
La pandemia impactó de tal forma en este sentido que 2020 fue el año con más suicidios entre los reclusos españoles.
La paradoja del suicidio en las cárceles: ha aumentado un 182% desde 2011 mientras desciende la población reclusa
En 2022, según los datos del Consejo de Europa, se suicidaron 48 personas en las prisiones españolas, con una tasa de 8,6 suicidios por 10.000 reclusos.
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El riesgo de suicidio es mayor dentro que fuera de la cárcel: la tasa puede llegar a ser hasta nueve veces superior. Los últimos datos, de hecho, muestran que el número de presos que ponen fin a su vida en los penales españoles ha aumentado, mientras que en la población general se ha experimentado un ligero descenso.
Según los datos del Consejo de Europa, en 2022 se suicidaron 48 personas en las cárceles españolas, con una tasa de 8,6 suicidios por 10.000 reclusos. En 2011, primer año en el que este organismo registra las cifras de Cataluña junto a las del resto de España, 17 presos se suicidaron; esto es, ha aumentado un 182% en 'sólo' 11 años.
Cabría esperar que este incremento se debe a que cada vez hay más presos en las cárceles de nuestro país. Sin embargo, sucede justo lo contrario: la población penitenciaria en 2022 fue de 46.468 internos, mientras que en 2011 se cifró en 70.472, según los informes que elabora anualmente la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Para la psicóloga penitenciaria María Yela, esta paradoja responde a dos posibles motivos. Por un lado, explica a EL ESPAÑOL, "la población penitenciaria se ha reducido porque los jueces han incrementado las medidas alternativas a la entrada en prisión". Y por otro, "la prisión no deja de ser un reflejo de la realidad externa".
Soportar la "doble condena"
Igual que "en la calle" cada vez hay más problemas de salud mental, entre los presos también se observa un aumento en este sentido: "Estamos pasando por un tiempo delicado que obedece a que no somos realistas. Esperamos ser felices con resultados a corto plazo que son fáciles. Debemos aprender a ser más perseverantes y no tener falsas expectativas en la vida".
Yela también apunta a la pandemia como otra de las razones, pues durante el periodo de confinamiento "los internos tuvieron que soportar la doble condena", al no poder recibir visitas. El impacto de esta "doble condena" se observa precisamente en 2020. Aquel año, en las prisiones españolas se suicidaron 62 personas, la cifra más alta en la última década.
En este periodo, 2022 es, por detrás de 2019 (49), el tercer año con más suicidios. De los 48 que se registraron, el 41% se encontraba en prisión provisional. Y es que estar a la espera de ser juzgado es uno de los principales factores de riesgo para que un recluso se quite la vida, como bien sabe Yela, funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias en la especialidad de Psicología desde 1982.
"La espera del juicio puede dilatarse mucho, por lo que genera mucha incertidumbre en los internos", explica. Esta inseguridad desaparece con la llegada de la condena, incluso si es larga, puesto que "ya saben con qué pueden contar". Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de suicidio aumenta en las primeras horas o días de reclusión. "Es un tiempo muy difícil", apunta Yela, quien aunque está jubilada, continúa visitando varias cárceles españolas como voluntaria.
En su dilatada trayectoria ha podido comprobar cómo el programa de prevención de suicidios es, dentro de lo mejorable, de las medidas que mejor funcionan. En 2022, según el informe de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, se incluyó en dicho programa a un total de 1.872 internos (175 de ellos eran mujeres).
La inclusión en este programa, como explica Yela, comienza con la valoración psicológica a un preso que "no suele estar muy deseoso de que ocurra esta intervención": "Yo siempre abordaba con ellos el tema de qué hacían en la calle hasta entrar en prisión: qué leían, cómo comían, en qué trabajaban, con quiénes se relacionaban, etcétera".
El objetivo no era otro que "ver qué se podía seguir haciendo" y "que no se pusieran más rejas de las que ya tiene la prisión". Con esta valoración se estudia, junto al médico y la junta de tratamiento, cuál será el módulo o la sección de destino. En el caso de que se detecte un posible riesgo de conducta suicida, se decide su inclusión en el programa de prevención de suicidios, donde puede permanecer "desde tres semanas hasta seis meses".
La libertad, un riesgo
Además del tratamiento psicológico, en estos programas también participan los internos de apoyo, a los que se les ha formado previamente mediante cursos para saber cómo actuar. Aunque difiera de la imagen que se pueda tener en el exterior, los reclusos, como valora Yela, "tienen bastante sensibilidad": "A veces son los propios compañeros los que van al psicólogo porque han visto que uno de ellos apenas come, está vendiendo sus pertenencias y no quiere participar en las actividades".
La decisión de incluir (o no) a un preso en el programa de prevención de suicidios no siempre resulta acertada. En 2022, estaban bajo el protocolo alrededor del 40% de los presos que se suicidaron; duplicando el porcentaje que se registró seis años antes. Igual que sucede en el exterior, dice Yela, "el ser humano es impredecible" también en prisión, donde "a veces, y aunque parezca paradójico, la libertad supone un riesgo de suicidio" para los presos que ven finalizar su condena.
Otro de los motivos por los que estos protocolos no terminan de ser eficaces es "la elevada falta de personal". Como ya denunció el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), José Joaquín Antón, en una entrevista con este periódico, "hay un déficit extraordinario de médicos en prisiones, no sólo de psiquiatras".
Los propios internos de apoyo también se ven afectados por esta falta de recursos. En algunos centros penitenciarios, el Defensor del Pueblo ha solicitado que "el interno de apoyo no tenga que estar las 24 horas del día pendiente del apoyado", al ser "física y psicológicamente imposible de realizar".