Valencia contrató aviones obsoletos tras los sobornos al conseller Castellano

La Generalitat Valenciana contrató en 2008 y 2009 aviones obsoletos y con un historial de accidentes mortales para combatir los incendios forestales. Y lo hizo después de que la empresa Avialsa, ganadora del contrato por más de cinco millones de euros, sobornara presuntamente al conseller de Gobernación Serafín Castellano para modificar el pliego de condiciones.

En un primer momento, el concurso público reflejaba la necesidad de que la empresa concesionaria realizara el servicio con aviones modelo Airtractor, aeronaves de turbina que son considerados un estándar de seguridad en el mundo de la lucha contra incendios. Sin embargo, Avialsa presionó al Consejero dependiente del contrato, Serafín Castellano, para que realizara una modificación del pliego y aceptara que la empresa prestara el servicio con un modelo anterior, el Dromader M-18A, utilizado en España al menos en cuatro accidentes con causa de muerte en los últimos diez años.

Ante la Fiscalía Anticorrupción el ex gerente de la empresa concesionaria -Francisco Alandí- reconoció que el propietario de Avialsa, Vicente Huerta, "le dijo al señor Castellano [Conseller de Justicia y máximo responsable de las adjudicaciones] que tenían un problema gordo porque no tenía los cuatro aviones y que a ver cómo lo arreglaban. El señor Castellano le dijo que hiciera varias propuestas y eligiera la que quisiera, que él se la aceptaría".

Extracto de la modificación en el pliego de condiciones.

Si Avialsa no tenía los medios necesarios, podía perder el contrato millonario. Así que en lugar de rescindirlo, según refleja la documentación oficial, la Generalitat Valenciana cambió el pliego de condiciones para que Avialsa utilizara "Cuatro aviones de la marca Dromader M-18 A que estaban obsoletos y que ya no eran contratados por las administración al haber salido los aviones Airtractor, que eran de turbina, con mayor capacidad de carga y más seguros, a diferencia de los Dromader, que eran de pistón, con menor capacidad de carga y habían tenido varios accidentes", explicó a los fiscales el ex gerente de la empresa. 

Tres personas fallecidas

El historial de accidentes del moodelo Dromader arrancó el 29 de junio de 1998, cuando uno de estos aviones se estrelló en el término municipal de Zumaga (Guipúzcoa). Falleció en el acto el piloto, de nacionalidad polaca. En 2002, ocurrió algo similar en Castellón. El 7 de junio de 2005, fue otra aeronave de este modelo la que se estrelló en Beariz (Orense). En este caso también perdió la vida el piloto, de 42 años y nacionalidad española. Dos meses después, fue un nuevo avión el que se estrelló. Esta vez, era Avialsa la empresa que fletaba la aeronave, y el accidente se produjo en el término municipal de Requena, en Valencia. El contrato modificado por la Generalitat para favorecer a Avialsa era para cubrir la misma zona. En 2005, el piloto, de 35 años y nacionalidad italiana también perdió la vida. 

Imagen del avión siniestrado en Requena en 2005

En su declaración como investigado, Pedro Manuel González Gabaldón- responsable de otra de las empresas investigadas- explica ante el juez la rentabilidad de cambiar un avión por otro: "A finales de los años 80 aparece un nuevo modelo de avión en el mercado que se utiliza para apagar fuego y fumigar, el Dromader [...] El Ministerio es el único que contrata, deja de contratar los otros y contrata el Dromader, y de las 35 empresas [que se dedican a la lucha contra incendios y fumigación] solo 20 dan el salto a este tipo de avión. Y las otras desaparecen. En los años 90 aparecen los Airtractor en el mercado, y las administraciones públicas que en parte tienen sus competencias transferidas deciden contratar los Airtractor para apagar incendios. En ese momento pasamos de un Dromader que valía 250.000 dólares a un Airtractor 1.200.000 dólares".

En el caso del contrato valenciano, el precio del servicio se mantuvo: más de 10 millones de euros por dos años. Sin embargo, Avialsa logró presentar para el servicio una aeronave que costaba cinco veces menos, con lo que multiplicó su beneficio. En los últimos diez años, 23 personas han perdido la vida en España en accidentes de aviación relacionados con labores de extinción de incendios.

Reuniones del 'cártel del fuego' en Manzanares

El alto coste de los aviones anti incendios provocó que solo seis empresas concurran a los concursos públicos en este sector en España. Varios de los investigados en el caso han reconocido ante el juez que los responsables de las seis empresas se reunían un par de veces al año en el hotel El Cruce de Manzanares El Real (Madrid) para repartirse sin tapujos los contratos públicos. El pacto de precios y contratos era tan evidente que el cártel tenía incluso un listado donde registraba de forma ordenada el contrato que le tocaba a cada una de las empresas, independientemente de la decisión que tomara la administración de turno.

Las reglas estaban tan asentadas que las empresas participantes tenían "derecho de reserva". Si una de las empresas no cumplía los requisitos técnicos para el contrato que le tocaba cubrir, la plaza corría y esa empresa era compensada con otro contrato en los meses siguientes.

Listado con el reparto de contratos de las empresas investigadas.