El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado este miércoles a los colectivos el borrador del anteproyecto de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado, un texto que, al salir a consulta pública, da el primer paso para su aprobación, que el Ejecutivo espera que sea por consenso.

En declaraciones a los periodistas tras este acto, desarrollado en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede del Gobierno regional, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha confiado en que la ley se apruebe por unanimidad de los tres grupos parlamentarios en las Cortes antes de que finalice el año.

"Es una ley que cierra el círculo de estos derechos de las personas con discapacidad que nos ha dictado la Convención de Derechos de la ONU", ha señalado Sánchez, quien ha detallado que en Castilla-La Mancha hay 140.000 personas con grado de discapacidad reconocido y, específicamente, con discapacidad psíquica hay unas 35.700 personas.

La ley tiene como objetivo establecer una garantía de apoyo residencial, una vez que la persona con discapacidad psíquica no cuente con sus apoyos familiares.

Así, busca articular un sistema de planificación de apoyos para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su autonomía para la toma de decisiones y que en la medida de lo posible puedan manifestar sus preferencias sobre la atención integral, igualdad de oportunidades y la participación activa en el entorno comunitario cuando sus apoyos familiares fallen.

Cumplir su voluntad

Sánchez ha recalcado que la ley sitúa a Castilla-La Mancha como comunidad autónoma "pionera" en la regulación de un sistema de apoyos a personas con discapacidad intelectual para que "tomen decisiones sobre su vida y, si fuera necesario, sean finalmente tutelados por la Administración regional".

Tomar sus propias decisiones

La ley cambia el modelo de sustitución en la toma de decisiones de la persona con discapacidad por un modelo de apoyo o complemento para que pueda adoptar sus propias decisiones, como establece el artículo 12 de la Convención de derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

Además, desarrolla lo previsto en la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, que prevé un sistema transversal de atención a las personas con discapacidad.

Entre otras cuestiones, establece diversas medidas de acción positiva, entre las que se encuentran las dirigidas a que los servicios y prestaciones sociales respondan a sus necesidades de apoyo singularizadas para poder desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Los representantes del Cermi Castilla-La Mancha, de las seis fundaciones tutelares que colaboran con el Gobierno regional, además del fiscal jefe y el juez decano de Toledo, han conocido el borrador del anteproyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad.