En el ecuador del 155: la bomba atómica que nadie ha notado

Si había dos personas reacias en el Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña eran el presidente Mariano Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Después de estudiar decenas de opciones, la fórmula elegida incluyó el cese de todo el Govern y una nueva Administración autonómica poco invasiva y coordinada desde Madrid por Sáenz de Santamaría. La convocatoria electoral inmediata desactivó cualquier conato de conflicto con el Parlament y trasladó la sensación a la ciudadanía de una intervención temporalmente corta.

Rajoy anunció las medidas del 155 hace un mes. Y el Gobierno comenzó a ejecutarlas a partir del viernes 27 de octubre, cuando el Parlament activó la declaración unilateral de independencia y paralelamente el Senado aprobó el 155. El resultado de estas tres semanas de trabajo es, según el Gobierno, positivo.

La Generalitat ha recuperado un mensaje de neutralidad institucional en sus perfiles públicos (redes sociales y comunicados de prensa), se han tomado las decisiones propias de un Gobierno en funciones y los funcionarios han aceptado la legalidad sin mayores contratiempos. Hay una sensación de normalidad tras casi dos meses de tensión institucional y social sin precedentes en España desde el 23-F. La bomba atómica que según Joan Tardá sacaría a 3 millones de personas a la calle ha actuado en realidad como un bálsamo.

Cómo funciona el 155

El funcionamiento de la Generalitat está en manos de la vicepresidenta y la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que coordinan el trabajo de los Ministerios. El desplazamiento de altos cargos de Madrid a Barcelona ha sido el mínimo imprescindible. Su lugar de trabajo está en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. 

El Consejo Ejecutivo de la Generalitat se reúne cada viernes después del Consejo de Ministros. Los consellers en funciones son los propios ministros. Todos los acuerdos son publicados en el Diario Oficial de la Generalitat y el Boletín Oficial del Estado. El delegado del Gobierno, Enric Millo, suele dar cuenta de los acuerdos en rueda de prensa siempre desde Barcelona.

El 155 de las redes sociales

Las tres primeras semanas de trabajo se han centrado en dos aspectos: ceses y nombramientos y organización del 21-D. Una de las consecuencias más visibles del 155 es el nuevo perfil de la Generalitat en internet y las redes sociales. Existe una frontera que separa los mensajes hasta el 27 de octubre (DUI) de los compartidos en adelante. Las cuentas de la Generalitat y la mayoría de consejerías sólo tuitean y publican información de servicio. En la web oficial de la Generalitat no hay rastro del 1-O. Y el enlace destinado a contar la historia de la Generalitat como institución ha quedado congelado en la investidura de Puigdemont.

La gestión informativa depende de cada Ministerio. En Moncloa no han dado demasiada importancia a los intentos de Carles Puigdemont de abrir perfiles paralelos desde Bruselas. Es algo que escapa a su control y que en cualquier caso su única consecuencia puede ser judicial. 

El Gobierno ha destituido a unos 200 altos cargos, ha cerrado páginas de internet vinculadas al proceso separatista y ha hecho también algunos nombramientos. Uno de los más sonados fue el de Ferrán López como nuevo mayor de los Mossos en sustitución de Josep Lluís Trapero. Cada Ministerio ha tomado también sus propias decisiones. Uno de los acuerdos del 155 fue la extinción de Diplocat y las embajadas de Cataluña. El Ministerio de Exteriores está supervisando un proceso que no es sencillo, porque obliga al traslado de funcionarios y la cancelación de numerosos contratos de alquiler y prestación de servicios. 

Hacienda ha comenzado también a desbloquear partidas del Presupuesto de Cataluña, que fue intervenido a mitad de septiembre a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Ministerio de Cristóbal Montoro ha autorizado operaciones de deuda a corto plazo por importe de 290,41 millones de euros y ha liberado la concesión de ayudas al tercer sector por valor de 10,3 millones. 

La excepción de TV3

El Gobierno ha dado por concluida la primera parte del 155. Era la más traumática, porque incluía los ceses. En el mes que resta hasta el 21-D, el trabajo será el de cualquier administración autonómica en funciones. Un buen ejemplo son los acuerdos del Consejo Ejecutivo del pasado viernes, que recogen informes, publicaciones programadas, edictos o resoluciones para la Agencia Catalana del Agua, la Agencia de Residuos de Cataluña o el Instituto Catalán de Empresas Culturales. 

La gestión que realiza el Gobierno de la Generalitat es administrativa. La única decisión que se puede llamar política, aunque técnicamente no lo es, fue el archivo del expediente abierto a un director de instituto por denunciar adoctrinamiento. Es posible que el conseller Íñigo Méndez de Vigo se vea forzado a intervenir en el contencioso por los bienes de Sijena. Un juez le ha pedido que devuelva 44 piezas a Aragón.   

La Generalitat del 155 ya ha abierto la web del 21-D y tanto el BOE como el Diario Oficial de la Generalitat han publicado las listas de las distintas candidaturas. Los únicos organismos públicos que funcionan al margen del control del Gobierno son los medios de comunicación. TV3 mantiene la estructura de cargos heredada de Puigdemont. Los medios públicos han tratado como Govern legítimo al expresidente y los exconsejeros huidos.

La cadena, a la que se acusa de mantener un sesgo independentista, estará sometida a la supervisión de la Junta Electoral durante el proceso del 21-D. Los partidos pueden denunciar la cobertura de TV3 si estiman que es parcial. Determinados incumplimientos son susceptibles de acarrear sanciones económicas.