El PP denunciará a Armengol por prevaricación si no rectifica el veto de la Mesa del Congreso a las enmiendas del Senado

El martes 17 de marzo, la Mesa presidida por Armengol atendió la petición del Gobierno para sacar tres enmiendas, una del PP, una de Junts y otra de ERC, a la norma, "en una decisión sin precedentes, y en contra del informe del letrado mayor del Congreso".

Entonces, Tellado ya advirtió en la reunión posterior de la Junta de Portavoces del "atropello inaudito" que se produciría si se llevaba a votación el jueves "una norma que no es la que salió de la Cámara Alta", como finalmente se hizo.

Fernando Galindo, secretario general de la Cámara, había informado oralmente de que la decisión, apoyada por el PSOE y sus socios, era "contraria a la doctrina del Constitucional".

Desde entonces, los populares han tratado de revertirla, presentando hasta tres escritos en el Registro de la Cámara Baja, e incluso plantándose en el pleno del jueves, en el que se votó finalmente la norma sin las enmiendas validadas por el Senado.

"Es la primera vez que esto ocurre en la historia democrática de nuestro país", denunció a este periódico un portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

La maniobra, sospechaban las citadas fuentes de la formación de Alberto Núñez Feijóo, la impulsó el Gobierno para evitarse una nueva derrota parlamentaria, dado que la iniciativa contaba con los votos favorables de Junts.

Así se había demostrado en los acuerdos que alcanzaron los de Carles Puigdemont con los populares en diciembre para "rebajar en 6.500 millones el hachazo fiscal del Gobierno para 2025".

Así quedó de manifiesto el mismo jueves de la votación, cuando los populares y la formación de Carles Puigdemont tumbaron la creación de la Agencia Estatal de Salud, que iban a votar a favor. Ambas formaciones alegaron el discurso "sectario" de la ministra Mónica García "y la maniobra antidemocrática del PSOE".

Y así de evidente resultó, a la vista de que otra de las enmiendas que no pudo vetar el Ejecutivo con la excusa de que se modificaban ingresos o gastos del Estado, sí salió adelante. El Gobierno salió derrotado esa misma tarde cuando PP, Vox, Junts y PNV aprobaron sacar al lobo del listado de especies protegidas.

Denuncia o querella

Ahora, la decisión sobre la denuncia a la presidenta del Congreso está sobre la mesa de Tellado. Primero debe despejar otras opciones administrativas o políticas. Pero en caso de no hallar otra vía, los populares están determinados.

Por eso, los servicios jurídicos del PP buscan opciones antes de dar el paso de presentar una denuncia o una querella contra Armengol y el resto de miembros de la Mesa que aprobaron el veto "ilegal" a las enmiendas del Senado.

"A la Mesa, como órgano colegiado, no podríamos denunciarla. Y además, no tendría sentido, porque el PP también está en el órgano de gobierno del Congreso", admiten las fuentes.

Según las fuentes consultadas, "la prevaricación se define como tomar una decisión injusta a sabiendas de que es injusta". Y tal como se desarrollaron los hechos, hace ahora ocho días, creen contar con todas las pruebas suficientes. Hay testigos y está el informe oral del letrado Galindo, advirtiendo de que el veto a unas enmiendas votadas por la otra cámara del Parlamento era "contrario a la doctrina del Constitucional".

Es más, según estas fuentes jurídicas se podrían incluso aportar pruebas documentales, ya que "todas las deliberaciones y acuerdos constan en acta que hace la secretaría general", es decir, el letrado mayor que desaconsejó seguir adelante con el veto que imponía el Gobierno al Congreso.

Esa acta, que no es pública, debió firmarla el secretario primero, en este caso Gerardo Pisarello (Sumar), con el visto bueno de la presidenta, Francina Armengol (Sumar).

La vía "ciega" del TC

Existen otras vías para tratar de defender los derechos de los diputados y "el buen funcionamiento del Estado de derecho", tal como admiten fuentes del PP.

Por un lado, se puede presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Según fuentes jurídicas, el Alto Tribunal ha establecido como doctrina que el derecho de "acceso a un cargo público" (art.23.2 CE) protege también el derecho a ejercer el cargo público "sin limitaciones o impedimentos".

Es decir, que "cualquier decisión que afecte al derecho de los diputados a debatir unas enmiendas del Senado", por ejemplo, "se podría cuestionar por esta vía de amparo ante el TC".

Según estas fuentes, el Constitucional llamó a eso, ya en los años 80, el ius in officium, es decir, el derecho de los parlamentarios a desempeñar sus funciones sin verse "atropellados" por decisiones de la mayoría "contrarias al reglamento o a la Constitución".

Otra opción sería la de presentar un "conflicto de atribuciones" entre el Senado y el Gobierno, como ya impulsó el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, hace menos de dos meses, por añadir texto a la llamada ley Bolaños que no se había votado en el Parlamento.

Y una más sería la de este mismo conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso, como ya ocurrió también en esta legislatura, cuando Armengol desestimó como veto de la Cámara Alta una votación por mayoría absoluta contraria a la una ley que beneficiaba a presos de ETA.

También hace ahora un año, el Senado trató de frenar la Ley de Amnistía mediante esta herramienta, pidiendo a la Cámara Baja que retirara la "norma de impunidad" y abriendo "un conflicto sin precedentes".

En todo caso, los populares saben que cualquiera de estas vías acabaría en la mesa de Cándido Conde Pumpido, presidente del Constitucional. "Y es una vía ciega, no nos fiamos" de su imparcialidad. "No llegaría a ningún sitio".