El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso.
Feijóo echa en cara al Gobierno que gaste 160 millones en propaganda y paralice los 230 para los enfermos de ELA
El Gobierno gastará más en anuncios para dar a conocer el Plan de Acción por la Democracia (7,8 millones) que en campañas para la concienciación social contra la violencia de género (5,9 millones).
Más información: Moncloa aumenta un 16% la inversión en publicidad institucional en 2025 hasta los 161 millones
Alberto Núñez Feijóo elevó el tono y cargó contra Pedro Sánchez en la última sesión de control al Gobierno. El líder del PP acusó al presidente de "saquear a los trabajadores españoles" y de liderar un Ejecutivo "inútil, caro y dividido". Y puso el siguiente ejemplo: "Los 200 millones de euros que les debe a los pacientes de ELA se los está gastando en publicidad institucional".
Lo cierto es que una de las prioridades que se ha marcado el Gobierno de Sánchez durante esta legislatura pasa por impulsar una serie de medidas para "regenerar la democracia".
Y para prueba, un botón. El Gobierno tiene previsto invertir 7,8 millones de euros en dar a conocer este plan a través de distintas campañas de publicidad, lejos, por ejemplo, de los 5,9 millones previstos para la concienciación social contra la violencia de género.
Se trata de la tercera campaña más cara que promoverá este año el Ejecutivo, solo por detrás de los 9 millones que se destinarán a la campaña de la declaración de la renta y los 11,4 millones previstos para la divulgación de la seguridad vial de la DGT.
Bautizado por Moncloa como el Plan de Acción por la Democracia, en él se incluyen una batería de iniciativas que afectan directamente al ámbito mediático, digital y judicial.
Algunas de esas medidas afectan directamente a la libertad de expresión o a la actividad de los medios de comunicación privados. Las más polémicas son las referidas a la transparencia en la propiedad de los grupos de comunicación y la publicidad institucional que reciben, con la creación de un registro de medios elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
A juicio de la oposición, se trata de iniciativas que sirven únicamente para elevar el control del Gobierno sobre la prensa y los jueces en un momento en el que el entorno más cercano a Sánchez está siendo investigado por distintos casos de corrupción.
Inversión publicitaria
Ese impulso por promover el llamado Plan de Acción por la Democracia se refleja también en el aumento del Gobierno en la inversión publicitaria. Moncloa ha incrementado para este año 2025 un 16% la inversión en publicidad institucional, hasta alcanzar los 161,16 millones de euros.
Esos 161,16 millones se suman a los 309 millones que el Gobierno de Sánchez ha destinado a publicidad institucional entre 2019 y 2023. En total, algo más de 470 millones de euros, que contrastan con los 103 millones de la era Rajoy entre 2012 y 2017.
El aumento en el gasto para esta partida llega además en plena polémica por el control de la publicidad institucional. Sánchez anunció hace unos meses una ley para poner coto a los excesos de este tipo de inserciones. El objetivo, que la ciudadanía conozca a dónde va el dinero del Ejecutivo.
Además, este nuevo plan llega en plena polémica con las agencias de publicidad. Como ha contado este diario, denuncian el intento del Gobierno por controlar los criterios de asignación de la publicidad.
230M para la ley ELA, en espera
Y frente a los 161 millones de euros destinados a la publicidad institucional, los enfermos de ELA siguen esperando las ayudas cuatro meses después de que se aprobara la ley en el Congreso.
El presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), Fernando Martín, explica a EL ESPAÑOL que, al no existir registros oficiales del número de enfermos con ELA, se guían por los datos que facilita la Fundación Luzón: actualmente existen en nuestro país 4.000 personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica.
Con esas cifras, estiman que la partida para cubrir los costes directos que afrontan las familias oscilará entre 184 y 230 millones de euros.
Desde el pasado octubre, cuando se aprobó el texto, ConELA calcula que han fallecido 312 personas esperando estas ayudas: "Por cada día que pasa mueren tres y otros cuantos solicitan la eutanasia por no ser una carga".
Fernando Martín tiene claro que "existen unos tiempos administrativos", aunque considera que el Gobierno debe entender que "durante este tiempo en el que hay que trabajar hay personas que van a morir".
Plan de choque
Tras la aprobación de la ley, se estableció un plazo de un año para poner en marcha las medidas recogidas en ella. Pasado ya casi un tercio de este periodo, y con "el ritmo al que se está trabajando", Martín no ve que sea posible llegar. Desde que se aprobara la ley, sólo han mantenido una reunión, en la que participaron la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Martín, presente en aquel encuentro de trabajo, cuenta que preguntó a los ministros acerca del plan presupuestario para desarrollar la ley. "No supieron responderme", lamenta en conversación con este periódico. En cualquier caso, la financiación corresponde tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas.
