La Eurocámara propone multar al Gobierno "si no actúa" para que Cataluña cumpla el 25% de español

Es decir, que la Eurocámara exige que se cumpla el Estado de derecho y que la Comisión actúe contra "las entidades subestatales" que no asumen los valores fundamentales de la Unión en lo relacionado con "la responsabilidad judicial, la independencia del Poder Judicial y la ejecución de las resoluciones judiciales".

Este jueves, el Parlamento Europeo publicaba su evaluación anual al Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2021, un documento muy crítico que lamenta la poca concreción de las recomendaciones del comisario Didier Reynders, la ausencia de plazos tasados para los Estados incumplidores y la falta de un instrumento de sanción.

Textualmente, el documento pide a la Comisión "que haga cumplir estos valores fundamentales de la Unión cuando sean vulnerados por los Estados miembros o cuando los Estados miembros no actúen en caso de vulneraciones cometidas por entidades subestatales".

Y pide a Bruselas que "utilice todos los medios a su alcance para actuar en este sentido, en particular el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, cuando proceda".

Maite Pagazaurtundua, ante la entrada a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Cs

Era, precisamente, el caso concreto de Cataluña el que inspiraba la enmienda impulsada por la eurodiputada Maite Pagazaurtundua (Cs) al dictamen de la Comisión de Peticiones, de la que forma parte.

"La UE tiene que hacer cumplir el Estado de Derecho también cuando los Gobiernos quedan impasibles ante entidades subestatales que lo vulneran", plantea Pagaza.

"Del mismo modo que la UE ha actuado en los casos de los ayuntamientos que declararon 'espacios libres de LGTBi' en Polonia, debería actuar en el caso de Cataluña, donde hay sentencias que el gobierno ultranacionalista tampoco quiere acatar", recalcó la eurodiputada durante su intervención en el pleno.

El informe fue aprobado con los votos favorables del Grupo Popular (PP), el de los Socialistas y Demócratas (PSOE) y el de los liberales de Renew (Cs). Votaron en contra los del ECR (Vox) e ID, la otra derecha radical; La Izquierda (Podemos) y parte de los No Inscritos (entre los que está Carles Puigdemont). 

Sin Fondos de Recuperación

"Debemos hacer respetar el Estado de Derecho a todos los niveles de la Administración", señala Pagazaurtundua a este diario, "porque debe velarse por los valores de la UE y la protección del Poder Judicial en el sistema democrático".

El informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) es durísimo con el 'Govern' de Pere Aragonès, y los de sus predecesores.

El ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont, en una comisión del Parlamento Europeo. Efe

Según lo aprobado por una aplastante mayoría de 54 votos a favor, 11 en contra y una sola abstención, el Parlamento Europeo "lamenta las actitudes de las autoridades del Gobierno catalán, que alardean públicamente de su negativa a cumplir las sentencias dictadas por los tribunales competentes en el ámbito de la educación".

La Eurocámara considera que esta conducta "vulnera de forma flagrante el derecho de los niños a estudiar en la lengua oficial de su Estado miembro. Y que estas actitudes y acciones, "junto con el acoso a los demandantes, ponen en peligro el respeto al Estado de Derecho y la separación de poderes, lo que perjudica gravemente la ley y los derechos de los ciudadanos".

Por eso, LIBE -comité presidido por el exministro de Justicia socialista Juan Fernando López Aguilar- reclama que el Informe de la Comisión de este 2022 "utilice todos los medios a su alcance" para que las instituciones de la UE "no duden en actuar en caso de que no se subsanen las deficiencias" en cada Estado. Estos castigos propuestos van desde sanciones y multas a la suspensión de voto en el Consejo.

Pero en particular, la Eurocámara propone privar de los Fondos de Recuperación al Estado que "no haga cumplir" los principios del Estado de derecho y las sentencias judiciales.

Polonia, Hungría... y España

De hecho, el texto cita "el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, cuando proceda", que es un instrumento impulsado por el propio Parlamento Europeo.

Y se nombra expresamente, como Gobiernos incumplidores, a los de Hungría, Polonia y España. Así, el informe del Parlamento Europeo expresa su "profunda preocupación por el estatuto del Tribunal Constitucional polaco, la estrecha relación entre los fiscales y el Gobierno [...] y la indiferencia total con respecto [...] en relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos" del Gobierno de Varsovia.

Asimismo, plantea una "preocupación en cuanto a la imparcialidad del poder judicial en Hungría y la independencia del poder judicial en España". Concretamente, condena "el incumplimiento de sentencias de los tribunales nacionales por parte de las autoridades públicas afectadas".

En particular, aquéllas que pretenden evitar la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual".