Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez durante la visita del líder del PP a la Moncloa el pasado 13 de marzo. Europa Press
Ni el Pacto Verde ni las políticas migratorias son lo que eran: el choque entre PP y PSOE, fruto del cambio que viene de Europa
El debate por la seguridad y una mayoría conservadora más amplia en el Parlamento Europeo han dilapidado los acuerdos en estas materias, firmados junto a liberales y verdes.
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El penúltimo enfrentamiento entre PSOE y PP ni es nuevo ni tiene raíces internas. Con motivo del pacto entre el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y Vox por las cuentas en esta comunidad autónoma, desde el Gobierno salieron en tromba a criticar un acuerdo que consideran "xenófobo" y "negacionista del cambio climático".
Los calificativos se basan en que Vox incluía entre sus exigencias, que en su mayoría han sido omitidas en los presupuestos, cuestiones como suprimir las tasas derivadas del llamado Pacto Verde europeo o varias medidas para endurecer la política de inmigración.
Pero más allá de la conveniencia del acuerdo del PP con la extrema derecha o del alcance que puedan tener las decisiones en materia migratoria, la forma de abordar estos asuntos ya ha cambiado en Bruselas. Hubo un tiempo en que conservadores y socialdemócratas pactaban en inmigración y medio ambiente, pero ese consenso forma parte de otra era política.
El año pasado miles de tractores salieron de sus respectivos países con dirección a Bruselas para protestar por la política agraria de la UE. Se llamó la "revuelta agrícola europea" y sirvió para que los trabajadores del campo, desde Lisboa a Budapest, mostraran su desacuerdo con las exigencias medioambientales marcadas desde la capital comunitaria.
Los agricultores reclamaban, entre otras cuestiones, que la UE flexibilizara sus objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión Europea atendió parte de esas demandas y, por ejemplo, retiró su propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas.
Tanto ese objetivo de rebajar las emisiones en un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990, como otros aspectos relacionados con la agricultura y el medio ambiente, están recogidos en el Pacto Verde europeo. El plan fue impulsado en 2019 por la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, del Partido Popular Europeo, y tuvo el respaldo de socialdemócratas, liberales y verdes.
Esa alianza es la misma que ratificó el último órgano de gobierno comunitario, salido de las últimas elecciones europeas. La Comisión renovó su compromiso con el Pacto Verde, pero los conservadores se han ido desmarcando cada vez más de este proyecto y las fisuras entre los partidos que lo apoyaron se han incrementado.
En paralelo, la UE ha ido endureciendo sus políticas migratorias, aunque en este sentido nunca ha existido un consenso amplio, más bien lo contrario. Aún así, el pasado año el Parlamento Europeo consiguió aprobar un nuevo pacto migratorio, con los votos en contra de la extrema derecha y la extrema izquierda, pero con el plácet de conservadores y liberales y una parte sustancial de los socialdemócratas.
Todo eso ocurrió en la legislatura anterior, cuando los tiempos eran otros. Porque si la Europa de ayer se permitía hablar de ecología u otras cuestiones relacionadas con el Estado del bienestar, en la Europa de hoy la defensa y la seguridad hegemonizan los debates.
También han cambiado los equilibrios. Con una mayoría más amplia de los conservadores y el crecimiento de la extrema derecha, que abomina de ese Pacto Verde y reclama una política migratoria mucho más férrea, ambas tendencias se han ido consolidando.
Por eso, cuando esta semana Carlos Mazón habló de una "agenda ambientalista en Europa mal concebida" o de no aceptar más menores migrantes no acompañados por estar saturados sus centros, desde Vox salieron rápidamente a celebrarlo. Su líder, Santiago Abascal, publicó en su perfil de X: "Esa es la dirección correcta: enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal".
Un Pacto Verde deslucido
La alianza dio munición renovada al Gobierno, que habla de "pacto de la vergüenza". Aunque en los contenidos a los que se refieren desde Moncloa, son los socialistas los que cada vez están más solos en la UE.
La revuelta agrícola, que tuvo su punto álgido durante los primeros meses del año pasado, fue probablemente el ejemplo más visible del debilitamiento de la agenda verde. Los partidos de extrema derecha capitalizaron las protestas en los diferentes países, mientras que las formaciones conservadoras también simpatizaron con ellas.
Pero ha habido otros hitos en los que el Partido Popular Europeo ha dado muestras de intentar retroceder en esas políticas medioambientales, como con el rechazo de una parte del PPE a una ley sobre la restauración de la naturaleza o el retraso de otro reglamento sobre reforestación con el objetivo de rebajar sus exigencias.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es percibida por la extrema derecha como la punta de lanza de esos burócratas de Bruselas que actúan de espaldas al pueblo. Y en ocasiones se refieren a ella como una socialdemócrata más, ya que cuenta con el respaldo del resto de las llamadas fuerzas europeístas: socialistas, verdes y liberales.
Agricultores protestan en Bruselas por la política agraria de la UE, en una imagen del año pasado. Efe
De ahí que periódicamente surjan fricciones en el PPE entre la corriente de Von der Leyen y la del presidente del grupo, el también alemán Manfred Weber, partidario de acercarse a una derecha más dura, como la que representa la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
"Muchas regulaciones del Pacto Verde Europeo fueron aprobadas por la Comisión y el Parlamento con el apoyo de los conservadores. Pero mientras las instituciones reiteran su compromiso con el Pacto Verde, vemos cómo una parte del PPE se coordina con los grupos de extrema derecha para debilitar estas políticas", asegura a este medio Sven Harmeling, de la Red de Acción Climática Europea.
Otro ejemplo de este viraje ha sido el retraso de las multas a los fabricantes de coches que no reduzcan lo suficiente sus emisiones, que la Comisión había previsto para 2025 y ahora se aplicarán dentro de tres años; o la limitación a las grandes empresas de una normativa que establecía que las compañías informaran sobre los efectos de su actividad en el cambio climático.
La UE mantiene su Pacto Verde, pero los comisarios conservadores ya hablan de aplicar sus mecanismos de una forma "flexible". Polonia, uno de los países más reacios a esta agenda por su dependencia del carbón, ocupa este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, ya ha manifestado su intención de "racionalizar" los objetivos del Pacto Verde y apuesta por "no forzar" a los agricultores con las políticas medioambientales. Mientras, Alberto Núñez Feijóo apenas se ha pronunciado sobre esta materia, más que para apoyar a los agricultores y ganaderos.
Aunque donde se ha visto un mayor endurecimiento de las políticas comunitarias es en la inmigración. El citado Pacto Migratorio y de Asilo, aprobado en abril del año pasado, puso fin a un debate que se prolongó durante cuatro años.
Entre otras cuestiones, el acuerdo restringe las condiciones para poder entrar en la UE, busca agilizar las repatriaciones y sustituye la solidaridad por la posibilidad de pagar unos 20.000 euros por cada migrante que los países rechacen reubicar en su territorio.
A la extrema derecha le pareció poco, mientras que todas las ONG condenaron el pacto, cuya aplicación entrará en vigor en 2026.
Un grupo de migrantes interceptados en aguas italianas llega el año pasado a un centro de deportación en Albania. Efe
La UE mantiene acuerdos económicos con Túnez, Libia, Marruecos, Egipto o Turquía para tratar de impedir que los migrantes salgan desde sus costas. Y después llegaron los controles de fronteras, en países como Alemania -que celebró unas elecciones marcadas por este debate-; o la puesta en marcha de centros de deportación en terceros países, como lleva intentando sin demasiado éxito la italiana Meloni.
Un grupo de Estados, liderados por el Gobierno socialdemócrata de Dinamarca, pidieron recientemente a la Comisión Europea que explorara la posibilidad de construir este tipo de centros en países externos a la UE de forma permanente. Una opción que denominaron como "solución innovadora".
Y ante esta presión, Von der Leyen, quien ya se había mostrado abierta a esta vía, firmó recientemente un documento en el que daba su visto bueno. En la práctica, el giro en esta política entierra el Pacto Migratorio, antes de su entrada en vigor, al endurecer sus posiciones.
Feijóo también suscribió hace meses estudiar la apertura de estos centros en terceros países y puso como ejemplo la política de Meloni para contener la inmigración irregular. Los cambios, por tanto, en materia migratoria y medioambiental ya se han ido produciendo progresivamente.
Los populares no han respondido de forma directa a la reacción de Vox al acuerdo con Mazón. Simplemente, el portavoz del partido, Borja Sémper, dijo que "los valencianos van a tener unos presupuestos tras la dana sin renunciar a ninguno de los principios que ha tenido el PP históricamente".
