Salvamento Marítimo rescata a varios menores cerca del Puerto de la Restinga, en El Hierro, el pasado mes de noviembre.
El Gobierno acuerda con Junts el reparto de 4.400 menores inmigrantes no acompañados: Cataluña acogerá entre 20 y 30
El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros por decreto la modificación de la Ley de Extranjería. Madrid acogerá más de 700.
Más información: Ayuso llevará a los tribunales el pacto entre Junts y Sánchez por el reparto de menores migrantes
El Gobierno va a aprobar este martes en el Consejo de Ministros por decreto la modificación de la Ley de Extranjería para reubicar a unos 4.400 menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias, Ceuta o Melilla tras un acuerdo con Junts.
El reparto, según han anunciado los de Puigdemont, se realizará mediante un decreto ley que "establecerá unos criterios justos y equitativos que sirvan tanto para resolver la situación humanitaria como para ser más eficaces en la labor de integración y oportunidades de vida a los menores". Sin embargo, no será en absoluto equitativo ya que Cataluña apenas acogerá a entre 20 y 30 de los 4.400 menores frente a los 700 de Madrid.
Entre esos criterios de los que habla Junts que determinan el reparto se encuentra el peso poblacional, pero también se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado por Cataluña a lo largo de los últimos años en materia migratoria.
En este sentido, explican que el reparto de estos menores migrantes se realizará "entre aquellas comunidades que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Cataluña", en clara referencia a la Comunidad de Madrid, como ya advirtió Míriam Nogueras hace varias semanas.
De hecho, de los 4.400 menores migrantes Cataluña sólo acogerá entre 20 y 30, mientras que la Comunidad de Madrid más de 700. País Vasco también quedará prácticamente fuera de este reparto, con cifras que se alejarán mucho del resto de las comunidades autónomas.
Compensación económica a Cataluña
Además, el acuerdo incluye que las comunidades autónomas que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener –como es el caso de Cataluña– reciban una compensación económica adecuada. "Sólo así se garantizará un sistema de reparto equitativo y sostenible", argumentan los de Junts.
La vía para materializar este reparto será la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que PSOE, Sumar y Coalición Canaria ya intentaron modificar en julio del año pasado sin éxito, ya que la falta de apoyo del PP, Vox y Junts llevó a su fracaso en el primer paso de la tramitación parlamentaria.
Ahora, con el acuerdo alcanzado con Junts, el Gobierno se asegura una mayoría para convalidar en el Congreso este real decreto ley.
Una vez aprobado, las comunidades autónomas tendrán poco más de un mes para informar al Gobierno de sus datos de menores para que el Ejecutivo pueda hacer los cálculos de cuántos niños y jóvenes migrantes no acompañados son reubicados desde Canarias, Ceuta o Melilla hacia el resto de autonomías.
Fuentes de la negociación han precisado a EL ESPAÑOL que los criterios para la reubicación de los menores serán prácticamente los mismos que los aprobados en 2022 en una sectorial con las comunidades: población, renta per cápita, desempleo, esfuerzo realizado en la acogida y dispersión de la población.
Desde el PP, ya han advertido que todas las comunidades en las que gobiernan se negarán a acoger a menores inmigrantes "si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías" y si el Gobierno no pone medios ni financia su acogida.
Una llamada a Clavijo a las 6:15 h
La semana pasada, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunió con María Jesús Montero en Madrid. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda le confirmó que "en una semana" el Gobierno tendría cerradas las dos últimas gestiones que faltaban al decreto, como el cálculo de las plazas asignadas en la reubicación de menores migrantes por comunidad autónoma y la financiación que estaría dispuesta a aportar el Estado.
Sobre este último punto, Montero dio "garantías" al presidente canario de que habría "buenas noticias", pero no concretó ningún cálculo. Hoy sólo sabemos que Cataluña acogerá poco más de una veintena de menores frente a los 700 de Madrid y que el Gobierno ha informado a Clavijo con una llamada a las 6:15 horas para informarle de este acuerdo pero no del contenido. También tiene conocimiento de lo que hoy se aprobará en el Consejo de Ministros la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.
Hay que recordar que hace unos meses, el pasado agosto, Canarias, Moncloa y el PP habían esbozado unas reglas para la financiación de la acogida de cada menor. Hasta el 100% de la capacidad de cada CCAA, sería responsabilidad de los gobiernos autonómicos. Del 100% al 150% serían acogidos por los servicios autonómicos, pero con financiación del Estado. Y a partir de ese 150% de "sobreocupación", sería el Estado "quien asumiría en sus propios recursos y con su propia financiación" a los menores.
Pero estas condiciones saltaron por los aires cuando el PP rompió las negociaciones, el pasado diciembre. Fue entonces cuando Clavijo buscó un acuerdo con el lehendakari Imanol Pradales. El pacto entonces ya contemplaba dejar fuera al País Vasco y a Cataluña del reparto, para contar con los votos del PNV y de Junts que convalidarían el decreto, que este martes aprobará el Gobierno en el Consejo de Ministros
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha liderado las negociaciones por parte del Ejecutivo central con el Gobierno canario y los grupos políticos para conseguir sacar adelante esta medida, comparecerá en la rueda de prensa posterior al Consejo.
La reacción del PP
La respuesta del PP a este acuerdo con del Gobierno y Junts no se ha hecho esperar. Todas las comunidades en las que los populares gobiernan se negarán a acoger a menores inmigrantes "si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías" y si el Gobierno no financia su acogida.
Fuentes de Génova han acusado al Ejecutivo de "pasar de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad" y han subrayado que los menores inmigrantes son personas a atender "no paquetes a recepcionar".
De la misma manera, han asegurado que el pacto en la Comunidad Valenciana con Vox no es racista en materia de inmigración y es consecuente con la postura del PP "suscrita por Alberto Núñez Feijóo y por el presidente canario, Fernando Clavijo".
Han insistido también en que "es insolidario" condenar a los menores a estar hacinados en centros sobresaturados, como también lo es repartir a los inmigrantes llegados a las costas españolas de manera asimétrica y siguiendo sólo criterios partidistas.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará a los tribunales y ante la UE este acuerdo de Sánchez con Junts.
