No soy especialmente amiga de wikipedia. Pero caí en la tentación y busqué la palabra proxenetismo y encontré la siguiente definición: “El proxenetismo o lenocinio es un delito que consiste en obtener beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona. El proxenetismo en la mayoría de los países es un delito por constituir una grave vulneración de los derechos humanos”.
Como siempre que uso la wikipedia, investigo otras fuentes para meter la pata lo menos posible. Y fui a la buena, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la RAE (Real Academia de la Lengua). No se movía mucho de la primera: “Delito que consiste en obtener beneficios de la prostitución a costa de otra persona”.
La palabra clave empieza por “d” y acaba por “o”: delito. Sí, es delito. Pero se entiende que no lo perciben así las señoras y señores diputados españoles. Porque esta semana votaron en contra de admitir a trámite la reforma del Código Penal propuesta por el PSOE para "prohibir el proxenetismo en todas sus formas". 122 votos a favor frente a 184 votos en contra. Se hizo realidad esa tan mala costumbre, podríamos decir irracional, pero prefiero decir malvada, malhadada, que avala la tesis cainita de que cuanto peor, mejor.
No se lo merecen las mujeres a quienes ni la polarización política, ni la bronca les devuelve ni vida, ni derechos, ni derechos, ni vida. Porque esto, señores y señoras diputados, no va de rabietas, ni de partidos, tampoco de vencedores ni vencidos. Va única y exclusivamente de derechos humanos. No se juega con derechas ni izquierdas ni centros. No se juega con feminismos ni machismos. Se juega con mujeres, con seres humanos que podrían haber comenzado un camino hacia la recuperación de derechos y han recibido un nuevo mazazo, que es una marcha atrás, sin segundas lecturas.
Solo me viene a la cabeza la palabra espurio si pienso en que se ha jugado a debilitar al partido en el Gobierno debilitando fundamentalmente a mujeres débiles, esas que no tienen defensa alguna, que carecen de derechos, porque se los han cercenado, que no tienen voz, porque les han cerrado la boca, sin identidad legal casi siempre, que viven en un universo paralelo al nuestro, desgraciado universo, que desde el pasado martes 21 de mayo se escribe con V, y no precisamente de Victoria, sino de Vendetta. Porque suena a venganza ese cargarse una plausible reforma capaz de prohibir un hecho criminal. No se habría salvado de ninguna miseria al Gobierno. Se habría salvado de la miseria a las mujeres. Claro, que debe de parecer mucho más humano, coherente y valiente, condenarlas a seguir en los infiernos, protegiendo a quienes las arrojan a ellos y cobran por ello.
Y lo más brutal es la manera en que se ha tomado en vano el nombre de las mujeres explotadas y extorsionadas, que el artículo que se pretendía aplicar dejaba claro que no serían sancionadas, en lugar de focalizarse en quienes se lucran de ellas y ganan sus dineros a costa de sus cuerpos, los de ellas, de su explotación, la de ellas. Equivocar el tiro, equivocar el foco. He ahí el logro. Enhorabuena. Seguramente esa noche, la del 21 de mayo, durmieron tranquilos y tranquilas sus señorías tras completar su hazaña, como habrán dormido los proxenetas tras brindar por ella.
Lo dejó claro la socialista Andrea Fernández en el Congreso: “No existe la prostitución libremente elegida…, es violencia contra las mujeres”. De la misma manera que es claro que son pocas, deben de ser pocas, las mujeres que se cobran el fruto de su explotación. Se la cobran los proxenetas. ¿Sí o qué? Contra ellos actuaba la previsible reforma presentada por el PSOE, que ampliaba el artículo 187 del Código Penal. Porque castigaba con penas de 3 a 6 años de cárcel a quien “promueva, favorezca o facilite” la prostitución de otra persona “con ánimo de lucro”. Porque incorporaba multas de 18 a 24 meses en el caso de mediar violencia, intimidación o engaño y penas de dos a cuatro años y multas de 12 a 24 meses, aun con el consentimiento de la persona prostituida. Porque sancionaba a quienes contrataran para prostituirlas a menores o a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, estableciendo penas de prisión de uno a tres años y multas de 24 a 48 meses. Y porque incluía un castigo especialmente importante, el referido a la tercería locativa. Lo que es lo mismo, la pena a quienes ganaran dinero por utilizar un piso, local, inmueble o cualquier otro espacio de manera habitual para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento, con penas de dos a cuatro años de prisión y multa de 18 a 24 meses.
Una vez más se ha dado la espalda a tantas mujeres que llegan a nuestro país -también algunas oriundas- engañadas, vendidas, víctimas de trata, obligadas a ejercer la prostitución con malas artes. Una vez más se ha negado derechos a quienes parten de la línea de salida sin ellos, mujeres despojadas de documentos, amedrentadas, esclavizadas por sus captores, por sus proxenetas y sus mafias que convierten este delito, a nivel internacional, en uno de los ilegales más fructíferos, junto con el de armas y drogas. Y no, no se trata de prostitutas, no se trata de mujeres que ejercen libremente la prostitución, como muchas personas se empeñan en defender. Se trata de mujeres obligadas a ejercer la prostitución. Y se trata de seres humanos de cuyo cuerpo y explotación se lucran otros, esos proxenetas que seguirán actuando impunemente. Debo de ser muy torpe. No entiendo las ecuaciones. Se me ha debido de escapar alguna variable.