Armengol alteró el pliego para pagar las mascarillas con fondos UE cuando ya sabía que eran defectuosas

Es decir, primero acordó la licitación con Soluciones de Gestión SL, luego le entregó 3,7 millones de euros del presupuesto insular, después recibió el material, más tarde comprobó que la trama presuntamente corrupta le había estafado, y después ordenó la modificación de las licitaciones para poder imputarle ese gasto al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Así consta en la documentación que obra en poder del actual Gobierno balear, presidido por la popular Marga Prohens desde que, el pasado 6 de julio, fue investida por el Parlament de las islas.

Fuentes de este Ejecutivo autonómico confirman que se han personado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción, como acusación particular. Y añaden que han pedido la intervención de la Fiscalía Europea, por la posible malversación de dinero procedente del presupuesto de la UE.

De hecho, EL ESPAÑOL publicó en primicia este martes que los 3,7 millones de euros pagados a la trama presuntamente del caso Koldo por el Gobierno balear de Armengol serán investigados por la Fiscalía Europea, por la posible malversación de fondos de la UE.

En lo más duro de la pandemia -el 29 de abril de 2020, según la documentación que obra en poder de este periódico- y recién declarado el estado de alarma para el confinamiento de la población española, el Gobierno autonómico de la actual presidenta del Congreso de los Diputados realizó el pedido de mascarillas a Soluciones de Gestión SL.

La empresa apadrinada por Koldo García Izaguirre, asesor personal de José Luis Ábalos, comprometió la entrega de casi 1,5 millones de mascarillas FFP2 KN95 procedentes de China. Su destino, tal como aparece en la licitación, era la distribución de este material de protección sanitaria en el ámbito civil.

Ábalos era entonces ministro de Transportes, había sido declarado autoridad delegada competente, el Consejo de Ministros había centralizado en su departamento todo el poder de compra y, además, era secretario de Organización del PSOE.

Su hombre para todo, Koldo García, consta en la investigación como el presunto cabecilla de esta trama corrupta en la que participaba, también, su mujer, su hermano Joseba, los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, y el hermano de éste, Rubén, entonces escolta de Ábalos.

El 5 de mayo de 2020, sólo una semana después de cerrar el contrato "de palabra", según fuentes del Ejecutivo actual, el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut) hizo la transferencia económica.

El Govern pagó 3,7 millones de euros a la empresa que se ha revelado como el centro de la trama presuntamente corrupta por el cobro de comisiones ilegales. La semana pasada, la UCO de la Guardia Civil practicó 26 registros y detuvo a 20 personas en el marco de la llamada operación Delorme.

Una vez recibidas las mascarillas, a un precio de algo más de 2,55 euros la unidad, el Govern balear las sometió a un examen de idoneidad. Y, tras la consulta, el 8 de junio el Centro Nacional de Medios de Protección certifica que las mascarillas no cumplen los requisitos.

Es decir, sólo un mes después de recibir el material, el Ejecutivo de Armengol ya sabía que había sido estafado.

La modificación

Sin embargo, al mes siguiente, el 3 de julio, Armengol comenzó a tramitar la modificación de los contratos para poder sustituir con fondos Feder los 3,7 millones de euros que había sacado de las arcas públicas baleares. En esa fecha, su Govern envió a la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE) el expediente tramitado.

La DGFE es el órgano directivo del Ministerio de Hacienda responsable del control, seguimiento y evaluación de los fondos provenientes de la Unión Europea.

El organismo del Ministerio de María Jesús Montero respondió favorablemente para que este contrato pudiera ser financiado con fondos estructurales de la Unión Europea.

Y así, el 11 de diciembre, se envía desde Palma el "oficio de solicitud de financiación para adquisición de material sanitario para dar respuesta a la crisis provocada por la COVID-19" a la misma DGFE que, sorprendentemente, responde el mismo día, emitiendo un informe de elegibilidad.

El Gobierno autonómico jamás reclamó reparación alguna a Soluciones de Gestión SL hasta el mismo día en que Armengol supo que perdía el Gobierno autonómico, el 6 de julio de 2023.

Le habría correspondido reclamar en concepto de indemnización, exactamente, 2.626.584,40 euros. Ésa era la diferencia del precio pagado por las mascarillas FFP2 solicitadas y "las de tipo quirúrgico entregadas por la contratista".

Así lo confirman fuentes oficiales del actual Gobierno popular de Prohens. Y así lo ha podido comprobar este diario en un documento oficial de la Conselleria de Salut i Consum del Ejecutivo autonómico. El expediente de contratación número SSCC EM 226/20, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL [consúltelo aquí en PDF] hace un resumen completo de los hechos.