Vanessa Mendoza Cortés (Andora, 1980) es la única psicóloga social experta en violencias sexuales en el Principado de Andorra. Ejercía esta profesión en la Diputació de Barcelona y en la Generalitat de Cataluña, y formaba a trabajadores del Gobierno de Portugal, hasta que decidió volver a su país natal en 2014. 

Allí  se encontró con un servicio gubernamental de mujeres maltratadas a punto de desaparecer.

Pregunta: ¿Por qué no se atendía a las mujeres?

Respuesta: La policía no enviaba al servicio a las mujeres que denunciaban.

Entonces es cuando descubre la realidad de Andorra, el Ejecutivo no cumplía algunas de las propuestas firmadas en acuerdos internacionales en lo referente a los derechos de las mujeres. Esta el caso del Convenio de Estambul, que recoge la lucha contra la violencia de género.

En Andorra el aborto está prohibido en todos los casos y castigado con penas de prisión. Abortar es un delito, incluso en caso de mujeres menores que han sufrido una violación o en el que la vida de la madre corra riesgo. Junto a Malta, es el único país europeo que aplica leyes tan estrictas sobre el aborto.

[El aborto, un derecho no reconocido en gran parte del mundo]

Las mujeres y niñas que quieren abortar de forma segura tienen que viajar al extranjero, mayoritariamente a Cataluña o Francia por cercanía, y así evitar riesgos. Mientras que las que no pueden viajar se enfrentan a violaciones de derechos humanos.

Cuando abortar es delito

Para cubrir esas necesidades de las mujeres nace Stop Violències en 2014. “Queremos ser un punto de reunión para todas las personas de Andorra que quieran una sociedad mejor, un país libre de violencias”, se define la asociación en su web.

Al timón de esta organización, que presta apoyo a mujeres y niñas embarazadas para que puedan acceder al aborto seguro y legal en el extranjero, sigue Mendoza. Por supuesto, trabaja al margen de la política andorrana a pesar de los intentos de diálogo con las instituciones públicas durante dos años.

El punto de inflexión llegó con un caso que atendió en Stop Violències. Una mujer violada necesitaba abortar y, en ese momento, Mendoza descubrió que era ilegal en Andorra. “Como en España y Francia ya lo tenían resuelto, pensábamos que en Andorra también, pero nos encontramos con el fundamentalismo. Fuimos a hablar con todos los partidos políticos, que nos aseguraron que el aborto no estaba en la agenda política”, confiesa la psicóloga social.

Un cartel que reza 'fuera de nuestros ovarios' en una protesta en Andorra. Cedida

El actual presidente del Gobierno, Xavier Espot Zamora, entonces ministro de Asuntos Sociales, Justicia e Interior, le aseguró que “no se ha hablado, no se habla ni se hablará nunca”. En ese momento, “aceptamos el reto”, admite Mendoza.

No podía trabajar en su país con mujeres supervivientes de violación. “¿Cómo vas a empezar a restablecer la psique de una mujer violada si no puede abortar? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué le cuentas? Era ponerse de parte de la misoginia, del feudo y de todos estos machistas", reivindica. 

Y añade: "Vas a hablar con ellos y se te ríen en la cara, te dicen que se puede ir a abortar a Barcelona. Se me ha violado en casa, soy una ciudadana y es responsabilidad de este Estado”.

'Libertad es decidir'

A pesar de su timidez, Mendoza cuenta que tomó la decisión de quedarse delante del movimiento y se agrupó con otras activistas en Cataluña. De hecho, Stop Violències es una continuidad de Sakura-Onna, una asociación establecida en Barcelona y que trabaja desde el año 2009 en atención psicológica a personas que han sufrido violencias sexuales, organiza actividades de sensibilización y prevención e imparte talleres de defensa personal.

Así, en 2016 organizaron la campaña Libertad es decidir con el propósito de informar a las mujeres andorranas de que no podían abortar. De esta manera, Mendoza comienza a batallar por el derecho al aborto, a elaborar informes y a enviarlos a organismos internacionales.

Uno de esos documentos recaló en una entidad que trabaja para la ONU, que le pidió un informe sombra, que sigue el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. “Todo lo que pone en el informe ya lo habíamos dialogado con el Gobierno. Su solución es que les diéramos el nombre de las mujeres que querían abortar. No, dadnos el derecho”, mantiene Mendoza.

Perseguida por la fiscalía

En 2019, denunció la situación de los derechos de las mujeres y las niñas en Andorra, incluido el impacto que tiene en ellas la prohibición total del aborto, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW). Así, llegaron sus reclamaciones al órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Esto le supuso que la fiscalía de Andorra presentara cargos de difamación contra ella, alguno castigado hasta con cuatro años de cárcel. Actualmente, está acusada de un delito “contra el prestigio de las instituciones”. Si es condenada, deberá hacer frente a una multa de 30.000 euros.

Una manifestación por el derecho al aborto en Andorra. Cedida

De este modo, la ONU la incluyó en un programa de protección de defensoras de los derechos humanos. En la evaluación de riesgos apareció el asesinato, solo tres meses antes de la pandemia. También cuenta con el apoyo de Front Line Defenders, que protege a las activistas defensoras de los derechos humanos que trabajan desde los postulados de la no violencia recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Me quedé en shock, me hubiera metido debajo de una piedra, pero me obligaron a resistir por mi propia vida. Me he tenido que quedar expuesta, vulnerable y fuerte para que no me mataran”, confiesa la activista andorrana.

Amnistía Internacional ha emprendido múltiples campañas en defensa de Mendoza desde 2020. Tambien ha informado a los relatores de la ONU y al Consejo de Europa sobre el linchamiento que sufre.

La última acción de la organización de DDHH exige a las autoridades de Andorra que retiren los cargos contra esta activista “derivados únicamente del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de la defensa los derechos de las mujeres”. La recogida de firmas desde febrero ya está cerca de las 45.000 rúbricas.

Tras cuatro años de instrucción, gracias a este apoyo, retiraron algunos de los cargos contra Mendoza. Sin embargo, todavía le piden 30.000 euros de multa, responsabilidad civil y libertad provisional por “difamación a las instituciones” por el artículo 325.

Andorra se ampara en que éste recoge los delitos contra el prestigio de las instituciones y castiga a quien “con conocimiento de su falsedad o desprecio temerario hacia la verdad, realice públicamente imputaciones relativas a la actuación del Consejo General, el Gobierno, el Consejo Superior de la Justicia, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal o los comunes que puedan perjudicar su prestigio”.

Aun así, “siguen con la presión y la violencia de Estado. Con una multa o un grito o consigna en una manifestación, que a la policía no le guste y considere desobediencia, me voy a la cárcel", explica Mendoza. Y lamenta: "Durante cinco años estaré marcada si esto sigue para adelante, no me podré presentar a ningún puesto en la Administración pública. El castigo es bastante importante”.

Además de los cargos, está sufriendo una campaña manifiesta de desprestigio y de linchamiento con apelativos como “abortera” o “lideresa abortista”. Incluso llegó a recibir amenazas de muerte indirectas, a través de terceros.

Riesgos por clandestinidad

Lo que hace Stop Violències es legal: acompaña a las mujeres que quieren abortar a España o Francia. Mientras que en Andorra los abusos y los riesgos llegan con la clandestinidad para abortar. Venden pastillas abortivas de 15 euros a entre 150 y 300 euros, y envían a las mujeres a hacer el expulsivo a casa sin más explicaciones.

“En 2019, el Estado obligaba a parir a las mujeres precarizadas y daba a esos bebés en adopción. Nos hemos encontrado a mujeres muy jóvenes, entre 18 y 20 años, en situaciones penosas. Servicios Sociales les paga una pensión por una situación de vulnerabilidad y pobreza, pero si no dan a sus bebés en adopción voluntariamente, les retiran las ayudas”, denuncia Mendoza.

A una de esas chicas que no entregó al niño en adopción porque había abortado, la llamaron al mes para hacerle un examen psicológico e incapacitarla. No lo consiguieron después de un proceso judicial que ganó Stop Violències.

La mitad de las mujeres que atiende esta oenegé son temporeras. También llegan mujeres víctimas de violencia en la pareja, incluso mujeres con el feto fuera del útero que no tienen posibilidad de vivir.

“El Gobierno les pide que paran, lo vean morir y ya lo enterrarán", asegura Mendoza. Y detalla: "Remueven cielo y tierra porque no vas a ver nacer un bebé deseado para verlo morir. Se van a abortar a Barcelona, este tipo de aborto cuesta entre 6.000 y 8.000 euros. Solicitan créditos personales para poderlos pagar con interés alto y durante los años que haga falta".

Por tanto, zanja la presidenta de Stop Violènces, "además de la presión psicológica está la carga económica”.

El aborto en el primer trimestre cuesta entre 300 y 5.000 euros. Dentro de los cinco primeros meses "en Cataluña" existen motivos médicos por los que puedes abortar, con un coste entre 1.000 y 4.000 euros.

"Un acto de vergüenza"

“Nos pasamos el día informando a las mujeres de que han abortado en un país que lo permite, que no han hecho nada ilegal, que no las pueden detener, que están ejerciendo un derecho, pero continúa siendo como un acto de vergüenza”, explica esta psicóloga.

El aborto es una asignatura pendiente en el Principado, que no dispone de ningún juzgado especializado en violencias, ni hacia las mujeres ni infantiles ni sexuales.

No obstante, Andorra no es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, no tiene firmada la Carta de Derechos de la ONU de 1954 ni tiene ratificada la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La entrevista con Vanessa es intensa y larga a través de una plataforma de internet, solo la interrumpe su compromiso. Es miércoles, día que pasa consulta online; una mujer le espera en línea.

P.: ¿Va a seguir luchando?

R.: Claro, qué hago si no. Hay ya todo un movimiento junto y detrás de mí, cada día llegan más mujeres. A pesar de que nos ponen todos los palos del mundo, no importa, acaban uniéndose.

La activista está convencida de que finalmente se reconocerá el aborto en Andorra. Recuerda que “hace seis años no se mencionaba, hace cuatro salió tímidamente el tema, y en estas elecciones aparecía en los programas políticos que no lo hubieras imaginado nunca, de la extrema derecha”.

Para despedirse, acompaña su sonrisa habitual con un secreto: “Una de nuestras revoluciones es que nos vean felices, que nos vean reír. Puedo estar cansadísima, pero cuando estoy delante de uno de estos políticos, brillo de dentro para fuera”.