Los veterinarios no pueden recetar antibióticos como antes: "Con la nueva normativa, un animal puede morir de infección"

Ayer, 5 de marzo, las clínicas veterinarias de media España permanecieron cerradas. Entre ellas, las de la ciudad de Zamora. Los profesionales de este sector acudieron a Madrid para manifestarse ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en protesta por la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, el cual prohíbe a los veterianos dispensar medicamentos directamente en sus clínicas y obliga a que sean las farmacias las encargadas de entregar los fármacos a los dueños de las mascotas.

Así es desde el pasado 2 de enero de 2025, y según el Gobierno de España, dicha medida busca combatir el uso indiscriminado de antibióticos y la resistencia bacteriana, con la aparición de las conocidas como 'superbacterias'. Pero el sector veterinario prácticamente en bloque ve en esta nueva normativa un "atropello sin precedentes" a su criterio clínico, y que pone en "grave riesgo" la salud de sus pacientes.

Y es que la nueva ley obliga a que todos los tratamientos, incluso aquellos considerados de urgencia, deban ser prescritos a través de una marca comercial y consignados en una plataforma digital llamada Presvet. Esto hace que los veterinarios se vean obligados a seguir un listado de medidas previas a la prescripción que, en casos de urgencia, puede significar retrasos "críticos" en la administración de tratamientos.

La gatita Wendy es la segunda víctima mortal de la nueva ley de administración de antibióticos en veterinarias

Así lo explica Emilio López, de la Clínica Veterinaria Santa Elena de Zamora, quien detalla que si se necesita prescribir un antibiótico de categoría superior, están obligados realizar un cultivo y esperar los resultados durante varios días. Un tiempo en el que la salud del animal puede deteriorarse de forma irreversible o incluso "que puede llevarle a morir".

Emilio López aclara que, a pesar de poder recetar, el principal inconveniente reside en el modo de aplicación de la ley. La regulación obliga a utilizar únicamente medicamentos de uso veterinario sin posibilidad de cambiar a fórmulas de origen humano, aún cuando se "tenga evidencia" de su eficacia en determinadas dosis.

Además, el veterinario lamenta que el prospecto del medicamento sea el único referente, "eliminando el criterio clínico propio" que desarrollan estos profesionales con la formación continua y la actualización en estudios independientes.

El veterinario subraya que la normativa obliga a seguir el prospecto original de medicamentos –algunos con registros de hasta veinte años–, impidiendo ajustar dosis o usos basados en la evidencia clínica actual. "Yo sé lo que le tengo que poner a tu perro o a tu gato, pero me veo atado de manos porque tengo multas de 90.000 a 1.200.000 euros", comenta, haciendo hincapié en la alta sanción que supone cualquier desviación a la normativa, a pesar de conocer en base a su experiencia y formación alternativas más adecuadas.

La nueva normativa obliga también a que los dueños de las mascotas tengan que adquirir cajas completas del medicamento exclusivamente en las farmacias, aunque solo necesiten unas pocas dosis. Ya que, hasta ahora, las clínicas veterinarias tenían la potestad de vender las dósis necesarias de los antibióticos para el tratamiento de cada paciente.

Por ejemplo, si un gato requiere un tratamiento de cinco días, en consulta se le suministran las pastillas necesarias. Sin embargo, al tener que recetar en farmacia, el medicamento se dispensa en cajas mínimas de diez unidades, generando exceso que "se tiran, se comen o se administran en otro momento"

Para estos profesionales, esto implica no solo un desperdicio, sino también un incremento en el coste del tratamiento de sus pacientes debido al elevado IVA aplicado a la prescripción de farmacia. Emilio López recalca la nueva ley genera un perjuicio económico para los dueños, al tener que comprar "cajas de 30 pastillas cuando necesitan 5" y recalca que provoca un riesgo de automedicación incorrecta con los restos de los medicamentos "que pueden gestionar mal al tenerlos por casa".

Riesgo de muertes

Asimismo, este veterinario pone sobre la mesa los posibles riesgos mortales que pueden derivar de la normativa en situaciones urgentes. Y es que si un animal presenta una infección grave o se sospecha de septicemia, el veterinario se ve obligado a esperar entre 4 y 5 días para disponer del resultado de un cultivo. Un tiempo que puede resultar fatal en casos críticos. "Si en ese impás tenemos una septicemia, el animal se muere", advierte.

Emilio López se explica que, en condiciones normales de un día laboral, se estima que un cultivo tarda "3 o 4 días", pero también se menciona que, en determinadas circunstancias, el análisis puede demorarse "hasta una semana".

Esto se debe, en parte, a que durante los fines de semana no se realizan estos análisis, lo que prolonga el tiempo de espera, pudiendo poner en riesgo a los animales en situaciones de urgencia, como en casos de shock séptico.

Una situación que puede darse con algo tan cotidiano como un perro infectado y el problema que supondría con la nueva normativa para prescribirle antibióticos. Según explica, en casos de mordeduras –que son heridas propensas a infectarse–, lo habitual sería emplear amoxicilina como primera línea de defensa. Sin embargo, señala que aunque "se sabe" que la amoxicilina debería ser el tratamiento de urgencia para combatir la infección derivada de la mordedura, la normativa obliga a realizar un cultivo previo para determinar el antibiótico más adecuado.

Esto implica esperar varios días (entre 3 y 4, e incluso hasta una semana en algunos casos) para obtener los resultados del antibiograma, lo que puede dejar al animal sin un tratamiento efectivo en un momento crítico.

Esta demora en iniciar un tratamiento basado en el cultivo puede significar que la infección avance, llegando incluso a situaciones de septicemia y en casos extremos, provocar la muerte del animal. Esto es lo que ha ocurrido recientemente con Selva, una perrita gallega de 9 años, que falleció el pasado 15 de febrero, por una sepsis derivada de la mordedura de un perro, que se complicó mientras se aplicaba la nueva normativa.