PSOE y PP tiran por la calle de en medio: presentan a imputados en Móstoles, Badalona, Ibiza y Murcia

El presidente Pedro Sánchez justificó la moción de censura contra Rajoy en la sentencia de la Audiencia Nacional —luego corregida por el Tribunal Supremo— que atribuía al PP responsabilidad de la caja B del partido que manejaron sus sucesivos tesoreros. Pero en la recta final de la legislatura, el caso Tito Berni que investiga una juez de Santa Cruz de Tenerife ha dinamitado el discurso del PSOE contra la corrupción.

El PSOE exigió a los populares el pasado mes de marzo explicaciones por mantener como candidato a la Alcaldía de Badalona a Xavier García Albiol, después de que fuese imputado por un presunto delito de prevaricación continuada urbanística y ambiental.

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La Fiscalía pide una pena de dos años y diez meses de cárcel para el exalcalde popular, por haber permitido durante su mandato que se instalaran varias antenas de telefonía móvil sin licencia en terrenos del propio consistorio.

Sin embargo, tan sólo unos días después trascendió que, probablemente, también tendrá que sentarse en el banquillo la actual alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse. En este caso, está procesada junto a siete ediles de su equipo de gobierno por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el llamado caso ITV.

Según la querella de Más Madrid que dio lugar a la investigación judicial, la alcaldesa socialista causó a las arcas del Ayuntamiento un quebranto de 1,8 millones de euros, al favorecer de forma irregular a la empresa ITV Móstoles SL. Posse condonó parte de la deuda que esta empresa mantenía con el consistorio y le redujo a menos de la mitad el canon que debe pagar hasta 2041.

La sociedad ITV Móstoles SL está vinculada al grupo Tecnove SL (del que ha sido vicepresidente y apoderado el actual director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras), cuyo administrador único fue condenado en 2018 por sobornar a altos mandos del Ejército para obtener contratos del Ministerio de Defensa, como ha desvelado en exclusiva EL ESPAÑOL.

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Olvidando la exigencia que planteó al PP sobre Xavier García Albiol, el PSOE ha decidido mantener a Noelia Posse como candidata a la Alcaldía de Móstoles en las elecciones del 28-M.

No son los únicos imputados que aparecen en las listas electorales. El PSOE también ha decidido mantener como candidato en Ibiza al actual alcalde de la ciudad, Rafael Ruiz, que ha sido citado a declarar el próximo 21 de junio como investigado en el caso Puertos por participar presuntamente en el amaño de concursos públicos de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Preguntada al respecto, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, alegó que el código ético del partido sólo obliga al alcalde socialista a dimitir cuando se produzca la apertura de juicio oral. 

En una situación similar se encuentra el candidato del PSOE a la Presidencia de Murcia, José Vélez Fernández, que ha sido citado a declarar como imputado por dos presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación en la adjudicación de la plaza de toros de Calasparra, cuando era alcalde de esta población.

José Vélez, que también ha sido delegado del Gobierno en Murcia, intentó adelantar su declaración como investigado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, para evitar concurrir a las elecciones con este estigma. No fue posible debido a la huelga en la Administración de Justicia, y deberá hacerlo el próximo 28 de junio.

PP y PSOE también han decidido mantener como candidatos en las elecciones del 28-M a otros imputados en algunas poblaciones de menor relevancia. Es el caso de la número 1 del PP al Ayuntamiento de Alguazas (Murcia), Silvia Ruiz, que está investigada por un presunto delito de falsedad documental, en el caso Brubaker.

El exalcalde de la misma población José Antonio Fernández Lladó declaró ante la Guardia Civil que pidió a la candidata que le pusiera en contacto con un funcionario del Ayuntamiento, para falsear un documento con el que esperaba lograr que la Agencia Tributaria no le cobrara un recargo del 20% en una deuda de su empresa.