"Reparten la tarta ya mordida": Montero lanza el IRPF catalán a la vez que cita a las CCAA para negociar su financiación

De ella es la decisión de que quien cobra el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tenga que pagar el Impuesto de la Renta (IRPF). Y ella es la que ha decidido iniciar el "traspaso integral" de ese tributo a Cataluña, a la vez que convoca a las Comunidades Autónomas para negociar un nuevo sistema de financiación, por primera vez en siete años de Gobierno.

"Es su manera de darnos lentejas", explica con sarcasmo a este diario un presidente regional del PP.

David Zorrakino Europa Press

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Los barones populares llevan años exigiéndole la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), "pero concretamente desde que empezó la legislatura, en noviembre de 2023", continúa este líder autonómico del PP. "Qué curioso que toca ahora, para que al reparto de la tarta de todos lleguemos ya con un mordisco dado, y así tratar de imponernos el cupo separatista".

Queda poco más de una semana para que en la sede del Ministerio de Hacienda se reúna el CPFF, en la que la vicepresidenta debe llegar con "una propuesta básica aceptable" para los consejeros de todas las CCAA.

Montero prometió en la Conferencia de Presidentes del pasado 13 de diciembre, en Santander, celebrar esta reunión en enero, pero finalmente será el 26 de febrero. "Aún estamos esperando que Hacienda envíe a nuestros consejeros, al menos, un orden del día", lamentan fuentes de la dirección del PP.

"No hay propuesta sobre la que trabajar, ni criterios de base para elaborar contrapropuestas", continúa.

IRPF catalán en 2026

La cita será exactamente 48 horas antes de que la vicepresidenta se siente frente a la consellera catalana de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en la Comisión Bilateral de Asuntos Económicos y Fiscales.

Como ya informó este diario, en este encuentro se iniciarán los trabajos para que el Govern de Salvador Illa se haga cargo de la "gestión integral" del IRPF ya en el año 2026. Así lo confirman fuentes del entorno del president. 

El pacto firmado por el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a finales de julio del año pasado para que la formación independentista de izquierdas garantizara su investidura [Consúltelo aquí] incluía, como compromiso principal, un acuerdo para la "financiación singular" de la región catalana, fuera del régimen común de todas las CCAA menos los territorios forales de Navarra y el País Vasco.

La Constitución permite a navarros y vascos, a partir de los "derechos históricos" de estas dos autonomías, recaudar todos los impuestos que se pagan en la región. Es decir, la soberanía fiscal que ahora va a negociar el Gobierno de la nación con el de Cataluña.

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La consellera Romero defendía este viernes la contratación de más 100 nuevos funcionarios para la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) porque la gestión del IRPF durante el año que viene es el reto más "inmediato" que tiene la institución.

"El próximo año tendremos que hacer la campaña de la renta nosotros solos desde la ATC y lo que haremos este año es un primer paso de esta gestión". La mano derecha de Illa en lo económico recordó, además, que "el objetivo final es la recaudación de todos los impuestos" que se generen en Cataluña.

Ofensiva del PP

El miércoles que viene, en la sesión de control al Gobierno del Congreso, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda tendrá que responder a cuatro preguntas de diferentes diputados del Partido Popular.

La formación de Alberto Núñez Feijóo va a iniciar el acoso y derribo a Montero, por su "continuo sablazo fiscal" a los españoles. A "las 81 subidas de impuestos" que llevaban los populares contabilizadas hasta ahora se une el "impuesto a la pobreza" que ha impuesto Hacienda "a empleados y empleadores", aprovechando la subida del SMI. 

Además, el PP recuerda que Montero todavía no ha dado detalles de cómo pretende financiar la reubicación de más de 4.400 menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de Canarias y Ceuta.

Las CCAA populares temen que les toque a ellas pagar de su Presupuesto la tutela y manutención de estos chicos y, además, rechazan que País Vasco y Cataluña se hayan quedado fuera del reparto de menas, "por otro privilegio a los nacionalistas e independentistas que sostienen a Sánchez en Moncloa". 

Por eso, y porque Montero lleva dilatando la renovación del sistema de financiación autonómica desde junio de 2018, cuando tomó posesión como ministra de Hacienda, el miércoles le caerán en tromba cuatro miembros de la dirección del PP en la sesión de control.

La secretaria general, Cuca Gamarra, le cuestionará por si "piensa hacer algo para que las familias dejen de perder poder adquisitivo". El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Elías Bendodo, la atacará inquiriéndole: "¿Cree que los ciudadanos merecen una ministra como usted?".

Criterio común en el PP

Por su parte, Juan Bravo, vicesecretario económico, echará sal a la herida en la coalición de gobierno preguntando "¿El escudo social era esto?". Y Ester Muñoz, vicesecretaria de sanidad y educación le hará detallar "cuál es la política de aplazamiento de deudas del Ministerio de Hacienda".

Es cierto que hay regiones del PP que apuestan por un sistema basado en la población, admiten las fuentes, y otras que quieren corregir ese criterio básico con otros como la dispersión, el envejecimiento, la orografía...

"Pero en lo que estamos todos a una", añade este portavoz de la dirección popular, "es en que no aceptamos el trágala del cupo catalán acordado con los separatistas para darle oxígeno a Illa y a Sánchez". ¿Ni a cambio de la quita de deuda? "No, eso no soluciona nada, sólo castiga a los gobiernos que mejor han gestionado".

Los 12 consejeros del PP llegarán al CPFF de Montero, efectivamente, desmintiendo la acusación lanzada recurrentemente por Moncloa de que los populares son una "jaula de grillos" y no tienen una propuesta común. Bajo su brazo, todos llevarán a la cita en Hacienda dos documentos comunes, firmados con Feijóo en agosto y septiembre del año pasado.

Un manifiesto Por un modelo de financiación solidario, igualitario y negociado entre todos. Y un escrito de 10 páginas contra el concierto catalán titulado España somos todos, signado en una cumbre de presidentes populares celebrada en Madrid.

El texto aborda todos los puntos clave: la institucionalidad, el "peaje separatista" del cupo catalán, la igualdad de derechos de los ciudadanos, la unidad de la nación frente a "la artimaña de la bilateralidad" y el "blindaje del respeto a la autonomía fiscal de las CCAA".

Tres mesas bilaterales más

Junto a esta mesa bilateral, Moncloa ha convocado las otras tres que tenía pendientes con el Govern, según ha podido confirmar este periódico. Todas ellas, a partir de este lunes, 17 de febrero, en el que se reúne la Comisión de Infraestructuras, para continuar los trabajos de traspaso de Rodalies, el tren de cercanías en Cataluña.

Una semana después, el 24 de febrero, está convocada la Comisión Bilateral, principal órgano de cooperación administrativa entre ambos Ejecutivos. Según el Estatuto de Autonomía, esta mesa debería reunirse al menos dos veces al año, pero no se convoca desde febrero de 2022. Y ese mismo día, se celebrará también la Comisión de Transferencias, que no se reunía desde 2010.

Según fuentes de la Generalitat, la "reactivación de las cuatro comisiones paritarias", previstas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, "supone un paso adelante en la recuperación de la normalidad institucional" y en la voluntad de ambos gobiernos de "avanzar en nuevos acuerdos y proyectos necesarios para Cataluña".