La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa.
El Gobierno se desentiende de que su pacto sobre inmigración con Junts llegue a aprobarse: "Nosotros ya hemos cumplido"
Junts, abierto a apoyar la ley para regularizar inmigrantes que está atascada en el Congreso y que Podemos exige para respaldar la cesión a Cataluña.
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"Ya hemos hecho lo que estaba en nuestra mano", asegura un destacado miembro del Gobierno sobre las dudas respecto al apoyo parlamentario que pueda tener la proposición de ley pactada por PSOE y Junts que delega la competencia de inmigración a Cataluña.
Algo parecido a lo que le sucede con otros compromisos adquiridos con sus socios parlamentarios y que dependen de la decisión de otras instancias. Por ejemplo, la aplicación de la amnistía, sobre la que el Gobierno explica que cumplió el difícil compromiso de aprobar la ley, pero ahora depende de los jueces su aplicación a condenados como el propio Puigdemont.
También ocurre con el uso del catalán en la Unión Europea, que el Gobierno ha peleado y que depende del acuerdo unánime de los estados miembros, aunque ve posible que salga adelante antes de julio.
Y con el concierto fiscal para Cataluña, que fue pactado con ERC para lograr la investidura de Salvador Illa y que necesitará, entre otras cosas, un respaldo del Congreso que también parece complicado.
Sí depende de Pedro Sánchez cumplir la exigencia de Junts sobre lo que llama "amnistía política" de Puigdemont. Es decir, la foto de la normalización entre el presidente del Gobierno y el líder de Junts como condición previa a sentarse a negociar los Presupuestos, algo sobre lo que volvió a hablar ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull.
Europa Press
En Moncloa respiran aliviados por la firma del acuerdo con Puigdemont tras la retirada por parte de los independentistas de la proposición no de ley que instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Eso abre la perspectiva de la negociación de los Presupuestos generales del Estado. Y con la duda entre los ministros de si habrá Presupuestos de 2025 en junio o si sería mejor esperar a otoño y negociar los de 2026, para un año completo.
Queda el trámite parlamentario de la futura ley orgánica, que requiere mayoría absoluta y tiene la gran sombra de duda del rechazo de inicio de Podemos, cuyos votos, como los del resto de socios parlamentarios del PSOE son imprescindibles.
Después del verano
El Gobierno da por cumplido su compromiso con Puigdemont con la presentación de la proposición de ley en el registro del Congreso. Intentará que Podemos entre en el acuerdo, pero fuentes del Ejecutivo explican que no prevén abrir una negociación intensa con el partido de Ione Belarra. O, al menos, eso es lo que sostienen a día de hoy. Y que si el Congreso lo rechaza por el voto de Podemos no debería afectar a sus relaciones con Junts y el resto de la legislatura.
De hecho, Junts ha entendido esa situación y fuentes de su grupo parlamentario aseguran que intentarán convencer a Podemos que, por el momento, mantiene una posición de rechazo radical, con expresiones como "xenofobia".
No es una labor fácil, porque sus relaciones con Podemos no son fluidas, sobre todo, después de que el partido de Puigdemont dejara caer el impuesto a las empresas energéticas que los de Belarra defendían con ardor.
Por el momento, Jordi Turull expresó este miércoles su disposición a apoyar la Iniciativa Legislativa Popular que prevé regularizar inmigrantes en situación irregular, que está atascada en el Congreso y cuya aprobación fija Podenos como condición imprescindible para plantearse aceptar la cesión de la inmigración a Cataluña.
Turull, además, en declaraciones a la Cadena Ser, se ha abierto a retocar el texto de la proposición de ley, siempre que no afecte a "la soberanía de Cataluña".
La proposición de ley de PSOE y Junts aún debe ser calificada por la Mesa del Congreso, pasar el trámite de plácet del Gobierno -puesto que tiene coste presupuestario- y luego someterse a una primera votación de totalidad. Si la supera, arrancará su trámite en el Congreso y luego el Senado.
El Gobierno quiere que, al menos, Podemos permita la tramitación para poder discutir las enmiendas parciales. Todo ese proceso no tiene plazos cerrados y es muy difícil que se culmine antes de final de este curso parlamentario, es decir, antes de verano.
En ese calendario hay que incluir la negociación del Gobierno para que Junts cambie su posición y apoye la reducción de jornada laboral cuando llegue a la Cámara.
