Ilustración de Ajubel

La cultura española se viene rigiendo por leyes de hace décadas, cuando no preconstitucionales, incapaces por tanto de abordar los desafíos que las nuevas tecnologías plantean hoy. Al parecer, sólo se está al día en lo que a los derechos de autor se refiere. El Cultural toma el pulso al sector editorial, el artístico, el teatral, el cinematográfico y el musical desde el punto de vista legislativo: qué leyes están en marcha y cuáles parecen condenadas al olvido. Las buenas noticias parecen ser el proyecto de Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas aprobado a comienzos de noviembre, y la Ley del Cine, que se espera que esté concluida a final de año, pero de la Ley de la Música apenas se sabe nada. Porque hay de todo, desde una Ley del Patrimonio de hace veinte años, a un proyecto para sustituir el Reglamento de los museos, elaborado en 2004 y que aún no ha sido enviado a las Cortes, afortunadamente según los expertos. O la incertidumbre de nuestra escena, que se debate entre un Plan elaborado por la Asociación de Autores y un proyecto de Ley preparado por la Asociación de Directores.

El teatro es uno de los sectores culturales que aún no dispone de un marco legal. Intentos, sin embargo, no han faltado. Actualmente hay dos propuestas al respecto: El Plan General de Teatro y el Proyecto de Ley del Teatro.

La iniciativa del Plan data de febrero de 2001, cuando la mayoría de los sectores teatrales (las asociaciones que agrupan autores, directores, empresarios y actores, a las que se unieron la red de teatros y auditorios, la coordinadora estatal de salas alternativas, la coordinadora de ferias de artes escénicas y la Associació d’Actors i Directors professionals de Catalunya) se sentaron con los responsables del Ministerio de Cultura (entonces del PP, con Andrés Amorós como director del INAEM) con el fin de dotar al teatro de un Plan de acción.

Después de la primera reunión, la Asociación de Directores de Escena, ADE, se desvinculó del proyecto y puso en marcha otra iniciativa paralela, el Proyecto de Ley del Teatro, en el que también participan la AISGE (asociación que gestiona los derechos de actores, bailarines y directores) y que cuenta con el apoyo de la Unión de Actores y de la Federación de Artistas del Estado Español, que también apoya el Plan porque, según su representante Jorge Bosso, "ambos proyectos son compatibles".

Tras la salida de la ADE y del cambio de gobierno en 2004, el proyecto del Plan de Teatro ha seguido en marcha -aunque ralentizado- y en la actualidad se trabaja a partir de su décimo borrador, que se actualizará y revisará hoy mismo. El INAEM ha estado presente en el desarrollo de este Plan "como elemento coordinador", declara Jesús Campos, presidente de la Asociación de Autores de Teatro. Por su parte, la ADE y la AISGE acaban de presentar los 9 capítulos y 45 artículos de su Proyecto de Ley del Teatro.

Diferencias de forma y fondo
La primera diferencia entre una y otra propuesta atañe a la utilización de los conceptos "Ley" y "Plan". Para Campos, "el plan es más fácil de cambiar que la ley. Esa dificultad hace que, con una ley por medio, la actitud teatral sea más conservadora y asuma menos riesgos". Sin embargo, para el secretario general de la ADE, Juan Antonio Hormigón, "la ley establece un marco legal preciso que obliga al gobernante a cumplirla, mientras que un plan está sujeto a la voluntad de los estadistas". Ambas propuestas coinciden en la necesidad de considerar el teatro como un servicio público.

El "contrato-programa"
Uno de los principales puntos del Plan General de Teatro es la creación de un "contrato-programa" para acabar con la designación "a dedo" de los gestores de teatros públicos. Así, los candidatos presentarían a concurso su programa para la gestión de los centros de producción públicos. En el Proyecto de Ley del Teatro el director de cada centro sería elegido por un patronato que incluiría representantes sociales, profesionales y del ámbito geográfico de referencia.

La autoría y propiedad
De aplicarse uno de estos proyectos, las figuras del autor y del director saldrían beneficiados, pero cada una por separado y según en qué propuesta. En el Plan se alude al "establecimiento de objetivos mínimos de presencia de autores teatrales españoles en la actividad de los teatros de titularidad pública, tanto en sus actividades de producción propia como en la de programación". Esto significaría la presencia de una cuota. Por su parte, el Proyecto de Ley incide especialmente en la "autoría material" del espectáculo escénico: Art. 16: "(...) El director de escena es el autor material del espectáculo escénico y, en consecuencia, la persona que detenta los derechos de autoría del mismo, con independencia de los derechos que legítimamente puedan corresponder a otros creadores y participantes en el desarrollo y difusión del productor". En el punto anterior queda recogido que "la dimensión ética y estética del producto final corresponde al director de escena".

Tratamiento fiscal especial
En el artículo 11 del Proyecto de Ley se refiere al "desarrollo de una normativa específica en materia fiscal (...)", mientas que en el Plan se habla de "medidas que den un tratamiento fiscal a los ingresos profesionales procedentes de la actividad teatral comparativamente más favorable que el que se percibe de otros sectores de la industria cultural suficientemente consolidadas televisión, cine (...)".

Otros puntos clave del Plan son la creación de una red de redes que agilice la distribución de espectáculos y que elimine los problemas del tráfico de espectáculos entre las Autonomías, el aumento de dotación para los teatros en los presupuestos públicos, la creación de teatros y auditorios en los municipios a partir de cierto número de habitantes, la producción y promoción del teatro por parte de las televisiones, mayor atención al teatro infantil y de calle y la promoción de la educación teatral. Igualmente, el Proyecto de Ley del Teatro abunda en el desarrollo educativo
teatral controlado y reglado, la creación de un teatro público en poblaciones de al menos 20.000 habitantes y pide una Ley Orgánica de Enseñanzas Superiores Artísticas. "La Ley del Teatro -se dice en la Exposición de motivos- apuesta decididamente por la intervención de las administraciones públicas en la estructuración, mantenimiento y desarrollo teatral"-. La consideración del teatro como servicio público en ambas propuestas no disminuye, sin embargo, su valor como industria y mercado cultural en el que la iniciativa privada es fundamental.