necesidad de "bajar el IVA de los alimentos y de la energía, porque o se toman medidas urgentemente o las consecuencias que empezaremos a ver a partir de este otoño serán enormes".

Una medida, la de reducir el IVA de la electricidad, que ya adoptó el Gobierno nacional de forma temporal el pasado mes de junio al minorarlo del 21% al 10% para consumidores con potencia contratada de hasta 10 Kw, pero que "deja fuera a las empresas que consumimos muchísima más electricidad, como las nuestras que necesitan gastar mucha energía con las cámaras frigoríficas, por lo que estamos hablando de pagar hoy tres veces más que hace justo un año".