Estrés, inseguridad alimentaria y acceso limitado a la sanidad: así vive Afganistán tras más de tres años de terror talibán

La mitad de la población de Afganistán necesitará ayuda humanitaria este 2025 para sobrevivir. Así de contundente se muestra Naciones Unidas, e insiste en que son 23 millones las personas cuya supervivencia depende de la cooperación internacional. 

Desde que los talibanes volvieron a tomar el control de Kabul en agosto de 2021, la pobreza ha crecido exponencialmente, recrudeciendo la crisis humanitaria que ya vivía el país asiático. Según la ONU, la economía afgana se ha contraído un 33% desde entonces. 

A esto hay que sumarle que el empleo, el subempleo y el recrudecimiento de la pobreza afectan al menos al 48% de la población. Las normativas talibanas que impiden acceder a las mujeres al mercado laboral no hacen más que empeorar la situación: según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés), el coste económico de esta prohibición supone la pérdida de mil millones de dólares. Es decir, el 5% del producto interior bruto del país.

Reuters

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Esta situación se ve acuciada por los estragos de la crisis climática, que golpea con voracidad a Afganistán. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los desastres naturales que han sufrido todas sus provincias en las últimas tres décadas ponen al país en la línea de fuego del clima. 

Como ya se explicó en ENCLAVE ODS, el aumento de las inundaciones y sequías en territorio afgano, provocan que, año tras año, la crisis alimentaria que está viviendo la población se recrudezca. Y es que, según indica la ONU, Afganistán es uno de los países más vulnerables al cambio climático y de los pocos que no ha recibido aprobación para nuevos fondos desde el regreso de los talibanes.

¿Vida? ¿Qué vida?

Según un estudio publicado a finales de enero en la revista científica PLOS Mental Health, nueve de cada diez personas en Afganistán "luchan" a diario por sobrevivir en una situación en la que "su calidad de vida se ha visto reducida" sustancialmente. Desde que regresaron los talibanes al poder, los niveles de estrés, inseguridad alimentaria y la falta de acceso a los servicios sanitarios se han vuelto insostenibles. 

La investigación, realizada sobre el terreno desde 2021, concreta que siete de cada diez habitantes no pueden acudir al médico cuando lo necesitan. Algo de lo que ya alertaba en ENCLAVE ODS, Geke Huisman, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Afganistán.

Huisman asegura que "la situación general no ha mejorado en los últimos diez años" y ya antes del golpe de Estado talibán "había un problema de acceso a la atención médica". Además, insiste que "la cobertura sanitaria básica también ha empeorado en la última década". Y el Gobierno talibán ha hecho aún más mella en ella. 

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Los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) le dan la razón. Afganistán es uno de los países del mundo con una de las peores ratios de muerte materno infantil: de cada 100.000 nacimientos, 699 personas fallecen.

'Apartheid' de género

La médica de MSF, con más de diez años de experiencia en el país asiático, asegura que la situación es crítica, especialmente para las afganas. "Como mujer no se te permite viajar sola, ni tomar decisiones; así que tienes que esperar a que el hombre regrese a casa y te dé permiso para ir al hospital", cuenta, por lo que la mayoría de las pacientes llegan en estado grave. 

La segregación en el acceso a los transportes, pero también a los hospitales, complica aún más los tratamientos. Pero esta situación extremadamente precaria repercute, también en cómo se dibuja el futuro del país. Desde septiembre de 2021, las niñas afganas tienen que abandonar la escuela al cumplir los 11 años.

Mujeres afganas desplazadas esperan recibir ayuda económica para personas desplazadas en Kabul, Afganistán, el 28 de julio de 2022.

Un año después, los talibanes les prohibían acceder a la universidad. Aquellas que ya estaban en aquel momento matriculadas, sin embargo, continuaron su formación, especialmente quienes asistían a escuelas de enfermería. Pero como indica Huisman, esta "aberración" está teniendo ya nefastas consecuencias, pues Afganistán se está quedando sin mujeres sanitarias, especialmente en enfermería, tanto general como obstétrica. 

Eso sí, los talibanes no quieren "a un enfermero varón tocando a una mujer; no está permitido". Así que ¿quién va a atender a las mujeres enfermas? ¿Y a las parturientas? ¿Y a esos bebés recién nacidos que necesitan contacto con su madre?

Esto forma parte de lo que muchos expertos han denominado ya apartheid de género, pues los derechos de las mujeres en Afganistán no existen. Y es que las afganas han dejado de existir y de ser seres humanos para su gobierno y compatriotas.

Aparte de expulsarlas de la educación, la sanidad o, incluso, del mercado laboral, las mujeres en Afganistán, por ley, han dejado de tener entidad y voz propia. Esto último, no es una forma de hablar: el verano pasado sus cuerdas vocales se apagaron.

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Una ley talibana prohibió entonces a las mujeres exponer su cuerpo en público bajo ninguna circunstancia —incluido el rostro—. Y como cuerpo, los talibanes también entienden sus voces. La normativa en vigor del gobierno afgano ha utilizado el término aurat —que significa parte íntima del cuerpo de un hombre o mujer— para referirse a la capacidad de ellas para hablar.

Así, los talibanes defienden que las afganas no puedan hablar, ni cantar, ni mostrar ninguna parte de sí mismas en público. Esto, como denuncian desde Human Rights Watch, es una violación directa de su autonomía, lo que las "borra aún más de la sociedad" y "sexualiza y objetiviza".

En esta línea, en diciembre del pasado año, el Gobierno de facto talibán prohibía también construir ventanas en edificios residenciales que tengan vistas a casas vecinas en las que residan mujeres. Todo, justificaron, para "salvaguardar los principios islámicos y los derechos de la ley islámica de los vecinos".

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Eso sí, cuando se anunció esta nueva normativa, se hizo en referencia a las nuevas edificaciones, y sin especificar cómo se determinará si una ventana tiene vistas o no "a una zona empleada por mujeres". Tampoco si la orden también deberá cumplirse en las viviendas ya construidas. 

Esta regresión de derechos es cada vez más similar a las posturas que adoptaron los talibanes durante su anterior régimen. Entre 1996 y 2001, con una rígida interpretación del islam llena de conceptos preislámicos y su estricto código social conocido como pastunwali, recluyeron a las mujeres dentro de los confines de sus hogares.