
Mando a distancia El Androide Libre
Los bloqueos masivos en Internet ordenados por LaLiga siguen adelante: desestiman a las partes afectadas
El mismo juzgado de Barcelona que ordenó los polémicos bloqueos masivos ha desestimado los recursos de las partes afectadas.
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Los nuevos bloqueos de páginas web y servicios en España, obtenidos por LaLiga y Telefónica a finales del 2024, seguirán en marcha pese a la cantidad de internautas y empresas afectadas. De hecho, la decisión del Juzgado de lo Mercantil nº 6 va más allá, considerando que no está probado que existan esos afectados.
Esta parece ser la conclusión de una de las mayores polémicas que están viviendo los internautas españoles, víctimas colaterales de la guerra entre los propietarios de los derechos de fútbol, y los piratas. Medios como Xataka y Bandaancha han tenido acceso al auto judicial, en el que se desestiman los incidentes de nulidad presentados ante la decisión tomada por el mismo juzgado.
La historia empezó con el desarrollo de la nueva tecnología ECH para una mayor protección de la privacidad de los usuarios. Navegadores como Chrome y Firefox, y plataformas como Cloudflare, ya soportan ECH para cifrar todo el contenido de la conexión y evitar que espías y hackers puedan obtener la dirección (URL) de los sitios que visitamos. Sin embargo, la consecuencia de esto es que los bloqueos tradicionales de páginas web se volvieron inútiles, ya que se basan precisamente en conocer la URL a la que se conecta el navegador.
En respuesta, LaLiga solicitó a la justicia española la capacidad de iniciar un nuevo tipo de bloqueo dinámico, basado en direcciones IP en vez de en URL, que le permita asegurarse de que los servicios ilegales que retransmiten partidos de fútbol de manera pirata sean bloqueados. Sin embargo, el inconveniente de este sistema es que la mayoría de las páginas web y servicios actuales no tienen una dirección IP única, sino que es compartida con otros clientes de servicios en la nube como Cloudflare.
Como resultado, en las últimas semanas cada jornada de fútbol se ha caracterizado por un bloqueo masivo de páginas web legales, que comparten dirección IP con servicios ilegales sin saberlo. Unas consecuencias que, según Cloudflare, habrían sido ocultadas por LaLiga durante su demanda original. La compañía fue la primera en presentar un incidente de nulidad de la sentencia, con la esperanza de que el juez comprendiese que este caso era más complicado de lo que los propietarios de los derechos habían presentado; poco después, la organización de ciberseguridad RootedCON presentó su propio incidente, con un informe pericial que acreditaría la existencia de víctimas colaterales inocentes.
Ninguno de los dos alegatos ha convencido al juez, que considera que los demandantes presentaron su incidente "con orfandad probatoria"; en otras palabras, cree que no han presentado pruebas suficientes de que la ejecución de bloqueos provoque daños. El juez incluso llega a afirmar que esta medida simplemente "impide acceder a contenidos piratas" y descarta que existan "bloqueos indiscriminados".
Además del rechazo de LaLiga y Telefónica, las dos organizaciones que obtuvieron la demanda original, el papel de Vodafone parece haber tenido peso; la operadora habría formulado una oposición a estos recursos, defendiendo el bloqueo de páginas web y considerándolos como adecuados.

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El resultado final de esta guerra judicial es que, si se celebra un partido de fútbol en España, los españoles tendrán problemas para visitar sus páginas web favoritas, incluso si no tienen nada que ver con el deporte o su piratería. De hecho, es más probable que LaLiga 'eche el resto' y empiece a bloquear más servicios de manera más agresiva; la organización ha emitido un comunicado en el que celebra el "importante respaldo jurídico".
RootedCON ha tenido duras palabras para el juez, afirmando que "ahora ha quedado claro su papel" en la polémica sentencia ahora que tiene "toda la información necesaria para dictar sentencia". La organización reafirma su "compromiso en la defensa de los ciudadanos", y promete que recurrirá "a todos los medios legales necesarios", aunque la decisión del juez no tenga posibilidad de recurso ordinario.