Ángel María Villar, en un Congreso de la FIFA (mayo de 2016). Getty
Anticorrupción pide 15 años y medio de prisión para Villar por delitos de falsedad documental y administración desleal
La Fiscalía Anticorrupción le acusa de corrupción por conseguir que su hijo organizase los amistosos de la Selección a pesar de perjudicar a la RFEF.
Más información. Villar fue invitado por la RFEF a la Supercopa de España y viajó a Arabia Saudí antes de ser procesado por el 'caso Soule'
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 15 años y medio de cárcel para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y siete para su hijo, además de una multa cercana al millón de euros. Entre los delitos que se le acusa se encuentra administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad documental durante su etapa al frente de la institución.
El escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, señala también a su hijo Gorka, quien deberá pagar de manera conjunta con su padre una indemnización a la RFEF superior a los 3,6 millones de euros.
No es el único frente abierto que tiene Ángel María Villar. El expresidente se encuentra procesado en el 'caso Soulé' por haber efectuado una serie de actuaciones para conseguir que su hijo organizase amistosos de la Selección a pesar de que las condiciones no beneficiaban a la Federación. Además, también se le acusa de beneficiar a terceros simulando que prestaban servicio a la institución.
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Anticorrupción también señala a Juan Antonio Padrón, vicepresidente económico de la Federación, quien también se habría prevalido de su cargo. La Fiscalía reclama para él seis años y medio de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental.
En el escrito de acusación se profundiza que desde al menos 2009, al margen de todos los órganos de la RFEF, el expresidente decidió que su hijo Gorka eligiese los rivales de la selección española en los partidos amistosos. Por lo que era su empresa -para la que se insta una multa de 1,65 millones de euros- quién eligió el oponente, el lugar y las condiciones económicas.
El 'caso Soulé'
En el mes de enero, el juez Francisco de Jorge procesó a Ángel María Villar por la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado a la Real Federación Española de Fútbol un perjuicio de 4,5 millones de euros.
El magistrado consideró que Villar habría eludido el control y la intervención de los órganos competentes de la RFEF y habría atribuido a su hijo la elección de los equipos rivales y la negociación de las condiciones de los encuentros, pese a que Gorka no tenía relación laboral, contractual o poder de representación con la Federación.
Y eso habría permitido -añade el magistrado- al hijo de Villar "negociar y acordar no solo los rivales, sino también los términos económicos de la celebración de los partidos en función de su conveniencia y de la sociedad Sport Advisers SL", aunque resultase perjudicial para la RFEF.
Se habrían celebrado partidos amistosos con, al menos, las selecciones de Corea del Sur, Chile, Venezuela, Perú y Colombia. Los dos partidos con Corea habrían supuesto, según el auto, un perjuicio a la RFEF de 630.000 euros, mientras que por los dos con Chile se habrían dejado de ingresar, al menos, 3,2 millones.
Según la operativa detallada en el auto, Gorka Villar habría firmado contratos de asesoramiento con federaciones extranjeras con el compromiso de disputar amistosos entre las selecciones de ambos países con un precio menor del que podría haber obtenido la RFEF.
El juez detalló otras supuestas irregularidades, como el pago a personas de confianza de Villar por servicios no prestados o la simulación de la jubilación de su secretaría para evitar que perdiera derechos económicos, una actuación que supuso a la Federación un pago de 235.443,04 euros.
Las maniobras de Villar
El auto señala que Villar "decidió favorecer económicamente con cargo a fondos de la RFEF" a dos individuos ya fallecidos con quienes "se simuló prestación de servicios" para la institución.
También a una empleada a quien se trató de modificar el tipo de relación laboral esquivando la ley, y a Adoración De Pedro, simulando su jubilación para que no perdiera determinados derechos económicos. Está acusada de apropiación y falsedad y la Fiscalía pide para ella dos años y nueve meses de cárcel.
En estos hechos habrían estado involucrados el vicepresidente económico Juan Antonio Padrón y Pedro Rubio, quien era el responsable de Recursos Humanos, además de José María Castillón, administrador general de la RFEF.
La Fiscalía dice que fueron "conscientes de la inexistencia de prestación efectiva de obra o servicio" por parte los dos fallecidos y abordaron cómo "continuar simulando y abonando ésta conforme a lo interesado por Ángel María Villar". Afrontan seis años y medio de cárcel, como Antonio Doblas, asesor laboral entonces de la RFEF y Jorge Juan Pérez Arias, que fue secretario general hasta 2016.
