En estos días ha saltado a los medios de comunicación la noticia acerca de la moción que aprobó la Diputación de León el pasado 26 de junio en la que se plantea la declaración de León como región leonesa, sumando a Salamanca y a Zamora a esta iniciativa, esto último basado en el hecho de qué en 1833 con ocasión de la división en provincias de España, esta fue la demarcación geográfica que se creó. Una definición todo hay que decirlo, de carácter totalmente artificial, que se realizó por el diseñador de esta organización que fue el famoso Javier de Burgos.

Una definición de autonomía artificial 

Como artificial fue también la delimitación de la autonomía de Castilla y León, me explico, pretender darle a esta unión contenido histórico es una quimera, ni los territorios se corresponden con los de entonces, ni tampoco con la realidad histórica profunda del Reino de León y de la Corona de Castilla. Con motivo de la construcción del Estado preautonómico que se realizó en 1977 y que se conformó para dar forma a la creación del Estado autonómico a partir de la nueva organización territorial que recogería la Constitución española de 1978, surgió esta creación artificial de autonomía que es Castilla y León.

Una nueva forma de Estado que la nació de la Constitución Española, en la que se diseñaba la nueva conformación de nuestro país, básicamente encaminada a procurar la solución necesaria a las reivindicaciones de Cataluña y País Vasco, dándole a estas la consideración de comunidades históricas, junto a Galicia, Andalucía y Navarra por el simple hecho de haber tenido antecedentes históricos con un Estatuto de Autonomía previo. Al resto de las autonomías se les dio desde nuestra Carta Magna el acceso a la autonomía por lo que se denominó una “vía lenta” que era la del artículo 143 y que determinaba la aprobación de su nacimiento como Comunidades Autónomas para los 12 territorios restantes que tenían que constituirse.

Así apareció el territorio preautonómico de Castilla y León, que incluía además de las provincias que tiene actualmente, a Logroño y Santander, un territorio inmenso, del que rápidamente se apartaron estas dos últimas, tomando los acuerdos legales necesarios en sus ayuntamientos y diputaciones para lograrlo. El Gobierno central aceptó su salida y se constituyeron como autonomías independientes. Fueron rápidos, y creo que esa es la respuesta a porque se permitió que se constituyeran como autonomías uniprovinciales.

La uniprovincialidad de Segovia 

El resto de provincias de Castilla y León, en total 9 empezaron a dar pasos intentando en algún momento salir de la autonomía, pero fueron lentas, este fue el caso de Segovia que para separarse llegó a tomar las decisiones que la Constitución marcaba, pero no consiguió ser escuchada, es más, algo que muy pocos saben, Segovia no comenzó en el territorio de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía que se aprobó el 25 de febrero de 1984, ahí solo estaban 8 provincias. Ese mismo día se aprobó otra ley para incorporar a Segovia a la fuerza y saltándose la voluntad expresada por ayuntamientos y Diputación Provincial de Segovia conforme a lo marcado por la Constitución. Había una fuerza política liderada por un partido político regionalista que consideraba que Segovia era Castilla y NO era León.

Prácticamente nadie recuerda estos hechos ya. Durante la celebración del 35 aniversario de la autonomía de Castilla y León en 2018, editamos un libro en las Cortes, que relataba estos acontecimientos.

En León todos los pasos que legalmente se dieron entre 1977 y 1983 fueron encaminados a su incorporación a la autonomía de Castilla y León. Es cierto, que se celebraron manifestaciones en la calle, en las que los ciudadanos mostraron su discrepancia con su incorporación a esta autonomía, expresaron más inclinación por Asturias o Galicia, pero la realidad fue que los Ayuntamientos de la provincia de León y la Diputación Provincial tomaron los acuerdos que la ley exigía para adherirse a Castilla y León.

Un partido nacionalista más 

Desde entonces, lo que ha sucedido básicamente en mi modesta opinión y reflexionando sobre esta última noticia que ha aparecido y que ha adquirido relevancia nacional, es que en León se fundó un partido, la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que ha sabido captar el voto de los leoneses descontentos con la marcha y evolución de León. Ciertamente este partido ha ido ganando adeptos y en las últimas citas electorales se ha hecho con la dirección de ayuntamientos en la provincia de León y se ha convertido en llave en el Ayuntamiento de León y en la Diputación de León a lo largo de estos años de democracia.

Actualmente la Diputación de León necesita a UPL para gobernar, ya que lo hace con su apoyo, de los 13 diputados que apoyaron al actual presidente, 3 pertenecen a la UPL. Sin ellos, el PSOE no estaría gobernando.

La realidad es que en León han ido desapareciendo empresas y se ha ido quedando sin tejido industrial de manera progresiva y con ello ha ido perdiendo población, siendo una de las provincias que encabeza los rankings de perdida de población en nuestro país con 40.000 habitantes menos en los últimos diez años.

La despoblación como un grave problema 

Castilla y León es la Comunidad con el territorio más extenso de España, con 94.000 km2, la tercera más grande de Europa, con más tamaño que siete países de la UE, mayor que Portugal, por ejemplo, y es también la más despoblada de las regiones europeas, si tenemos en cuenta que todo nuestro territorio es habitable. Tenemos zonas que no llegan a 2 habitantes por km2, como determinadas áreas periféricas de las provincias de Segovia, Soria, Zamora….

Con este panorama, mientras en León se aprobaba esta moción en la que algunos diputados, que son alcaldes de sus pueblos, en los municipios habían votado en sentido contrario a lo que votaban en la Diputación, y que por otra parte, con una moción no se llega a ningún sitio desde el punto de vista jurídico, en las Cortes de Castilla y León se celebraba el debate del estado de la región, en el que el presidente de la Junta no decía ni una palabra de como abordar este grave problema de Comunidad, es decir, tener una política para remediar el problema más grave de la Comunidad y  que permitiría tener una solución para resolver el descontento de los leoneses que manifiestan no querer seguir en la Comunidad en la que están en este momento.

Quizás lo que en mayor medida demuestra esta iniciativa firmada en la Diputación de León es la preocupación de un territorio que con una riqueza incomparable, tanto desde el punto de vista de sus recursos naturales, culturales, patrimoniales, que es conocedora de sus fortalezas, de su potencial de desarrollo, de la posibilidad de que a partir de todo ello se pudiera generar riqueza y siente como las decisiones políticas que podrían sacarlo del ostracismo, de la pérdida de población a chorros no se producen