Villarejo y la Fiscalía se acusan de chantaje en vísperas de que el juez decida sobre su libertad

Tanto José Manuel Villarejo como la Fiscalía Anticorrupción esperan la decisión del juez que ha instruido el caso Tándem, Diego De Egea, sobre si mantiene en prisión preventiva al comisario investigado o le deja en libertad.

Este viernes, 28 de diciembre, De Egea abandonará la Audiencia Nacional, donde ha ejercido como juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6. Pasará al juzgado número 30 de Madrid, donde instruirá casos totalmente distintos, por lo que la última decisión que se espera de él al frente de la investigación es que decida si mantiene o no en prisión preventiva a Villarejo.

Mientras tanto, el comisario investigado y la Fiscalía Anticorrupción, como principal acusación del caso, luchan por conseguir sus objetivos. Los fiscales presentaron un escrito al juzgado el pasado viernes interesando que se mantenga en prisión a Villarejo, investigado por pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho y extorsión en el que alertaron del riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva por parte del excomisario.

Además, recuerdan que se acaba de abrir una nueva investigación sobre la 'operación Kitchen' de la que Villarejo también podría salir investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según el escrito de la Fiscalía recogido por la agencia Europa Press. Él y otros mandos policiales habrían cobrado de fondos reservados del Estado mientas Jorge Fernández Díaz era ministro de Interior para que hicieran un seguimiento al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y se apoderaran de información sobre altos cargos del PP en su poder, según la investigación. 

Acusaciones cruzadas de chantaje

Por su parte, el comisario en prisión preventiva ha hecho llegar a los medios de comunicación, a través de su mujer, un audio grabado en prisión y en el que acusa a la Fiscalía de haberle chantajeado. Según Villarejo, los fiscales del caso le habrían dicho que "si quería estar libre tendría que colaborar totalmente y contarles a ellos todo sobre las personas de nivel" con las que tuvo relación. Según Villarejo, "no tenían ningún interés en conocer detalles sobre comidas y reuniones con otros jueces y fiscales" pero sí sobre detalles del Rey emérito.

En el mismo audio, Villarejo también dice que "si alguien quiere hacer daño a la Monarquía son los que se abrazan a los abogados de Podemos cada vez que se ven (en referencia a los fiscales del caso). Conmigo que no cuenten", se oye al excomisario. 

Estas declaraciones del comisario investigado llegan después de que el diario Elindependiente.es publicara la pasada semana que Villarejo habría ofrecido a la Fiscalía no airear más material sensible para el Estado a cambio de su libertad. Un acercamiento que se habría hecho, según el mencionado diario, a través del abogado de su esposa.

El comisario niega dicha información y afirma ahora que más bien fue al contrario. Además, acusa al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de controlar su caso. También al CNI, concretamente a Félix Sanz Roldán, de tolerar filtraciones con información sensible sobre las más altas instituciones del Estado. 

Peticiones de libertad

La última vez que José Manuel Villarejo pidió su libertad ante el juez del caso Tándem fue el pasado 15 de diciembre. Dado que habían pasado cuatro meses desde que lo hizo la última vez, su abogado presentó un escrito al juez De Egea en el que planteaba alternativas a la prisión preventiva como la colocación de una pulsera telemática o visitas de un agente de la guardia civil al domicilio del excomisario para asegurar que no se fugará. 

En el mencionado escrito, Villarejo transmitía al juez problemas de salud por los que ha tenido que ser atendido, como subidas de tensión o una dolencia crónica de espalda para la que no está recibiendo la rehabilitación adecuada, según su abogado.

Días más tarde, su abogado también denunció, por medio de otro comunicado, que Villarejo había sido víctima de torturas psicológicas y trato "humillante y denigrante" en un cacheo por parte de los funcionarios de prisiones.