Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.
Los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos y Cataluña podrá expulsar inmigrantes ilegales
El acuerdo entre PSOE y Junts incluye que la Generalitat gestione permisos de residencia y el documento de identidad para los extranjeros y controle los CIE.
La gestión de aeropuertos y "zonas críticas" se hará junto a Policía Nacional y Guardia Civil. Puigdemont aplaude una competencia "que ejercen los estados".
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El pacto entre PSOE y Junts para el traspaso de competencias en materia de inmigración a la Generalitat incluye que los Mossos d'Esquadra controlarán la seguridad de puertos, aeropuertos y "zonas críticas" en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional. También que Cataluña gestione las expulsiones de extranjeros que tengan prohibición de entrada y los permisos de residencia así como el control integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Así lo establece la proposición de Ley Orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña que Junts y el PSOE, que defiende la contitucionalidad de la norma, han registrado en el Congreso de los Diputados este martes a primera hora.
Sólo una semana después de que Junts retirara la cuestión de confianza a Sánchez, Cataluña se configurará como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. La Generalitat también expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español.
El Gobierno de Sánchez también da a la Generalitar la competencia sancionadora en los procedimientos administrativos -incluida la resolución y ejecución- y delega las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada e "instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente -de devolución-".
Según el acuerdo de PSOE y Junts, las expulsiones "que requieran expediente se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat", previa valoración de los criterios orientativos "que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña".
Para ello, los Mossos d' Esquadra estarán en frontera y actuarán, al objeto de cumplir las competencias de esta Ley, siempre en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
1.800 mossos más
Para llevar todo esto a cabo, se incrementará el número de Mossos en Cataluña de 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
Además, la Generalitat también determinará el contigente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, aplicará las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüistica y serán los Mossos quienes ejerzan la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
El acuerdo también incluye que Cataluña gestione íntegramente los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Para que la cesión de competencias sea una realidad, el Estado transferirá "los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios" para que Cataluña las pueda ejercer.
Ambas partes aseguran que sólo de este modo la región podrá desarrollar "un modelo propio" con "una política integral" y "todas las fases de la relación de los inmigrantes" con las instituciones catalanas "tendrán una posición determinante" en la legislación europea y española.
"Migración ordenada"
En la exposición de motivos del acuerdo, PSOE y Junts justifican esta delegación de competencias esgrimiendo que Cataluña "ha sido siempre" un territorio con mucha población inmigrante, a la que "ha tenido la capacidad de integrar" en su modelo de "catalanidad". En concreto, señalan que el 18% de la población catalana es extranjera y que el 25,1% ha nacido fuera de Cataluña.
Además, ambas formaciones creen necesaria una "migración regular, ordenada y segura" como base para abordar "una realidad global que supone un desafío al que hay que dar respuesta". En este sentido, destacan que Cataluña tiene una realidad "diferente" al resto de España en lo que respecta al fenómeno migratorio porque "siempre ha sido un territorio fronterizo que ha acogido a mucha población de fuera".
Con esta ley, Cataluña "podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país" -incluida la integración lingüística- basada en "un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso".
Artículo 150.2 de la Constitución
La cesión se hará en base al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal" que por su propia naturaleza "sean susceptibles de transferencia o delegación".
PSOE y Junts consideran que "dadas las características de la situación en Cataluña" es necesario delegar las competencias de inmigración a la Generalitat así como "recursos legales, técnicos y económicos" porque, de no hacerlo, iría en "detrimento del bienestar" de la población catalana.
Ambos partidos se apoyan en esta afirmación en el preámbulo del Estatuto de Cataluña. En concreto en el apartado a del artículo 138.1, que destaca que se otorgan a la Generalitat competencias exclusivas en materia de primera acogida e integración.
También destacan el artículo 166.1 del Estatuto, que reconoce el derecho de acceso a los servicios sociales básicos a todas las personas extranjeras como titulares, sin exigirles, por tanto, la condición de residentes, y el artículo 86.3, que abre la puerta a la posibilidad de que los municipios también presten el servicio de primera acogida a las personas empadronadas que sean extranjeras o retornadas.
Tras hacer un repaso de la organización administrativa de la gestión migratoria de la Generalitat desde 1992, PSOE y Junts consideran que "existen todas las condiciones para que las Cortes aprueben esta ley". PP y Vox ya se han mostrado en contra, al igual que Podemos, cuyo cuatro votos con clave para que salga adelante.
Hay que recordar que la semana pasada, Junts anunció que retiraba la cuestión de confianza a Sánchez con la intención de dar tiempo al Gobierno para cumplir sus acuerdos pendientes, entre ellos la delegación de competencias en materia de inmigración, aunque el secretario general de Junts, Jordi Turull, evitó hablar de plazos concretos.
Apenas unos días después, los de Puigdemont ya ha materializado sus exigencias a Sánchez en un acuerdo firmado en Bruselas. De hecho, el expresident ha reivindicado este martes la delegación "integral" de la gestión de la inmigración a Cataluña porque se trata de "una competencia que normalmente ejercen los estados" y ha avanzado que, una vez asumidas, Cataluña "estará mucho más preparada para su futuro como nación".
