La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia admite a trámite la moción contra Pedro Antonio Sánchez

La Mesa de la Asamblea Regional ha admitido este lunes a trámite la moción de censura que registró el viernes el PSOE contra el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez.

La presidenta del Parlamento regional, Rosa Peñalver, ha informado tras la reunión de la Mesa que se ha admitido a trámite la moción de censura y que se va a enviar una comunicación al presidente del Gobierno regional vía correo postal y correo electrónico.

En ese documento se informa al Consejo de Gobierno que, según lo dispuesto en el artículo 163.3 apartado 4, la Mesa de la Cámara ha admitido a trámite una moción de censura para retirar la confianza del presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia suscrito por los 13 diputados del Grupo Parlamentario Socialista.

A partir de este momento comienza a contar el plazo de tramitación de la moción de censura. Los grupos disponen de dos días, en concreto hasta el miércoles, a las 12.00 horas, para registrar en la Asamblea Regional mociones alternativas.

En caso de que algún grupo registre una moción alternativa, la Mesa se volvería a reunir ese mismo miércoles, a las 12.30 horas, para estudiar su admisión a trámite, mientras que la Junta de Portavoces se reunirá a las 13.00 horas, que será el órgano encargado de ordenar los días para debatir la moción de censura. El Reglamento de la Asamblea establece que el debate se realizará dos días sucesivos.

Peñalver ha informado, asimismo, que el contenido de la moción del PSOE lo ha "cuestionado" el PP, que entendía, según la presidenta del Parlamento regional, que no se debía aplicar el artículo 54 de la Ley de Transparencia y el punto dos de la moción de los socialistas en el que se advierte de los "riesgos" para la estabilidad política y crédito de las instituciones que suponía investir a un presidente "bajo sospecha".

Entre las justificaciones que el PSOE ofrece en la moción de censura destaca el cumplimiento del artículo 54 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, mediante la cual se establece que cuando un cargo electo o de libre designación sea imputado entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se le debe trasladar a la ciudadanía.