El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunido con asociaciones juveniles, este viernes en Madrid.
El PP advierte de que el reparto de 4.400 menas que deja fuera a Cataluña y País Vasco "causará tensiones sociales" en sus CCAA
El PP, que garantiza su alianza con Clavijo en Canarias, califica la actitud del Gobierno de "solidaridad impuesta con criterios políticos mezquinos".
Más información: El PP rechaza el pacto de reparto de menas que deja fuera a Cataluña y País Vasco "con criterios políticos mezquinos".
"Si aprueban un decreto para repartir a los menas, dejando fuera también a Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias, ya lo clavan".
La indignación en el seno del Partido Popular se traduce en ironía, a las 24 horas de conocer la intención del Gobierno de trasladar a 4.400 menores extranjeros no acompañados (menas) a la península, pero liberando a Cataluña y al País Vasco del reparto: "No sólo tratan a los menores como mercancía parlamentaria, para garantizar votos, es que van a provocar tensiones sociales".
Según un dirigente del PP, si uno de los criterios para asignar las cuotas es el de "tener en cuenta el esfuerzo de acogida hecho por cada Comunidad Autónoma en los últimos seis meses", es de esperar que, por ejemplo en Murcia, haya quien reciba a los menas con rechazo.
"A las costas murcianas también llegan pateras cada día, y en Aragón los centros de acogida también están saturados", explica. "Con el agravio comparativo hecho público, sabiendo que a catalanes y vascos no se les impone esta mal entendida solidaridad, ¿qué quieren, enfrentar a los ciudadanos de unas autonomías con los de otras?".
La "solidaridad impuesta con criterios políticos mezquinos" pone al PP en una posición difícil. Gobierna en Ceuta, cuyas arcas están "al borde de la quiebra" por la presión migratoria, y participa del Ejecutivo insular junto a Coalición Canaria.
"Ese acuerdo no corre peligro", confirma una fuente autorizada de los populares, que acusa al PSOE de haber trabajado todos estos meses para romper esa alianza que desalojó a los socialistas hace año y medio.
"Alberto Núñez Feijóo firmó un pacto migratorio con Fernando Clavijo", añade, "y a él nos remitimos". Pero lo cierto es que ha sido el presidente canario el que ha buscado nuevos socios para hallar una salida a su emergencia.
PNV y Junts votarán a favor y garantizarán el triunfo de la medida (ya sea vía decreto o proposición de ley, como prefiere el Gobierno). Porque las comunidades autónomas de Cataluña y del País Vasco quedarían liberadas del reparto.
Así, los votos del PP ya no serían necesarios, ya votara sí o ya votara no, a pesar de que la salida de 4.400 menas hacia la península le afecta por dos vías.
Para bien, porque la formación conservadora gobierna en Ceuta y forma parte del Gobierno de Canarias, en alianza con Coalición Canaria. Y para mal, porque con Cataluña y País Vasco fuera, serán sus 10 CCAA peninsulares las que se vean obligadas a asumir "la inmensa mayor parte" de los menores trasladados.
"Entendemos a Clavijo", explica uno de los negociadores del PP, "pero también a Jorge Azcón o a Fernando López Miras", añade en referencia a sus presidentes aragonés y murciano. "En lugar de repartir problemas, el Gobierno debería tomar decisiones, y si no puede hacer lo que le toca, que se vaya, que nosotros lo haremos".
Discurso difícil
En el entorno de Feijóo tratan de medir muy bien las palabras para expresar su negativa absoluta a apoyar la iniciativa del Gobierno cuando llegue al Congreso. "Claro que es difícil, porque Moncloa juega a llamarnos racistas y xenófobos, pero nuestra solidaridad está fuera de toda duda".
El pasado mes de julio, fue el PP el que apoyó una reubicación de urgencia de 347 menores procedentes de Canarias y de Ceuta.
Aquella decisión se topó con un chantaje de Vox, partido con el que mantenía pactos de gobierno en seis CCAA. "No nos plegamos, y eso nos costó gobernar en minoría" en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, además de perder cualquier opción de aprobar presupuestos en Baleares.
Según los populares, el partido de Santiago Abascal es un "desalmado" con los chicos que ya están en España, "a los que quiere echar a cualquier sitio, privándoles de sus derechos".
Pero para el PP, el Gobierno de Pedro Sánchez es también un "desalmado" porque su política migratoria "envía el mensaje de ánimo a que sigan montándose en pateras a jugarse la vida, que aquí no pasa nada y ya los repartimos".
Y la realidad es que eso "provoca que mueran niños por cientos cada año en el mar" y engorda las cuentas de las "mafias que trafican con personas".
Exigencias del PP
Sin embargo, aunque vaya a recibir críticas"salvajes" por decir que no al decretazo de menas que quiere imponer el Gobierno, el PP se "mantendrá firme".
Los populares no se moverán de sus exigencias, como ya hicieron con la eterna negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "Entonces, nos llamaron de todo, y al final Sánchez tuvo que entender que nunca le dejaríamos colonizar también el Poder Judicial". Ahora, será igual: mientras Moncloa no acepte sus condiciones, el PP votará 'no'.
"Porque si no hacemos nada por parar las llegadas, habrá que hacer un decreto cada seis meses". Efectivamente, como informó este periódico, el decreto pactado para la reubicación de menas prevé un plazo de cinco meses para completarla. Y al ritmo actual de llegadas, para entonces habrán llegado a Canarias otros 4.000 menores no acompañados.
El PP reclama que el Gobierno active los mecanismos de asistencia ofrecidos por la Unión Europea. Ya en septiembre pasado, el director general de Frontex, Hans Leijtens, desveló en el Parlamento Europeo que era "consciente del drama" de Canarias.
Y anunció que tenía "más de 3.000 agentes disponibles" para patrullar la ruta que parte del África noroccidental "para disuadir a las mafias" y frenar las llegadas.
Un mes después, en octubre, fue la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la que se ofreció para impulsar el Mecanismo Voluntario de Solidaridad.
Éste es uno de los instrumentos incluidos en el Pacto de Migración y Asilo de la UE, y compromete a una decena larga de Estados miembros a aceptar reubicaciones cuando un país de la UE vive una "emergencia migratoria".
En ambos casos, tanto Leijtens como Von der Leyen, advertían que la Unión no puede hacer nada "hasta que el Gobierno de España lo solicite".
De hecho, fue por eso que se rompieron las negociaciones entre Moncloa y el PP el pasado mes de diciembre. Y eso fue lo que impulsó a Clavijo a buscar un acuerdo con el lehendakari Imanol Pradales, primero, y con el líder de Junts, Carles Puigdemont, después.
Con el PNV y Junts aseguraría los votos en el Congreso para un decreto, que es lo que el Gobierno canario viene reclamando desde aquel primer reparto, "casi simbólico", de julio. Y a cambio, los criterios de reparto favorecerían a País Vasco y a Cataluña.
"Y es favorecer", explica una fuente de la dirección popular, "porque los servicios sociales de todas las CCAA están ya a tope, y el Gobierno ni acepta que debe rectificar su política de puertas abiertas, para frenar las llegadas, ni aporta recursos económicos, materiales o humanos para atender a los que ya están aquí".
