Denuncian al letrado Boye en el Colegio de Abogados por presentar la demanda que manipula las palabras de Llarena

El eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ha presentado en el Colegio de Abogados de Madrid una denuncia contra el letrado Gonzalo Boye, miembro del equipo jurídico que defiende al expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia.

Boye firma, junto a sus colegas belgas, la demanda civil interpuesta por Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros ante un tribunal de Bruselas contra el juez del Supremo Pablo Llarena. La demanda manipula unas manifestaciones hechas por el magistrado para sostener la tesis de que vulnera los derechos de los políticos encausados.

La denuncia de Calvet considera que la alteración de las palabras del juez para hacerle decir lo que no dijo y acusarle, así, de violar derechos de los procesados es una "ofensa grave a la dignidad de la profesión de abogado, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en el Estatuto General de la Abogacía española". El Estatuto de la Abogacía establece como obligación de los letrados para con los órganos jurisdiccionales "la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones".

"Boye ha sido el encargado de firmar la demanda presentada ante la Justicia belga por el fugado de la justicia española y presunto golpista Carles Puigdemont contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, cuya defensa ha asumido el Estado
español", señala la denuncia.

"De acuerdo con la información facilitada por los medios, las declaraciones realizadas por el magistrado, en las que su colegiado basa la demanda, habrían sido alteradas deliberadamente para intentar facilitar su admisión a trámite por la Justicia belga, algo imposible si, como es de esperar, el tribunal se atiene a la literalidad de las declaraciones realmente realizadas por el magistrado", añade.

Para Calvet, "la ofensa grave a la dignidad de la profesión se ve reforzada por el hecho de permitir que un acto deliberado y doloso tenga consecuencias económicas para el Estado español, que, como es lógico, ha asumido la defensa del magistrado demandado".

A su parecer, "de haberse producido la manipulación indicada, como parece, el colegiado habría incurrido en una infracción muy grave, como se recoge en el artículo 84 del Estatuto General de la
Abogacía, pudiendo llegar a aplicarse sanciones disciplinarias que implicarían la suspensión del ejercicio de la Abogacía o la expulsión del Colegio profesional".

El precepto citado sanciona como falta muy grave que el abogado incurra en "actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos" en el Estatuto.