
Los periodistas rodean a Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial, este martes tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Moncloa acusa al PP de "romper el país" por no aceptar el decreto para el reparto de menas que ha pactado con Junts en Suiza
El ministro Torres confirma que País Vasco y Cataluña serán privilegiadas en los criterios de reparto, alegando que son "las comunidades que han hecho mayor esfuerzo histórico de acogida".
Más información: El Gobierno acuerda con Junts el reparto de 4.400 menores inmigrantes no acompañados: Cataluña acogerá entre 20 y 30.
El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto ley para la reubicación de menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de Canarias y de Ceuta, "los territorios frontera sobreocupados", en palabras de Ángel Víctor Torres. El ministro de Política Territorial ha dado por hecho que el Partido Popular no votará a favor la convalidación del texto en el Congreso y ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de "romper España".
Torres ha sido el encargado de defender el acuerdo del Consejo de Ministros, en lugar de la ministra de Migraciones, Elma Saiz. Él fue el designado por Pedro Sánchez hace ya un año para tratar de impulsar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, dado que el ministro fue presidente del Gobierno de Canarias hasta julio de 2023, en que lo sustituyó Fernando Clavijo, líder de Coalición Canaria, en alianza con el Partido Popular.
Desde Zaragoza, Cuca Gamarra acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de "aplicar el algoritmo de la desigualdad y la xenofobia" para determinar cómo se va a llevar a cabo el reparto de menores extranjeros. En su opinión, el Gobierno socialista los está tratando "como si fueran paquetería" con su acuerdo con Junts.
El problema, según Gamarra, es que Sánchez "ni tiene política de Defensa ni un plan de control de la inmigración irregular en nuestro país". "Ayer hubo sectorial y no se informó de nada a las comunidades autónomas? ¿Es esta manera de gobernar? No. Es manera de mantenerse en el poder al precio que sea", ha aseverado.
La aprobación del decreto ha llegado, como por casualidad, justo 24 horas después del pacto presupuestario entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana.
En su declaración institucional, Carlos Mazón asumió parte del discurso más duro de los de Santiago Abascal contra el Pacto Verde Europeo y la "inmigración ilegal". De hecho, llegó a anunciar su "coincidencia con Vox en la negativa a aceptar más repartos de inmigrantes ilegales" en su región.
Contra Mazón y Feijóo
Esta circunstancia fue aprovechada por la portavoz, Pilar Alegría, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y el ministro Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los tres arremetieron contra el "negacionismo climático" y el discurso "gravemente contrario a los derechos humanos y la defensa del interés superior del menor" de Mazón y de "otros presidentes autonómicos del PP".
El titular de Política Territorial se preguntó "qué Feijóo es el que toca ahora, si el que aceptaba menores el pasado verano o el que ahora está atado a Vox y a sus amenazas".
Es más, abundando en las "obligaciones" impuestas por los de Abascal al Gobierno autonómico valenciano, incidió en que Mazón "está ahora diciendo lo contrario que hace unos meses, cuando sostenía que bastaba con que el Gobierno aportara financiación para asumir la reubicación de estos niños y niñas".
De momento, los pocos barones regionales del PP que se han pronunciado tras conocerse la aprobación del real decreto, lo han rechazado por "injusto", por "arbitrario", y por estar pactado en Suiza con "un prófugo de la Justicia", en referencia a Carles Puigdemont.
Sin embargo, la única postura oficial de la formación popular es la de que "se analizará de manera crítica el decreto" redactado "en connivencia con el independentismo". Es decir, que aunque los de Feijóo aseguran que ése no es su "modelo" de política migratoria, el PP se abre a la posibilidad de aprobarlo.
Aun así, Torres inventó que "hay algunos presidentes autonómicos del PP que dicen que sí aceptarán esta medida de solidaridad".
Y se preguntó "si hay distintos PP", para armar otro argumento posterior. El de que un partido "que se dice de Estado y que ha gobernado España no se puede borrar de una solución estructural y permanente para que no haya unas regiones mejor tratadas que otras sólo por estar más cerca de África... porque eso sí sería romper el país".
El decreto
El decreto aprobado este martes prevé la reubicación de 4.400 menas procedentes de Canarias y de Ceuta en otras Comunidades Autónomas, a través de la nueva figura de la "declaración de contingencia migratoria extraordinaria".
Según el texto aprobado, al que ha tenido acceso este diario, Moncloa evita así asumir la terminología de "emergencia migratoria" que constaba en los borradores previos y exigía el PP. Pero permitirá que cualquier autonomía pueda solicitar esta declaración cuando su capacidad de acogida de menores esté superada en el triple de su "capacidad ordinaria".
Para establecer este último concepto de "capacidad ordinaria", el decreto establece unos criterios, definidos como "objetivos y transparentes" por parte del ministro. El primero de ellos es el de población, que pesará un 50%.
Pero también se añaden otros: el 13% de los menas se distribuirán en función de la "renta disponible bruta per cápita". El 15% se reubicará "en razón inversa a la tasa de paro".
Otro 6% de los menas se repartirán "valorando, en sentido inverso, el esfuerzo de la comunidad o ciudad autónoma [...] en los últimos seis meses". Un 10% adicional "en razón inversa" al ideal de "disponer de una plaza por cada 2.500 habitantes".
Y finalmente, operan otros tres criterios: un 2% de los menores se distribuirán "en razón a su realidad de ciudad fronteriza", con la salvedad de Melilla. Otro 2%, "en razón a la insularidad", con la salvedad de las Islas Baleares. Y el último 2% de menas se reubicará en otras CCAA, "atendiendo a la dispersión de la población".
Esta complicada fórmula es producto de "la negociación de los últimos meses", impulsada por el propio Clavijo el pasado mes de diciembre.
Entonces, las negociaciones que aún incluían al Partido Popular se rompieron por la negativa de Moncloa a "rectificar" su política migratoria y "pedir a la Unión Europea" su ayuda para contener la llegada de pateras y para redistribuir a los menas en otros Estados miembros.
El presidente canario, entonces, buscó el apoyo del lehendakari Imanol Pradales, y negoció personalmente con Carles Puigdemont el apoyo de Junts a un real decreto cuyos criterios de reparto favorecieran al País Vasco y a Cataluña.
Entonces, fuentes cercanas al Ejecutivo canario admitieron que el modelo de distribución se había diseñado "en función del mayor esfuerzo histórico" realizado, supuestamente, por esas dos Comunidades Autónomas en la acogida de menores extranjeros.
Y esas mismas han sido las palabras del ministro Torres cuando presentaba el real decreto en la mesa de la sala de prensa de Moncloa.
"Yo no estoy aquí para valorar los cálculos que ha hecho Junts", ha expresado, "pero seguro que ellos conocen bien los datos de la comunidad autónoma en la que participan políticamente".
Más adelante, a preguntas de los periodistas, el titular de Política Territorial ha proclamado que "sí, es cierto que las que han hecho históricamente un esfuerzo mayor son País Vasco y Cataluña... y otras comunidades peninsulares", aunque a éstas no las ha nombrado.