No es ningún secreto que vivimos en ciudades saturadas debido al gran volumen de vehículos privados que circulan, lo que provoca grandes congestiones de tráfico, altos niveles de contaminación atmosférica y un ruido constante. Todo ello, mientras la amenaza del cambio climático acecha sobre nosotros.
Es evidente: el sector del transporte y la movilidad se ha convertido en una de las principales fuentes de contaminación de nuestro planeta. En España, este representa el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España, mientras que en Europa, el transporte particular es el responsable de casi una cuarta parte del total de emisiones de CO2.
En otras palabras: lo que alguna vez fue un símbolo de progreso, la movilidad urbana, se ha transformado en una amenaza para nuestro bienestar y el futuro del planeta que, sin duda, exige un cambio urgente.
Por ello, ante este tipo de desafíos, es esencial adoptar un enfoque sostenible y centrado en las necesidades de los ciudadanos para implementar políticas y medidas urgentes que generen un cambio real y perdurable en el tiempo.
En este contexto, la reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, orientada a promover alternativas al uso del vehículo privado y en la forma en la que nos movemos, emerge como un rayo de esperanza en medio de esta crisis.
Esta ley pionera reconoce la movilidad como un derecho fundamental, apostando por transformar nuestras urbes en entornos más habitables, sostenibles e inclusivos. Su enfoque fomenta el transporte público eficiente, así como el desarrollo de infraestructuras urbanas diseñadas para promover la movilidad activa (caminar y usar la bicicleta).
Asimismo, reducir la dependencia del vehículo privado es clave. La ley contempla desincentivar su uso a través de peajes urbanos y zonas de bajas emisiones, medidas que deben complementarse con la promoción de alternativas atractivas y eficientes.
En este sentido, el transporte público debe ampliarse a todos los municipios, ofreciendo un servicio eficiente, económico y accesible. Además, otras alternativas como el carsharing, por ejemplo, pueden ser una solución para quienes necesitan un vehículo puntual sin tener que comprarlo.
En este caso, además, más allá de las medidas contempladas en la ley, es necesario un cambio cultural profundo en la sociedad. Queremos menos coches en nuestras ciudades y más espacios para las personas. Actualmente, en España hay más de 33 millones de coches ocupando más de 400 km2 de espacio en las calles.
Como propulsores del cambio, en Amovens queremos devolver el espacio a lo que realmente es importante: las personas. En este sentido, fomentamos hacer un uso más sostenible y eficiente de los recursos existentes, fomentando que las personas compartan sus vehículos y así evitar que se produzcan más para ser aparcados el 95% del tiempo.
La economía circular es el motor del futuro, incluyendo acciones como el reciclaje, la reutilización y la reducción de la producción en masa. En otras palabras, apostamos por producir lo que realmente se va a utilizar y utilizar solo aquello que ya se ha producido.
Les invito a reflexionar un momento. ¿Realmente necesitamos un coche propio si la mayor parte del tiempo permanece aparcado? La producción de un vehículo implica un consumo significativo de recursos económicos y ambientales. Con iniciativas como el alquiler de coches entre particulares, podemos evitar la compra innecesaria de coches que no van a utilizarse a diario.
Compartir coches nos permite aprovechar al máximo la vida útil de los vehículos existentes, reduciendo así su impacto ambiental. De esta manera, si conseguimos reducir el número de coches aparcados en las calles en un 70%, se podría satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos con más zonas peatonales y verdes. Es decir, cuidamos el planeta y optimizamos el uso de recursos valiosos.
En esta línea, es importante también repensar las ciudades. La ley promueve infraestructuras que favorezcan la movilidad activa y el transporte público (carriles bici, zonas peatonales, etc.), pero es necesario ir más allá. Repensar el espacio público, reducir el número de plazas de aparcamiento y fomentar la economía circular son acciones fundamentales para crear ciudades más habitables y sostenibles.
Por último, pero no menos relevante, es importante mencionar que para que la implementación de la nueva ley tenga sentido se requiere un esfuerzo conjunto por parte de todos los actores involucrados. El Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las empresas deben trabajar unidos para diseñar e implementar políticas coherentes y eficaces.
Es fundamental que las instituciones conozcan de primera mano las dificultades y oportunidades que presenta la transición hacia una movilidad sostenible, y establezcan un diálogo con las empresas que ya trabajamos para impulsar el cambio.
Solo así podremos crear un sistema de transporte equilibrado que promueva la diversidad de opciones de transporte, al mismo tiempo que responda a las necesidades reales de los ciudadanos y proteja nuestro planeta.
En resumen, el camino hacia una movilidad sostenible no será fácil, pero es imprescindible. La Ley de Movilidad Sostenible es un primer paso. Marca el rumbo correcto, pero su éxito dependerá de la voluntad política, la colaboración ciudadana y la innovación empresarial.
Es un reto ambicioso, pero instituciones y empresas tenemos la oportunidad de crear un futuro más verde y próspero para todos.
*** Alberto Bajjali es CEO de Amovens.
