Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, juto a Illa, presidente de la Generalitat y líder del PSC, el pasado febrero en Sant Boi (Barcelona).
Cataluña se asegura no entrar en los cupos de contratados en origen y podrá imponer 'deberes lingüísticos' a los inmigrantes
El art.5 de la ley de PSOE y Junts delega en la Generalitat "la previsión anual" y "la norma de gestión". El art.12.5 establece que el capítulo de "derechos y deberes lingüísitcos" del Estatut es el criterio para "ejercer las facultades delegadas".
Más información: El PSOE cede la inmigración por "el impacto que supone para la lengua y la cultura catalana" que "un 25% haya nacido fuera".
Cataluña podrá quedarse fuera del contingente anual de inmigrantes que establezca el Estado una vez que entre en vigor, si lo hace, la proposición de ley firmada por PSOE y Junts, y registrada este martes en el Congreso.
La Generalitat tendría la facultad para establecer su propio cupo, y pasaría a controlar preventivamente quién entra legal o ilegalmente en su territorio, como si fuera un Estado independiente. Y lo haría basándose en el criterio de "sin catalán, no habrá papeles".
El artículo 5.1 de la norma registrada por el partido de Pedro Sánchez y el de Carles Puigdemont este martes en el Congreso, delega en la Generalitat "la previsión anual" y las "cifras previstas de empleos" para cubrir a través de la "gestión colectiva de contrataciones en origen".
Además, el segundo párrafo de ese apartado número 5, entrega al Govern la "determinación del contenido de la norma de gestión" para la fijación de estos cupos. Y finalmente, el artículo 12.5 de la ley establece que es "el Capítulo III del Título I" del Estatuto de Autonomía, el que establece los "derechos y deberes lingüísticos", el criterio para "ejercer el conjunto de las facultades delegadas en la Comunidad Autónoma".
El texto de la ley, de 16 folios [consulte el documento en PDF], ha tardado casi 14 meses en negociarse, desde que socialistas e independentistas acordaron, el 10 de enero de 2024, el "traspaso integral de las competencias en inmigración" a la Generalitat.
Aquello ocurrió en una mañana frenética, cuando el PSOE se vio atrapado hasta última hora porque necesitaba los siete votos de Junts en el Congreso para convalidar los tres primeros reales decretos de la legislatura. Uno de ellos era tan ómnibus como el que decayó este 22 de enero por dos razones: no haberlo negociado en Suiza con Puigdemont y, sobre todo, "no haber cumplido" con el compromiso de un año atrás.
Antes, el expresident fugado en Waterloo impulsó la proposición no de ley para forzar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, la "suspensión de las negociaciones sectoriales" con el PSOE y la reunión urgente con el "garante internacional" en Suiza, con José Luis Rodríguez Zapatero en la delegación del PSOE. Y después de esa cita, el comunicado del mediador que sirvió de excusa para que Junts retirar la PNL, una semana antes de anunciarse el pacto migratorio.
"Todo eso está relacionado", explica una fuente del entorno de Puigdemont. ¿Hasta la enfermedad sobrevenida de Frenando Grande-Marlaska? "A saber... nosotros habíamos pedido que lo destituyeran, porque era el que se negaba a todo".
"Como un Estado"
La proposición de ley orgánica para la "delegación de competencias estatales en materia de inmigración" a Cataluña otorga múltiples capacidades a la Generalitat. Todas ellas permiten al Gobierno que hoy ocupa Salvador Illa apartarse de la política migratoria general del Estado, que era el principio esencial que inspiraba la exigencia de Junts cuando arrancó el compromiso de esa cesión "integral" a Sánchez.
Así lo celebraba este martes el propio Puigdemont, presumiendo de la región adquiría "una competencia propia de un Estado".
Como explicaba el comunicado enviado por el PSOE y por Junts este martes [consulte el documento en PDF], "con esta ley, Cataluña podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país –incluida la integración lingüística-- basada en un marco de derechos y deberes".
Es decir, que la delegación de competencias permitirá que el Govern pueda exigir el conocimiento de la lengua catalana a los inmigrantes tanto para tener permiso de residencia y de trabajo como para evitar ser expulsados "del país".
Comunicado común PSOE-Junts sobre la ley que delega la inmigración a Cataluña.
La ley no lo exige en su articulado, pero al otorgar a la Generalitat las capacidades de aprobar las nuevas normas que se pueden exigir a los inmigrantes, se abre la puerta a que un requisito sea hablar "la lengua propia del país" para poder optar al permiso de residencia. Así lo confirman fuentes de Junts a este diario, que adelantan que será lo primero que hagan cuando el partido de Puigdemont "regrese a la Generalitat", puesto que no confían en que sea Illa quien lo impulse.
La norma es una ley orgánica, por lo que precisa de mayoría absoluta en el Congreso para salir adelante. Y ya se ha topado con dificultades. La proposición ha provocado una fractura en las izquierdas: Más Madrid se ha apartado del seguidismo de Yolanda Díaz con el PSOE, y Podemos lo ha calificado de "pacto racista". Ione Belarra, secretaria general y exministra de Sánchez advirtió de que "no se hará con los votos de Podemos".
Y es que, además de otorgarle a Cataluña competencias para la expulsión de inmigrantes irregulares, otorgar a los Mossos d'Esquadra el control de extranjería en los puertos y aeropuertos, y permitir incluso que patrullen en las fronteras terrestres cuando España instale controles temporales, amparándose en el Protocolo de Schengen, el Govern estará "presente" en las comisiones de selección "sobre regulación y ordenación de flujos migratorios" de convenios firmados entre España y terceros países.
Es más, la conselleria competente podrá fijar sus propios cupos migratorios, al margen del resto de España, gestionando las contrataciones en origen. El artículo 5.5 de la proposición de ley autoriza a Cataluña a "consignar" sus propios "acuerdos de colaboración" internacionales, amparándose en el Estatut.
Según ha denunciado el Partido Popular, "la norma es inconstitucional en sí misma", dado que el Tribunal Constitucional ha establecido en numerosas ocasiones que las políticas de inmigración son una "competencia exclusiva del Estado", al formar parte del núcleo de soberanía que "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".
Pero más allá de eso, en lo político, el texto supone la asunción por parte del PSOE de los postulados de Junts que asimilan a la población catalana nacida en el resto de España con quienes tienen "nacionalidad extranjera".
Porque, como establece la exposición de motivos, si "el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera", ese porcentaje "se eleva al 25,1%" atendiendo al lugar de nacimiento.
Porque ese preámbulo explica que toda la norma está justificada "en el impacto que representa [la inmigración] para la lengua catalana".
Porque "la sociedad que acoge" es Cataluña, y no España. Y porque no disponer de "los recursos legales, técnicos, económicos y humanos" va en detrimento del bienestar de esa "sociedad".
