Junts: un verificador internacional con dos ayudantes supervisará el pacto con Pedro Sánchez

El acuerdo del PSOE con el partido de Carles Puigdemont está casi cerrado del todo, como certifica la foto del ex president de la Generalitat con el número tres del PSOE, Santos Cerdán.

Sin embargo, a última hora han surgido algunos problemas entre ambos partidos que han precisado de más gestiones discretas para solventarlas y cerrar definitivamente el acuerdo.

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En uno de los últimos borradores de la futura ley de amnistía, pactado entre Moncloa y representantes de Junts -incluido el abogado Gonzalo Boye- no estaban incluidos los acusados por el llamado Tsunami Democràtic a los que investiga la Audiencia Nacional por delito de terrorismo. El Gobierno lo rechazaba porque afecta a causas que en este momento son tramitadas precisamente como terrorismo.

Cuando el texto fue trasladado a los interlocutores de ERC, estos exigieron al Gobierno que los incluyeran, entre otras cosas porque ese proceso judicial podría afectar a Marta Rovira, secretaria general de ERC, y al diputado de esa misma formación Rubén Wagensberg.

El martes por la noche, el PSOE y ERC anunciaron en un comunicado el acuerdo y los independentistas dieron por hecho que incluye la amnistía de los implicados o acusados en el sumario de la Audiencia Nacional.

Ese acuerdo, una vez trasladado a Junts, provocó el malestar del entorno de Puigdemont, porque estaba en contra de incluir esos sumarios. Y el miércoles han seguido los contactos para aplacar el malestar del equipo del ex president.

El texto de la proposición de ley de amnistía está previsto registrarlo en el Congreso con la firma del PSOE y de todos los grupos que lo apoyarán. Por eso, las negociaciones han seguido hasta el último momento, sobre todo para cerrar detalles con Junts, molesto por los cambios introducidos por ERC.

El partido de Puigdemont, además, da por hecho que ha conseguido dos de sus pretensiones iniciales: una declaración sobre la identidad nacional de Cataluña y un verificador internacional.

Consulta y Estatut

En concreto aseguran que el pacto sobre la ley de amnistía podría ir acompañado de algo así como un “acuerdo político de reconocimiento de la identidad nacional” en el que haya un compromiso del Gobierno para avanzar en el autogobierno. 

El Gobierno no confirma este extremo, pero sería coherente con su pretensión inicial de derivar a una mesa de diálogo la negociación de ese acuerdo. Incluso, podría acabar con una consulta sobre el conjunto del acuerdo para cerrar el conflicto territorial.

Se habló, por ejemplo, de recuperar como leyes orgánicas algunos de los 14 puntos del Estatut que fueron anulados en su momento por el Tribunal Constitucional.

También ese acuerdo permitiría a Sánchez argumentar que hay una renuncia a la unilateralidad, en la medida en que se acepta negociar y que todo se haga siempre de forma pactada.

El otro punto que Junts da por logrado es el de la designación de un verificador o mediador internacional que se encargue de vigilar el cumplimiento del acuerdo. Fuentes de ese partido aseguran que podría ser una personalidad internacional relevante, acompañado de dos ayudantes.

El Gobierno siempre ha sido reticente a que sea una personalidad internacional, aunque lo aceptó en 2019 en el pacto de investidura, lo que provocó un notable revuelo político.

Una vez cerrado el acuerdo, Junts tiene que someter a sus bases su contenido. También lo hará ERC, y el sábado termina la consulta entre militantes del PSOE que sólo pregunta por el pacto con Sumar y las negociaciones para la investidura, en genérico y sin precisar.

Respecto a ERC, fuentes de este partido señalan que una vez cerrado por su parte el acuerdo sobre la ley de amnistía quedan aún flecos sobre financiación o traspaso de competencias como la de los trenes de cercanías (rodalies).

La orden de Sánchez es acelerar esas negociaciones para anunciar esta misma semana la convocatoria del pleno de investidura para la próxima semana.

También con el PNV se mantienen las negociaciones, encabezadas en ese caso por la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero.