El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en un montaje.
Sánchez logra su continuidad cediendo la inmigración a la Generalitat en plena crisis del control de fronteras en Europa
PSOE y Junts han presentado juntos una proposición de ley en el Congreso y evitan así los informes preceptivos del CGPJ y el Consejo de Estado.
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El PSOE y Junts han pactado este lunes la delegación de la gestión de la competencia de inmigración a Cataluña, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del acuerdo.
De esta forma, el Gobierno da por encarrilada la legislatura al conseguir que el partido de Carles Puigdemont elimine los obstáculos políticos acumulados en los últimos meses. Falta que Pedro Sánchez consiga que la Unión Europea acepte el catalán como lengua oficial, algo que el Gobierno espera cerrar antes de junio.
Junts ya retiró su iniciativa para que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza y sigue a la espera de que el Tribunal Constitucional facilite que se aplique a Puigdemont la ley de amnistía. Con esos escollos salvados, Gobierno y Junts podrán negociar los Presupuestos, aunque esta negociación podría quedar pospuesta hasta otoño, para discutir ya las cuentas de 2026.
Los detalles sobre el contenido del pacto, que se cerró el lunes, se han empezado a conocer este martes por la mañana.
El acuerdo incluye que los Mossos gestionen la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas en cooperación con la Guardia Civil y Policía Nacional. También que la Generalitat gestione las expulsiones de inmigrantes ilegales y los permisos de residencia así como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Los Mossos participarán con la Guardia Civil y la Policía Nacional en el control de fronteras, probablemente, desde el mes de septiembre.
Cataluña se configura como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. La Generalitat también expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.
El Gobierno de Sánchez también da a la Generalitar competencia sancionadora de los procedimientos administrativos -incluida la resolución y ejecución- y delega las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada e "instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devolución)", según informa Sara de Diego.
Según lo acordado por PSOE y Junts, las expulsiones "que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat", previa valoración de los criterios orientativos "que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña"
El pacto necesita una ley orgánica de cesión de la competencia exclusiva del Estado a Cataluña y será tramitado en el Congreso por una proposición de ley conjunta de PSOE y Junts que ya ha sido registrada en el Congreso.
De esa forma se eluden los informes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal que son preceptivos para los proyectos de ley procedentes del Gobierno, pese a tratarse de una materia delicada por referirse al reparto competencial previsto en la Constitución.
Lo que no puede hacerse por esta vía es ser tramitado por vía urgencia, por lo que aún tardará unos meses en el procedimiento en el Congreso y el Senado.
Inmigración
En los últimos meses, Carles Puigdemont se había marcado como su gran prioridad el control de la inmigración. El pacto llega una semana después de que los independentistas recularan y retiraran la cuestión de confianza contra Pedro Sánchez y tras otro pacto, este entre el Gobierno y ERC, para la condonación de más de 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña.
Junts busca dar preeminencia al problema de la inmigración para capitalizar un relato que en Cataluña abandera sobre todo Aliança Catalana, que irrumpió en las pasadas elecciones autonómicas. También Vox, que tiene un discurso muy beligerante. El objetivo de Junts es frenar la sangría de votos hacia estas dos formaciones de extrema derecha.
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Y no se trata de una prioridad aislada: la negociación entre Junts y el PSOE se produce en un contexto europeo donde los partidos de ultraderecha, y también los conservadores, piden un mayor control migratorio en las fronteras.
De hecho, ese discurso ha calado en las instituciones europeas. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado dispuesta a estudiar la creación de centros de retención de migrantes fuera de la UE, copiando el modelo del acuerdo cerrado por el Gobierno de derecha radical de Giorgia Meloni con Albania.
El Gobierno de Pedro Sánchez defiende casi en solitario que la prioridad debe ser poner en práctica el Pacto de Migración y Asilo que se cerró bajo presidencia española. Y rechaza medidas más duras para combatir la inmigración ilegal, que sí cuentan con el apoyo de Alemania, Francia, Italia o Polonia.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncian la "escandalosa e ilegal transferencia de competencias de Policía Nacional a los Mossos". A su juicio seguir esta hoja de ruta diseñada por los independentistas de Junts resulta "indignante y es manifiestamente ilegal, ya que vulnera diferentes leyes, desde la Constitución a la Ley de Extranjería, pasando por la normativa común europea en varias materias y especialmente en lo concerniente a seguridad, extranjería y control de fronteras".
El SUP lo ha detallado de manera diáfana en el reciente informe jurídico elaborado por su área jurídica en Cataluña. "La Constitución Española es meridianamente clara en cuanto a la protección de nuestras fronteras en sus artículos 149 y 150. Esta propuesta independentista al Gobierno es totalmente inadmisible, por su incongruencia jurídica, por el riesgo que supondría a la seguridad nacional y por la falta de encaje en el espacio común europeo".
Negociaciones
La pretensión de los de Puigdemont de que se cedan los permisos de larga y corta duración, las órdenes de expulsión y el control de fronteras han sido los puntos más conflictivos durante las negociaciones. Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la Constitución "no permite" delegar el control de fronteras para que sean los Mossos d'Esquadra quienes ejerzan esta función en todo el territorio catalán.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró el pasado 4 de febrero que el compromiso del Ejecutivo central era "respetar siempre el paraguas de la Constitución" en materia de las competencias migratorias.
El Ejecutivo central siempre ha defendido que el control de fronteras es una competencia estatal, aunque se ha mostrado abierto a incorporar algunos retoques, como por ejemplo aumentar la presencia de Mossos d'Esquadra en puertos y aeropuertos.
La transferencia a la Generalitat de las competencias sobre inmigración no forma parte del acuerdo de investidura entre Junts y el PSOE, sino que se trata de una medida que Puigdemont arrancó al Ejecutivo de Sánchez en enero de 2024 a cambio de no bloquear los decretos anticrisis.
El calendario en el que se trabajaba era el de lograr un acuerdo a finales del año pasado, pero desde Junts siempre se ha puesto énfasis en que debía ser un traspaso integral de las competencias en esta materia, algo que no venía reflejado en el avance de las negociaciones.
Aunque el pacto es entre Gobierno y Junts, será la Generalitat del socialista Salvador Illa la que ponga en marcha el acuerdo en los próximos meses.
