Pasado mañana el Guggenheim Bilbao cumple 15 años, que celebra con entrada gratuita durante el fin de semana y con una gran tarta de galletas "color titanio". En estos tiempos tan sumamente duros para los museos españoles, éste es uno de los pocos que están blindados -relativamente- frente a los recortes presupuestarios. Que también les llegan, pero a otro ritmo. Les explico por qué.

Hace un mes, la Consejera de Cultura, Blanca Urgell, confirmó que el Gobierno Vasco no va a hacer este año la aportación anual para adquisición de obras de arte que, desde la creación del museo, venía siendo habitual. La colección del Guggenheim Bilbao es en realidad propiedad de la Sociedad Tenedora Museo de Arte y Moderno de Bilbao S.L., participada al 50% por el Gobierno Vasco y la Diputación de Vizcaya. Ahí es donde ambas administraciones pueden meter la tijera -con distinto nivel de ensañamiento, por razones en gran medida partidistas- y no han dejado pasar la oportunidad de unirse a la furia exterminadora de instituciones culturales que recorre nuestro país. Durante años respetaron el acuerdo inicial de sumar seis millones de euros anuales para este concepto; con la crisis, la cantidad empezó a bajar -5,2 millones en 2010, 2,8 en 2011- hasta que en 2012 quedó en dos millones, que se abonarían el 30 de septiembre. Pero unos días antes el gobierno autonómico dijo que prefería gastar el dinero en otras cosas. Urgell alega que su decisión no tendrá grandes repercusiones porque no hay compras pendientes y "existe un fondo procedente de años anteriores que está todavía por gastar". Según la memoria de actividades del museo en 2011, se compraron tres obras: de Mona Hatoum (392.000 €), Doris Salcedo (541.000 €) y una serie de once burdos y carísimos retratos de Alex Katz (1.200.000 €). Pues sí: les quedaban 667.000 euros del año pasado.

En el CAAC, Fernando Francés, Francisco de la Torre (alcalde de Málaga) y Damián Caneda (concejal de Cultura, con Mónica Bonvicini y su obra Satisfy Me

En los últimos meses, algunas comunidades autónomas comienzan a privatizar la gestión del patrimonio y las infraestructuras culturales. Los arqueólogos están muy alarmados por las intenciones de la Junta de Castilla La Mancha, que quiere sacar a concurso la gestión de varios yacimientos. En el terreno del arte contemporáneo hay, además del del CAAC, otros ejemplos más modestos. La empresa Trànsit Projects ha sido adjudicataria de la programación de varios centros cívicos en Barcelona, y gestiona al completo Can Xalant, un centro de recursos para artistas. La adjudicación se hace mediante concurso y contrato, por una cantidad previamente estipulada, pero los períodos suelen ser cortos, de uno o dos años.

Me voy un poco del tema, pero lo tengo que decir: el Ayuntamiento de Fuengirola no ha entendido el mecanismo: que la administración paga a una empresa para que dé un servicio durante un tiempo establecido. Acaba de sacar a concurso la gestión de su nuevo Centro de Arte Contemporáneo -antes Museo de Historia- y en el pliego de cláusulas señala "generosamente" que no cobrará ningún canon al adjudicatario. Deben creer que quien monte el chiringuito cultural se va a forrar.

En fin, seguramente habrá bastantes más casos de museos y centros que, en virtud de contratos de uno u otro tipo, salen más o menos indemnes de los tijeretazos. Podríamos pensar que este tipo de garantías es exclusivo de la gestión privada o de las fundaciones de derecho privado con compromisos económicos en firme. Pero si miramos a otros países, veremos que no es así. Los grandes museos británicos tienen funding agreements o acuerdos de financiación a tres años. Aunque los museos locales estén pasando un infierno, el British Museum, por ejemplo, goza de esa posibilidad de trabajar con cierta perspectiva. El Louvre, como diversos museos estatales franceses, se administra según un "contrato de objetivos y de resultados" también de tres años. Dispone, incluso, de un "horizonte de trayectoria financiera" hasta 2020 que, ya sabemos, puede ser modificado. Y sucederá pero, ¿como aquí? La ministra Aurélie Filippetti ha avanzado hace muy poco, con gran consternación, que en 2013 tendrá que aplicar recortes a las instituciones culturales. ¡De entre un 0,5 y un 2,5%! Y ¿saben cuál es el presupuesto actual del primer museo francés, al que corresponde un 2'5%? 210 millones de euros, de los que el Estado aporta la mitad. Y con una Ley de Mecenazgo que ya la querríamos.

Concluyo. Que, en España, los distintos gobiernos sólo aseguran a medio plazo la financiación de las instituciones culturales cuando les obligan. Y que así no se puede seguir.