El PP europeo pide a la UE que prohíba los indultos y amnistías para los delitos de corrupción

El Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo (PPE) ha registrado este miércoles una enmienda al proyecto de directiva europea de lucha contra la corrupción, en la que pide que la norma prohíba expresamente la concesión de indultos y amnistías para este tipo de delitos.

Esta iniciativa puede suponer un revés para el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que afectaría a sus planes de conceder una amplia amnistía a cientos de independentistas encausados ante la Justicia y de dar el indulto a algunos de los principales condenados por los ERE de Andalucía.

La enmienda, firmada por el presidente del grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, propone introducir en la directiva un artículo 15 bis, bajo el título "Prohibición de indultos y amnistías".

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La redacción que proponen los populares europeos es la siguiente: "Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir todo indulto que beneficie a aquellos que hayan resultado responsables de cualquiera de los delitos mencionados en los artículos 7 a 14 y para prohibir toda amnistía por cualquiera de los delitos mencionados en los artículos 7 a 14".

Los citados artículos aluden a los delitos de corrupción y de malversación de fondos públicos. El PSOE ya impulso una reforma del Código Penal para rebajar las penas por los delitos de malversación (cuando no haya un lucro personal del autor del ilícito), para que ERC apoyara los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Además de Manfred Weber, la enmienda a la directiva europea ha sido firmada por la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; el vicepresidente del PPE, Paulo Rangel; el eurodiputado popular y miembro de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia, Javier Zarzalejos; y el ponente del PPE para la redacción de esta norma, Nuno Melo.

Dolors Montserrat ha recordado que los delitos de corrupción preocupan especialmente a las autoridades de la UE, en un momento en el que se ha autorizado la transferencia de cifras multimillonarias de los fondos Next Generation a los Estados miembros, para reactivar la economía tras la pandemia.

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Montserrat ha lamentado que "mientras la Comisión Europea pide endurecer la lucha contra la corrupción, Sánchez hace oídos sordos y está dispuesto a todo por mantener el poder, amnistiando a corruptos y golpistas", a cambio de conseguir los votos de ERC y Junts para continuar en la Moncloa.

"Nos avergüenza que el PSOE, un partido que se suponía que era de Estado, abandone la socialdemocracia y ponga en peligro el imperio la ley, la división de poderes y la igualdad de los españoles", ha declarado la eurodiputada.

Esta misma semana, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha advertido que la Comisión vigilará de cerca los planes del Gobierno de amnistiar a cientos de independentistas, en lo que pueda afectar a los delitos de malversación. 

Numerosos exaltos cargos de la Generalitat están encausados por este delito (o condenados, en el caso de Oriol Junqueras y el resto de dirigentes independentistas que se sentaron en el banquillo del Tribunal Supremo) por hacer desviado fondos públicos a un fin ilegal: la organización del referéndum de independencia del 1-O.

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El eurodiputado popular Javier Zarzalejos ha explicado que la enmienda de su grupo responde a la necesidad de "fortalecer la protección de los intereses públicos y de la gestión pública, para enviar un mensaje de impunidad cero a los que incurren en los diferentes delitos que esta normativa quiere armonizar".

La enmienda del PPE está basada en la comunicación que la Comisión Europea envió en 2019 al Gobierno de Rumanía, para advertirle sobre la reforma legal que pretendía impulsar para exculpación a un grupo de cargos públicos responsables de delitos de
corrupción.

En esta carta, ha recordado Zarzalejos, la Comisión denunciaba que esa reforma "generaba riesgo de crear una situación de impunidad de facto para delitos que incluían la corrupción, y recordaba que todos los Estados miembros están obligados a asegurar que su sistema criminal es eficaz en la lucha contra delitos graves".